30 Jun 17

¿Estado plurinacional?

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 La fórmula introducida por Pedro Sánchez en la agenda y en el debate político no aparece en ninguna Constitución democrática de Europa

Entre las diversas propuestas y resoluciones aprobadas por el PSOE en su reciente Congreso figura la defensa del supuesto carácter «plurinacional» del Estado Constitucional español. El ‘nuevo’ PSOE se proclama partidario de reformar la Constitución de 1978 para incluir esa fórmula en el artículo 2 del Título Preliminar. Lo primero que conviene recordar es que cualquier reforma de dicho título requiere una mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados y en el Senado, por lo que sin el concurso del Partido Popular y Ciudadanos, el cambio propuesto nunca podrá prosperar.

Con todo, y en la medida en que Pedro Sánchez ha logrado introducir la cuestión en la agenda y el debate político, conviene realizar algunas observaciones sobre el alcance jurídico-constitucional y político-ideológico de la fórmula «Estado plurinacional». En primer lugar, se trata de una fórmula que no aparece en ninguna Constitución democrática de Europa. En el Derecho comparado, solamente Bolivia y Ecuador se definen en sus respectivas constituciones como estados plurinacionales y ninguno de esos dos países puede ser considerado, seriamente, un modelo a seguir.

En segundo lugar, la propuesta del PSOE se basa en la distinción entre dos conceptos de nación: nación cultural y nación política. La nación política es soberana mientras que las naciones culturales no lo son. Desde esta óptica, junto a la única nación política existente –dotada de soberanía– que es España, habría que reconocer la existencia de un número indeterminado de naciones culturales. Ahora bien, para defender esta interpretación del Estado Constitucional vigente no hace falta llevar a cabo ninguna reforma. El actual artículo 2 ya menciona junto a la «indisoluble unidad de la nación española», titular de la soberanía indivisible, la existencia de «nacionalidades y regiones» a las que se les reconoce el derecho a la autonomía política. La introducción del concepto de «nacionalidades» en el artículo segundo de la Constitución –pese a las razonables objeciones planteadas por el profesor Fraga Iribarne sobre la ambigüedad del término y sus posibles efectos– supuso ya reconocer la existencia de «naciones culturales». Nación cultural es el significado que hay que dar al término «nacionalidad» del artículo 2. El tiempo se ha ido encargando de delimitar el número de estas. Inicialmente no eran muchas, pero el jardín de las naciones ha ido floreciendo. Aragón, por ejemplo, al constituirse en comunidad autónoma, no se consideró nacionalidad sino región, pero con el tiempo, a los dirigentes políticos de la comunidad, región les supo a poco y optaron por convertir la región en nacionalidad. Lo mismo hicieron otras comunidades autónomas. En definitiva, según el artículo 2 en su redacción vigente, España ya es una nación política que reconoce la autonomía de las naciones culturales (nacionalidades). Si esto es lo que de verdad defiende el ‘nuevo’ PSOE, no se comprende que reclame una reforma del artículo 2.

Ahora bien, aunque la Constitución de 1978 reconozca la existencia de una serie de naciones culturales, España no es un «Estado plurinacional». Y no puede serlo porque como Estado democrático es un Estado de ciudadanos y no de naciones. La fórmula propuesta por el PSOE para contentar a las fuerzas políticas nacionalistas supone considerar a las naciones como elementos constitutivos del Estado. En esto consiste el verdadero alcance del término «Estado plurinacional». La existencia de naciones culturales ya está reconocida por la Constitución vigente, lo que no lo está es la consideración de las mismas como elementos constitutivos del Estado.

Esta es la contradicción intrínseca de la propuesta socialista. Cuando dicen que defienden la concepción de España como una única nación política, parecen olvidar el significado ideológico de la ‘nación política’. La nación política no es solo la nación soberana, sino sobre todo la ‘nación cívica’, es decir, la nación compuesta por ciudadanos libres e iguales en derechos. Y esa nación cívica –que es el presupuesto del Estado Constitucional– es incompatible con cualquier definición del Estado como plurinacional. Para decirlo con mayor claridad y contundencia: el Estado Constitucional es un Estado integrado por ciudadanos (iguales) y no por naciones (diversas). No es la soberanía sino la libertad y la igualdad lo que está en juego. Además, la definición constitucional del Estado como plurinacional obligaría a precisar el número de naciones que lo integran. Hoy esto no es necesario porque, al no ser las nacionalidades elementos constitutivos del Estado, su número puede variar y varía sin consecuencias prácticas. La reforma propuesta por el ‘nuevo’ PSOE plantearía un problema político fundamental. Como ha advertido el exvicesecretario general y exvicepresidente del Gobierno socialista Alfonso Guerra, uno de los más lúcidos y consecuentes representantes del ‘viejo’ PSOE, también los ciudadanos de Cartagena podrían definirse como «nación». Y los de León, y los de La Gomera, etc. El Estado plurinacional se configura así como un expediente que desemboca necesariamente en el caos.

En definitiva, el ‘nuevo’ PSOE ha sacado del desván de la historia, uno de los artilugios más empolvados y viejos del pensamiento reaccionario y conservador: la noción romántica e historicista de nación, definida por elementos culturales y sentimentales, y que ha sido siempre combatida por la izquierda consecuente preocupada por la igualdad y por construir estados (más que naciones) de ciudadanos libres.

Autor: Javier Tajadura

Fuente: http://www.elcorreo.com/temas/personajes/pedro-sanchez-secretario-general-del-psoe.html

28 Jun 17

Renacimiento

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Siempre me horrorizó el relato de nuestra historia porque se basaba en hitos puntuales, nunca en procesos, siempre en profusión de datos y nombres sobre los que discutir y nunca en perspectivas históricas sobre las que comprender cómo se construye la Sociedad. Prerrogativa de las élites, dueñas del presupuesto y hasta de la fuerza, antes se apesebraban historiadores como hoy se coleccionan televisiones y patrocinan grupos mediáticos; porque los poderosos e influyentes sí que tienen claro aquello tan antiguo de: “la verdad os hará libres”; quizá, por eso mismo, llevan tantos esfuerzos dispensados para que “sus medias verdades nos hagan como liebres”, es decir, verdaderos productores necesarios para su singular causa, tan tecnificados como deshumanizados.

Uno de esos datos históricos que obran como brizna de paja que nos oculta todo un encinar, es el Renacimiento: nos lo dejaron en el esplendor artístico italiano y muy poco más. En cambio, quienes tuvieron la gran fortuna de topar con maestros, más que profesores, y los que tuvimos la gran suerte de aprender que la verdad siempre está en medio y no conoce amo, llegamos a atisbar que el Renacimiento fue un hecho muy complejo que arrancó con las teorías copernicanas, provocadoras del fin del teocentrismo geocentrista europeo al sustituirlo por el antropocentrismo heliocentrista, cuyo hito final bien pudo ser la Reforma luterana. Al menos, esa apreciación ya nos permitía contemplar el gran hecho revolucionario que fue la invención de la imprenta.

Ahora bien, ese tiempo que no pasa, pues nos pasamos nosotros, cuando precipita en edad medianamente bien aprovechada en el campo intelectual y se mezcla en exceso con lo poco aprendido en una licenciatura de Biología, de las del plan antiguo, claro está, suele acabar procurando un radical amor por los procesos que entra inmediatamente en conflicto con todo cuanto se lee y escucha; porque, reconozcámoslo, no hay nada tan radical en esta España nuestra que esforzarse en ser un ciudadano crítico en vez de un súbdito criticón. Empero, tal cual están las cosas, eso supone asumir el riesgo de desarrollar un espíritu crítico relativamente desenfocado y normalmente muy irascible; lo cual, tampoco es que ayude mucho a la hora de aunar esfuerzos con otras personas.

Dicho lo anterior, creo convincentemente que, igual que la consecuencia religiosa del Renacimiento fue la Reforma luterana y la consecuencia estatal de dicho proceso fue la independencia monárquica de la legitimación papal – los reyes definitivamente lo serían por la gracia de Dios, sin necesidad de su vicario –, la consecuencia política renacentista fue el nacimiento del Liberalismo como corpus ideológico, genuinamente antropocentrista, que entendía que el individuo debía estar por encima de sus circunstancias: era religioso por que quería, era social porque le gusta la compañía de semejantes y no necesitaba más reivindicación de superioridad que sus propias capacidades, dicho todo en plata. Evidentemente, el liberalismo iba a calar hondo en la incipiente burguesía europea, fuese eclesiástica o no, pues ofrecía a muchos verse a sí mismos como élites socioeconómicas redentoras de un mundo esclavo de la tierra y presa de feroces derechos aristocráticos que, sin decirlo, soñaban con conquistar algún día.

Que apareciesen pronto los llamados socioliberales, bien mirado, no fue más que la emoción social que palpita constantemente en el genoma humano; pero mirando con perspectiva de siglos, tanto los liberales reclacitrantes como los socioliberales más socializados, permanencen en sus cuarteles filosofales tal cual. Cierto es que con la Revolución Industrial, conspicuos liberales burgueses abrieron la espita de la izquierda filosofal con la firma del Manifiesto Comunista en 1856; pero no es menos cierto que el liberalismo, abrazado al becerro de oro de su pujante religión, el capitalismo, quizá sea el principal culpable de que hoy día estemos asistiendo al cierre definitivo del Renacimiento con aquel tormentoso cambio de paradigma social, que muchos percibimos y ninguno comprendemos bien aún, que definitivamente destierre de la humanidad los derechos de cuna.

Lo demás sabemos cómo quedó. No tardó mucho el liberalismo-anti en parir la Primera Internacional, la llamada Comunista, para soltar el lastre político que suponía el anarquismo, como no tardará mucho la sociedad española en desligarse de Podemos y su concepción escatológica, iconoclasta y destructiva del Estado Democrático de Derecho. Tampoco tardó mucho aquel liberalismo-anti, salvador del proletariado, en parir su Segunda Internacional, la Socialista, porque eran mayoría en la izquierda filosofal que vislumbraban en lontananza que el capital era al capitalismo lo que Jesús de Nazaret al catolicismo, es decir, la excusa perfecta para hacer del mártir inmaculado el cimiento de un dogma de fe inapelable. Pero tuvo que padecer Europa dos desastrosas guerras mundiales para conocer una Tercera Internacional, la Socialdemócrata, con la que lo menos sofismático del socialismo buscaba la forma de regresar a la esencia original renacentista sin mancharse del militante individualismo elitista liberal; aunque algunos, como Ciudadanos, lo han hecho a tal velocidad que, pasándose de frenada, han caído de cabeza en el pecado original liberal: elitismo individualista.

Otros socialdemócratas, estos incompletos porque a Felipe González Márquez, discípulo aventajado de Willy Brandt, la corrupción sistémica de este país le mandó al banquillo de las puertas giratorias antes de poder completar el regreso a las esencias del PSOE – recordemos que se enteraba de todos sus casos de corrupción por la prensa, que entonces sí practicaba el periodismo militante –, escogieron el camino de la aventura mercadotécnica, por aquello de la aritmética del poder, y han acabado gripando su motor electoral con malos carburantes de combustión muy rápida: localismo electoral, liberalismo económico descafeinado, federalismo asimétrico, inmersión lingüística a tutiplén, etc.; y pasada la resaca de una alianza de civilizaciones imposible en los términos geopolíticos actuales y pasado el mareo de una crisis económica que quisieron ocultar a los paganos de la Historia, ya no conservan de sus raíces socialistas más que sus espesas redes clientelares, siempre tan dispuestas a socializar sus fracasos, su dispendio y boato.

Para mí, a las puertas mismas del cierre definitivo del Renacimiento con el nacimiento del Homo humanus de entre las cenizas de este decadente Homo sapiens que sostenemos con nuestras desdichas vecinales, decir socialdemocracia es usar un somero pleonasmo retórico innecesariamente redundante en sí mismo: democracia es el gobierno del pueblo por el pueblo y el pueblo no es cosa otra que la sociedad, ergo toda democracia, siendo verdadera, es en sí mismo socialdemocracia; por tanto, el problema no es la socialdemocracia teorética, si no la escasez de eudemocracia, la democracia real, en un Primer Mundo pseudodemocrático, formalmente democrático, regresando por sus peligrosos fueros geopolíticos. Así pues, prefiero prescindir de alforjas tan flácidas para viaje tan pesaroso y no perder de vista otro proceso histórico que algunos expresan como otro hito humano sin serlo: el Conflicto Neolítico, o cuando la vida humana quedó decididamente reducida a una bicicleta para el verano emocionalmente armada de: un pedal izquierdo, socialista; un pedal derecho, elitista; un eje rotor del par de fuerzas de dicho antagonismo, la sociedad acrítica productora; y una cadena de transmisión, el presupuesto público socialmente producido.

Más que nada, porque estamos donde lo dejaron nuestros mayores en el Milenio VII: élite vs. Sociedad. O sea, todo aún por inventar. ¿Querremos?

¡Carpe diem!

Autor: Pedro Navarrete

27 Jun 17

La tercera pata o el drama de la justicia

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No es fácil entender lo que ocurre en este bendito país en muchos campos. De los tres poderes que conforman los pilares de una democracia, dos van por libre y pueden dar el espectáculo que quieran, será el pueblo quien les premie o les castigue. El legislativo es muy dueño de expresarse como desee, de preguntar los planes del Gobierno ante un ataque de zombis  o de vender un voto de apoyo decisivo al mejor postor. Algo parecido ocurre con el Ejecutivo –aunque más grave–, que puede abusar de su poder aun estando en minoría y ordenar la vida de todo a golpe de decreto. Pero, ay, llega la tercera pata que debería estar libre de toda sospecha, al margen de toda ideología partidista, por encima del bien y del mal en su absolutamente necesaria independencia porque el poder judicial debería ser, en último término, el garante de los posibles desmanes de unos y de otros. Pues se ve que no.

El penúltimo escándalo, porque no se puede calificar de otra forma, y digo penúltimo porque cada mañana se despierta uno con un sobresalto nuevo, lo protagonizaba, como ya es sabido, el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix,  que –con el visto bueno al parecer del fiscal general del Estado– intentó desestimar un registro en la operación que ha llevado a los calabozos al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Que la fiscalía sea un organismo jerárquico puede ser discutible, pero que el fiscal general se siga apellidando ‘del Estado’ en lugar de ‘del Gobierno de turno’ después de lo que llevamos viendo en lo que va de democracia, es un insulto a la inteligencia.

Como es un insulto que se diga de jueces –y fiscales– “tranquilo, que este es de los nuestros”, cosa que al parecer, siempre presuntamente, claro, ha ocurrido con en el caso de Ignacio González y el fiscal Moix. El escándalo está una vez más servido ante la incrédula visión de los ciudadanos. Pero una vez consumado, resultan aún más graves las explicaciones.

Porque el registro al que se opuso el fiscal Moix se llevó a cabo gracias a la Junta de Fiscales que invocó al artículo 27 del estatuto de la fiscalía para convocar a la Junta ante una discrepancia grave y la mayoría votó por desobedecer la orden del jefe. Pues esto, que según me cuentan fiscales, no es en absoluto frecuente, para Moix es “un mecanismo de disenso normal” y una “actuación habitual”. Pues parece que no. Y siguen las controversias con la nota de la Fiscalía General del Estado que en su segundo punto niega que se haya tratado de obstaculizar esta investigación; si es así ¿por qué tiene que reunirse la Junta de Fiscales y apoyar la orden de registro?

Mientras la Justicia siga en buena medida en manos de los partidos gracias a los consensos en los nombramientos, esto no puede funcionar o estará siempre bajo sospecha. Uno se cansa de repetirlo, pero el sistema judicial español, además de ser increíblemente lento, está tocado y ante la Ley, es triste decirlo, no somos todos iguales.

Autor: Andrés Aberasturi

Fuente: http://m.20minutos.es/opiniones/andres-aberasturi-columna-tercera-pata-drama-justicia-3016801/

24 Jun 17

Maneiro reclama una izquierda cívica, que se enfrente a los “corruptos y a los recortadores sociales pero también a los falsos regeneradores y a los nacionalistas que quieren romper España”

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  • Plataforma Ahora reivindica, “como ciudadanos comprometidos, una alternativa nacional y progresista que defienda los derechos de la ciudadanía”
  • Califican la moción de censura, impulsada por Podemos, como “un espectáculo cuyo único objetivo ha sido propagandístico”

“España necesita una izquierda cívica”. Así de contundente se ha mostrado el portavoz de Plataforma Ahora, Gorka Maneiro, reclamando una alternativa, nacional y progresista, que se enfrente a “los corruptos, recortadores sociales, falsos regeneradores y nacionalistas que quieren romper España”. Y es que, tal y como argumenta, “en el Congreso de los Diputados no hay ninguna alternativa así, un centro izquierda atractivo y atrayente, y, por tanto, nuestra obligación como ciudadanos comprometidos es reclamarla y trabajar para que exista esa izquierda cívica, universalista e igualitaria que defienda en toda España, los derechos de la ciudadanía, el bien común, la igualdad, la socialdemocracia, el Estado del Bienestar y la unidad de España”.

En esta línea trabajan desde Plataforma Ahora, ya que, según las palabras de su portavoz, “cada día es más necesaria una opción tan convencida y convincente que no necesite llamar “enemigos” a quienes son sus adversarios políticos para ser alternativa creíble, precisamente porque sabe qué quiere y qué ideas defiende. Porque confía en ella y en sus propuestas para España y los españoles”. En este sentido, reivindican una “izquierda cívica”, ya que “la izquierda oficial ha sustituido la bandera de la igualdad por la de la identidad; los derechos ciudadanos, por la plurinacionalidad o el derecho a decidir; la unidad de España, por ideas nacionalistas”. Es decir, “la izquierda oficial es izquierda reaccionaria pero no izquierda progresista”.

Y todas estas conclusiones llegan después de “la moción de censura de Podemos y la posición del PSOE”, ya que “ambas posturas vuelven a evidenciar que la necesaria alternativa progresista al PP de los recortes sociales y la corrupción está por construir”. Por tanto, desde Plataforma “ nos comprometemos a trabajar para que esta alternativa exista, más pronto que tarde.”

24 Jun 17

La crisis de los partidos

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En tiempos nada lejanos, una exhibición de poderío como la que hizo Susana Díaz en la presentación de su candidatura a la secretaría general del PSOE hubiera finiquitado el debate. Los potenciales adversarios habrían desaparecido discretamente o hubiesen asumido un rol estrictamente testimonial y decorativo. Sin embargo, esta vez no es así, y Pedro Sánchez, a quien la miopía del aparato dio por liquidado con su defenestración, aparece como una opción real conforme al juego de sombras de la dinámica binaria propia de este momento: oficialismo y antisistema, patriotismo identitario de partido y pulsión de las bases, cargos orgánicos y militancia. Y cunde el pánico: algunos dirigentes socialistas insinúan que si ganara Sánchez podrían reconsiderar su posición en el partido y proliferan las advertencias sobre los riesgos para el sistema de una victoria del malquerido de las élites.

La implicación de las bases en la toma de decisión de los partidos debería ser una buena noticia para la revitalización de la democracia. Y, sin embargo, se vive mal. Vemos las trifulcas que tanto en Podemos como ahora en el PSOE provocan los procesos de elección de cargos y vemos los efectos demoledores que en partidos como “los republicanos” o los socialistas franceses está provocando la apertura a la participación. ¿Son crisis pasajeras de adaptación a un nuevo modelo o hay que entender que la única forma de partido posible es una organización jerárquica, cerrada, encuadrada en torno a un líder indiscutido, en que la cooptación es la vía natural de ascenso y el que osa desafiar al que manda se queda por el camino, al modo del Partido Popular?

La democracia es en el fondo una cuestión de confianza en la ciudadanía. Si esta falla, la democracia palidece. La apertura a la participación forzada por la irritación ciudadana y la irrupción de nuevos actores ha removido las aguas de unos sistemas cada vez más corporativos, en que los partidos habilitados para gobernar operaban en cerrado cartel. Y vivimos ahora entre dos pánicos: el de los partidos tradicionales a perder su oligopolio y el de los poderes económicos a que los gobernantes pierdan el control del personal y se amplíen peligrosamente los límites de lo posible. De ahí las llamadas al orden, cuestionando el poder de decidir de los ciudadanos, como si el papel de estos en democracia se limitara a ratificar lo previamente establecido desde arriba. La calidad de la democracia se mide por su capacidad de incluir no de excluir. Mal asunto cuando en la democracia hay miedo a los ciudadanos. Y triste seria si el resultado final de la crisis de representación fuera el regreso al punto de partida, la consolidación de los partidos de liderazgo fuerte y rigidez leninista, con la militancia al servicio incondicional del líder. Como Le Pen y Macron en Francia.

Autor: Josep Ramoneda

Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/04/05/opinion/1491407126_991537.html

22 Jun 17

Tiempos de desconcierto

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Todas las sociedades humanas, las personas y las colectividades de las que forman parte, cambian. Siglos atrás, muy lentamente, pero lo hacían como lo demuestra la historia de la Humanidad. Hoy hay conciencia colectiva desde los especialistas hasta eso que se llama “el hombre (y la mujer, añadamos y eso es un cambio) de la calle” de que ese cambio es mucho más acelerado y de ahí el aumento del desconcierto, la perplejidad y la multiplicación de la variedad de las respuestas individuales y colectivas.

Por supuesto que ese cambio y sobre todo su ritmo y amplitud es muy diferente según qué sociedades. Pero aun así todas cambian. Algunos ejemplos pueden valer. Corea del Norte, paradigma de régimen dictatorial y cerrado cambia. Los países más atrasados del mundo, la mayor parte en África Subsahariana, cambian. Los grandes ejemplos de monarquías feudales y fundamentalistas del Golfo, encabezadas por Arabia Saudita, cambian. Hay siempre cambios denominados cuantitativos que en algún momento estallan en cambios cualitativos que son posibles por ese proceso anterior de acumulación.

El cambio es más acelerado y también más profundo en los últimos tiempos y especialmente en las sociedades más avanzadas, posindustriales, sociedades del conocimiento, las más prósperas. El gran gurú de ese cambio ha sido el filósofo Zygmunt Bauman, inventor del término de la “modernidad líquida”, término que ha hecho fortuna. Estamos, sobre todo en estas sociedades, en tiempos “líquidos”, en los que nada o poco es estable (aunque hay líquidos estancados).

Si trasladamos este artefacto al terreno político, es decir al terreno de las decisiones ciudadanas en la ceremonia más importante de una democracia como es el derecho a votar sus representantes, nos puede servir para tratar de analizar lo ocurrido hace bien poco en tres democracias clave para el mundo: Estados Unidos, Francia, Reino Unido. En las tres, cambios profundos, casi oceánicos y, sobre todo, poco esperados. Veamos sintéticamente caso a caso.

En Estados Unidos nadie, repito nadie, apostaba por la victoria presidencial de Trump. Cierto que ha obtenido el triunfo facilitado por el peculiar sistema del Colegio Electoral de ese país pero ese sistema está vigente desde el origen y, previsiblemente, seguirá vigente. Lo importante es que en ese país había un deseo larvado de cambio, especialmente en amplísimas zonas de la “América Profunda” y en sectores poblacionales menos ilustrados y de más edad. El resultado está ahí planteando muy graves problemas no tanto internos como en liderazgo y política internacional. Pero eso es otra historia.

Lo de Francia con la victoria presidencial y el alud en las recientes legislativas por parte de un candidato, Macron, desconocido hace meses y sin un partido es el mejor ejemplo de ese cambio rápido, desconcertante e integral pero que ya venía anunciado desde atrás con diversos indicadores y tendencias. Ese  candidato lo supo ver, tuvo “suerte y audacia” (algo así escribió el gran Maquiavelo y perdón por la cita, sé que es criticable citar) y de ahí su triunfo que pone patas arriba el panorama francés y, seguramente, el europeo.

Lo del Reino Unido tiene características peculiares, como casi todo en ese país. Triunfo inesperado del Brexit, cataclismo electoral de la “premier” May quien disolvió y convocó para lograr una victoria aplastante, resurrección del dado por muerto laborismo. Too mucho for the body que diría un clásico.

Cabe establecer algún elemento común en estos tres casos recientes y es el del rechazo, por parte de la ciudadanía, a lo que hay y la demanda de un cambio, mejor cuanto más amplio. Ese rechazo se concreta en el voto a esas opciones de cambio y sobre todo en el aumento de la abstención como demostración más palmaria del hastío, del escepticismo ciudadano. Crece el partido de la abstención, algo preocupante. O a lo mejor, no lo es tanto  ¿Quién sabe? Al fin y al cabo, estamos en una “sociedad líquida” y ese desapego quizá es parte de la misma.

22 Jun 17

Comisiones de descontrol

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¿Hay un sólo español que sepa cuantas comisiones de expertos existen? ¿Cuantos órganos de control, supuestamente creados para supervisar el buen gobierno de organizaciones diversas, y que sin embargo no son operativos o, lo que es peor, fracasan estrepitosamente?

Las preguntas no son retóricas y me parecen esenciales para entender la degradación institucional que desde hace décadas afecta a España y muy especialmente su descenso paulatino a unos niveles de corrupción insoportables para cualquier democracia sólida. Y es insoportable porque a mayor corrupción percibida más leña al fuego del discurso populista cuya rentabilización de la rabia es su única baza.

Los órganos de control – sean estos comisiones de expertos, comités evaluadores, comités de ética o patronatos, por mencionar solo unos pocos – para que realmente controlen deben estar integrados por personas muy cualificadas en la materia objeto de supervisión. Si se trata, por ejemplo, de control financiero, mucho mejor que el experto sea inspector de Hacienda, ‘controller’ o contable, pero en cualquier caso debe tratarse de alguien con una trayectoria muy sólida en ese campo. Alguien, en resumen, a quien no sea sencillo colarle un gol. No hacerlo así supone pervertir ‘ab initio’ el sentido de una institución y transformar la acción de control en una mera liturgia que transmita la apariencia de transparencia sin que en realidad exista atisbo de ella. Tener un comité de expertos no supone nada, si los expertos se limitan a ratificar una decisión previamente adoptada o, a lo sumo, a hacer un par de preguntas vagas, genéricas y previsibles…

Recuerdo ahora las declaraciones de la mayoría de ex consejeros de Caja Madrid tras el escándalo de las ‘tarjetas black’ y muchos de ellos disculparon su apoyo a aquel latrocinio de Estado alegando su más absoluta ignorancia en materia de cajas y asientos contables ¿Pero entonces que demonios hacían de ‘consejeros’ si eran conscientes de ignorarlo todo sobre la materia que debían aconsejar? Firmaban, apoyaban, asentían y legitimaban con su falsa supervisión algo que a todas luces les superaba. Por acción u omisión fueron y son culpables.

El problema que tenemos con tal avalancha de comités de expertos y órganos de control – en gran parte un efecto perverso de las leyes de transparencia, tan procedimentales- es que sus integrantes muchas veces no son expertos sino más bien conocidos en el mundillo sectorial (rostros legitimadores), cargos políticos (véase las cajas) o politizados y a veces personas a las que se quiere agasajar o retribuir con tal dignidad. Ninguna de esas razones sería en si misma mala, siempre que el experto realmente lo fuera. Y los numerosos escándalos en donde los consejeros, patronos o expertos confiesan su más absoluta ignorancia nos dan una pista muy preocupante de la fragilidad de algunos sistemas de autocontrol, muy alejados del rigor, también perfectible, de una auditoría.

Tengo el orgullo de haber integrado o seguir siendo parte de algunos comités de expertos – siempre ‘ad honoren – en donde si creo que mi experiencia y conocimiento puede aportar rigor a la organización supervisada o asesorada. Cuando me lo han propuesto me han dado una enorme alegría, pues he visto en ello una forma de compartir lo que se y lo que aprendí con otros. Pero de igual modo reconozco que también he declinado otras ofertas por considerar que mi conocimiento en aquel campo era insuficiente para lo que debería esperarse de un patrono o un consejero. Tan responsable es decir si cuando se sabe, como decir no cuando se duda o no se sabe. Nos sigue costando mucho renunciar al indudable reconocimiento público – cuanto no a los cuantiosos honorarios- que supone integrar tales comités de expertos. Pero hay que saber decir que no, pues la verdadera sabiduría parte del reconocimiento y ponderación de nuestras propias limitaciones y fortalezas.

Autor: Fernando Navarro

Director del Instituto de estudios para la ética y la responsabilidad social de las organizaciones (INNOVAÉTICA).

20 Jun 17

Cuestión de sentimientos

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“El nacionalismo es un sentimiento” nos dicen los nacionalistas, como si esgrimir la cualidad emotiva disipase el debate y esfumara cualquier réplica. La apelación identitaria operaría así como tranquilizante contra las siempre incómodas dudas inherentes a la discusión racional, y contra los argumentos sólidos que malogran zonas de confort, en las que una proclama hueca sirve más que un discurso hilado.

Vayamos por partes. Sentimientos tenemos todos, ésta es una consideración bastante irrelevante cuando de lo que hablamos es de democracia. Aunque concedo que los sentimientos de algunos pueden pasar por constituirse en nación étnica, irremisiblemente enfrentada al vecino. Otros, por sentir, hasta se sienten oprimidos por Estados pretendidamente autoritarios aún disfrutando de altavoces mediáticos plurales para contar sus pesares (y distorsiones). Unos cuantos confiesan conmoverse ante la mera hipótesis de edificar un muro «a lo Trump» entre conciudadanos. Los sentimientos de otros podrían ser, v.g., no pagar impuestos. A algunos nos provoca más emoción -¡somos así de raros, he de confesarles!- un futuro con menos fronteras y prejuicios pero, en fin, para gustos (y sentimientos), los colores.

La ciudadanía, a pesar de los esfuerzos diarios en emborronar el concepto, no es un dolor de estómago. No nace del terruño, no brota de ningún árbol, ni de unos ancestros compartidos, ni de un héroe mitológico que dio su vida por la redención de todos nosotros. La ciudadanía no da gusto, ni comodidad o incomodidad, ni se siente ni se deja de sentir. La ciudadanía son las leyes democráticas que nos igualan a todos y frente a las que todos somos (o deberíamos ser) escrupulosamente iguales. Por ello, cualquier intento de parcelar la ciudadanía, esto es, de restringir el perímetro de seres humanos que disfrutan de sus derechos, es inaceptable. Inaceptable democráticamente.

Lo único que una persona con buenos sentimientos (ya que tanto se incide últimamente en ellos) puede desear es que el prójimo desarrolle las identidades… que le vengan en gana. Como si es bipolar o alberga en su seno hechos diferenciales diversos y contradictorios. Un señor de Huelva puede casarse con una señora de Cantabria, e irse juntos a vivir a Galicia y sentirse genuinamente gallegos. Claro que sí. Pueden hasta no sentir un ápice de sentimiento por España. O todo el furor patriótico que deseen. Y ni una ni otra consideración emotiva les habilita para tomar la decisión de romper los derechos que un andaluz puede y debe tener en los hospitales, escuelas, transportes o servicios de todo el país.

La ciudadanía democrática es lo que permite que desarrollemos tantas identidades libres como queramos. De ahí que la única modificación aceptable del perímetro de aplicación de nuestros derechos de ciudadanía es su EXTENSIÓN, no su restricción. Lo aceptable (y deseable) sería procurar que un luxemburgués y un italiano pagaran los mismos impuestos y que un griego y un sueco tuvieran los mismos servicios sociales. Ampliar los derechos de ciudadanía no vulnera más que fantasmas regresivos como la insolidaridad, pero no ataca ningún cimiento de la democracia.

Huelga añadir que el derecho de autodeterminación, más allá de la supongo “modélica” Constitución de Etiopía, no encuentra encaje legal en ningún texto democrático, descontados -y perdonen la obviedad- territorios postcoloniales y oprimidos políticamente. Ningún sistema de derecho que no sea soporte de un tinglado despótico puede permitir que, de buenas a primeras, y en nombre de las identidades, alguien levante un muro entre conciudadanos y diga: a partir de aquí, de esta línea, unilateral y arbitrariamente trazada, tú eres extranjero y tus derechos no son de aplicación.

Tal vez el nacionalismo sea una cuestión de sentimientos. La insolidaridad, la querencia por el privilegio, la xenofobia… son, por lo demás, sentimientos, sí, pero sentimientos perniciosos, oscuros, que entroncan con lo peor de la humanidad. Una ideología- con tintes a veces mesiánicos, que le acercan a los peores estigmas y dogmas de las religiones- y sólo una ha hecho de una condición tan aleatoria y fortuita como el lugar de nacimiento el verdadero elemento de segregación y supremacía política (he ahí todo su fundamento): esa ideología se llama nacionalismo. Una abigarrada suma de impostura democrática y esencialismo, trufada de racismo. De racismo puro y duro. A veces formulado con ciertos barnices formales que lo edulcoran, otras presentado abrupta y primitivamente, sin filtros.

Sentimientos tenemos todos, sí, pero de tan mala calidad ética y democrática como los que pretenden imponer ustedes, nacionalistas de todas las fronteras, les concedo que no.

Autor: Guillermo del Valle

Portavoz adjunto de Ahora Plataforma

19 Jun 17

39 Congreso Federal PSOE: de “La Internacional” a “Lo Plurinacional”

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Mientras las cámaras inmortalizaban el clásico canto a coro de “La Internacional”, el PSOE certificaba la derogación expresa del fundamento teórico más básico de esos acordes. Paradoja suprema. En efecto, el PSOE acaba de aprobar en su trigésimo noveno Congreso Federal el reconocimiento de la plurinacionalidad. Nada más alejado del espíritu de un partido que, al menos en el corolario musical, sigue proclamando que “el hombre del hombre es hermano” y que, al fin y al cabo, todos, con independencia de sus orígenes, “derechos iguales tendrán”. Pues va a ser, y lamentamos constatarlo, que nada más alejado de la realidad.

Lo que se acaba de aprobar en el recién clausurado Congreso Federal del PSOE es un ataque indisimulado en la línea de flotación de los cimientos más elementales de la izquierda. En un fin de semana de contradicciones escalofriantes, en donde las palabras y los hechos han recorrido caminos dispares y hasta contrapuestos, la ponencia política del PSOE ha incidido en el empeño de desmentir el pomposo lema: “Somos la izquierda”. Ahora que las luces se han apagado, podemos constatar la triste intuición que barruntábamos: para serlo, toca demostrarlo, no sólo proclamarlo. Que los hechos, por una vez, hubieran acompañado a las proclamas. No ha sido así.

Porque ser la izquierda es, esencialmente, ubicar en el centro del debate político la lucha contra las crecientes desigualdades sociales. Y, por más que algunos se doctoren cada día en la cuadratura imposible del círculo, es absolutamente imposible combatir las desigualdades desde espacios públicos atomizados o fragmentados. Reivindicar mayores cotas de equidad social y económica es lisa y llanamente quimérico si certificamos la voladura de su condición previa y necesaria: la igualdad de derechos y deberes, con independencia de los determinismos biográficos que nos hayan podido tocar en suerte… o en desgracia.

En un tiempo de dudas e incertidumbres, en el que la izquierda ha de repensar muchas cuestiones, pocas certezas tan cristalinas quedan como la defensa de un mundo de ciudadanos libres, iguales y fraternos, más allá de las fronteras en las que cada uno haya nacido. Porque no es que éstas o aquéllas sean fronteras injustas o afortunadamente tuitivas, sino que todas las fronteras, todas sin excepción, son, en esencia, arbitrarias y resultado de determinaciones históricas, militares y hasta matrimoniales que ninguna relación guardan con la libre voluntad de los seres humanos que hoy las habitan. Por tanto, la única noticia que alguien preocupado por la igualdad de derechos puede esperar en relación a las fronteras es su dilución o emborronamiento. Su superación, en suma. No otra puede ser la pretensión de máximos que alguien de izquierdas deba albergar. En el ínterin, mientras ese proyecto de una verdadera Internacional de ciudadanos y ciudadanía se termina por consolidar, es imprescindible defender, sin resquicio alguno para la flaqueza, la duda, o el eterno cálculo electoral, la unidad de los espacios políticos democráticos sobre los que el conjunto de ciudadanos tenemos derecho a decidir. A decidir conjuntamente, como no podía ser de otra manera.

Por eso, la única nación que nos interesa, la única tangible en términos democráticos es la nación cívica: la nación de ciudadanos libres e iguales, o, lo que es lo mismo, la nación jurídico-política, que reconoce, en nuestro caso, el artículo 2 de la CE. Eso es España. La palabra con la que aludimos a la implantación territorial e institucional de nuestros derechos de ciudadanía. El resto de vindicaciones sentimentales nos parecen distorsionadoras o, incluso, espurias. Apelar a una nación en términos identitarios es altamente peligroso, y generalmente entraña alguna trampa. Supone partir del equívoco de pensar que alguien, por haber nacido en un determinado lugar, es acreedor de derechos distintos y mejores que su vecino, allende la demarcación de otra frontera. Es radicalmente falso que los ciudadanos españoles detentemos una misma y única identidad, aunque tengamos una lengua y un acervo cultural común. A través de esa misma lengua, nos comunicamos con personas que pertenecen a naciones diferentes. Nuestro acervo cultural, por más que nos aproxime en ocasiones, también puede separarnos. Además, no es privativo ni intransferible, en un mundo globalizado y afortunadamente mestizo. La cosmovisión que cada uno podamos desarrollar puede ser tan similar o dispar al vecino como nos plazca. Existe, por tanto, la posibilidad de que nuestra proximidad “identitaria” hacia una persona con la que compartimos vecindad civil sea mucho menor que la que podríamos desarrollar con alguien residenciado a cientos de miles de kilómetros de nuestro domicilio. Por ende, desarrollar líneas de segregación política a través de criterios étnicos o culturales suele ser no sólo peligroso, sino esencialmente injusto. Frente a las naciones étnicas, enfrentadas unas a otras, la nación cívica, a la que da soporte el Estado (democrático), nos permite pelear cada día para superar las fronteras que siguen separándonos. El verdadero objetivo político que debemos perseguir, desde la izquierda, es una actualización integral de los principios clásicos de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Y la única fórmula para lograrlo es proponer la expansión de nuestros derechos de ciudadanía más allá de unas determinadas fronteras. Más allá de cualquier frontera.

Somos plenamente conscientes de que millones de ciudadanos españoles desean una alternativa política diferente. Una alternativa política que no se conforme con observar de forma silente y acomodaticia como desmantelan nuestro Estado de bienestar, tras convencernos de su insostenibilidad. Sabemos que una amplia mayoría de la población, bajo la promesa luego transmutada en decepción de ser empoderados y recuperar su capacidad decisoria sobre los asuntos políticos, siente la necesidad de un cambio de rumbo en un país, en una Europa, que se desliza por la peligrosa senda de las desigualdades sociales y la brecha económica entre un pequeño porcentaje de privilegiados y una amplia mayoría de personas que han visto depauperados los servicios sociales y precarizadas sus condiciones de vida. Desde Plataforma Ahora queremos trasladar a todas esas personas nuestra mayor empatía y comprensión.

El recorte de ciudadanía que el PSOE acaba de abrazar en su recién clausurado Congreso no es gratuito ni estará carente de consecuencias prácticas, tangibles, perfectamente perceptibles por todos nosotros, especialmente por los más débiles. El mensaje que se nos traslada, oculto tras los oropeles y las proclamas pomposas, es el de seguir confiriendo privilegios a los que más tienen en detrimento de la solidaridad con los que más lo necesitan. Lo que se acaba de aprobar no es la plasmación de la libertad cultural de cada uno para desarrollar las opciones que prefiera: eso está perfectamente consagrado en nuestro actual ordenamiento jurídico y, además, no es lo que pretenden los nacionalismos identitarios, aquellos a los que vuelve a guiñar el ojo cómplice y comprensivamente la jerarquía dirigente socialista. Lo que se pretende es blindar la diferencia de derechos que rige ya, por desgracia, en nuestro país; una diferencia de derechos intolerable que permite, en nombre de la identidad, quebrar la igualdad de todas las mujeres y hombres de este país. Lo que el PSOE desea, en suma, es desmentir con sus propuestas políticas el único resquicio de izquierdismo que queda en su seno: ese que se desliza a través de las notas musicales y que ya carece de todo correlato fáctico.

No nos resignamos, ni nos resignaremos, a aceptar la defunción del proyecto socialdemócrata. Desde Plataforma Ahora sí pensamos que la izquierda cívica puede y debe acoger a todos aquellos socialistas desencantados por la abducción identitaria del PSOE. A todos los que saben que el sometimiento de la nación cívica a la nación étnica implica de manera indefectible la ruptura de la igualdad de derechos. A todos los que no olvidan que sin Estado no hay Estado de Bienestar. A todos aquellos que siguen creyendo en un mundo de iguales, sin importar el color de piel, la orientación sexual, o el lado de la frontera donde nos tocó nacer, queremos enviarles un mensaje: las siglas- por más que también a nosotros nos duela certificar la dolorosa traición a la esencia ideología de una partido determinante en la Historia de España- no impedirán el desarrollo de un proyecto político compartido de izquierda progresista. Un proyecto como el que tiene a bien abanderar Plataforma Ahora, convencida sobre la necesidad de seguir trabajando por un mundo de mujeres y hombres fraternos, libres y exactamente iguales en derechos, sin espacio para los que invocan divisiones nacionales para enmascarar privilegios que fracturan la igualdad.

19 Jun 17

Una agenda socio-liberal para el Siglo XXI

comunicacion

La Gran Recesión ha sido el catalizador para unos grandes cambios que amenazaban incluso antes de 2008 con poner nuestro mundo patas arriba. Bien por el extraordinario ciclo expansivo previo a dicho año, bien por permanecer camuflados por unas instituciones socio-políticas redistributivas, en especial en Europa, dichos cambios no se habían revelado con toda su crudeza. Y es que tanto el cambio tecnológico como los efectos de la globalización no son hechos recientes. Llegaron hace mucho. Pero es ahora cuando empezamos a notar más intensamente sus efectos, para bien, o especialmente y para algunos, para mal. Estos nuevos problemas que surgen en un mundo cambiante exigen de los responsables políticos que replanteen sus esquemas programáticos, sus agendas de intervención.

Que una crisis zarandee hasta sus raíces todo un sistema económico, social y moral, no es novedoso como podemos recordar por lo ocurrido en los años 70

La dificultad de redefinir las políticas públicas necesarias en un entorno cambiante como el actual está en el origen de la crisis de la tradicional izquierda política. Y es que, que una crisis zarandee hasta sus raíces todo un sistema económico, social y moral, no es novedoso como podemos recordar por lo ocurrido en los años 70. Aquella crisis obligó a reconsiderar no solo todo el aparataje keynesiano de la ciencia económica sino de las directrices mismas del quehacer político de la época. Aquella crisis puso punto final a la llamada Edad de Oro del Capitalismo, una conjunción de desarrollo económico post-bélico, fuertemente controlado por estados en un mundo catatónico, altamente estructurado en lo económico, en lo social y hasta en lo moral y consolidado por un sistema monetario estable hasta finales de los sesenta. La crisis puso punto final a este “idílico” matrimonio entre intervención y mercado. Fue entonces cuando (re)aparecieron los ahora llamados economistas de la oferta, los clásicos reconvertidos, los Chicago Boys. Fue entonces cuando se rehabilitaba a un Hayek cuyo “Camino de Servidumbre” descansaba en la mesita de noche de Margaret Thatcher mientras esta y su homólogo norteamericano, Reagan, combatían con dureza contra los mismos poderes sociolaborales anglosajones. Se inaugura una nueva etapa, el Reaganomics, que buscaba imponer una visión de “oferta” al diseño de las grandes políticas económicas. Este neoliberalismo abogaba por una desregulación, por una retirada del control estatal de la economía. Si bien tuvo gran predicamento en los países anglosajones, fue menos exitoso en la Europa continental, en gran parte reducto de una socialdemocracia que aún se mantenía en pie.

De nuevo surgen voces que exigen un cambio de paradigma no solo en el análisis de los problemas económicos sino especialmente en las políticas a aplicar

Como en los 70, de nuevo surgen voces que exigen un cambio de paradigma no solo en el análisis de los problemas económicos sino especialmente en las políticas a aplicar, a reconsiderar ciertos paradigmas en la intervención pública. Como ocurriera hace cuarenta años, distintas visiones heterodoxas esperan y desean tomar al asalto el espacio que según ellos una moribunda mainstream económica ha dejado vacante. No son pocas las voces de nuevos adalides de la heterodoxia económica y política que, algunos con intencionada y refinada persuasión, exigen paso a sus ideas para ofrecer respuestas a los problemas que acucian a la gente, al pueblo, a los ciudadanos.

Pero el análisis económico está lejos de morir. Más bien al contrario, el análisis de datos basados en nueva información y en nuevas técnicas han permitido dilucidar las relaciones entre ciertas variables y que, en algunos casos, han venido a mostrar que nuestros prejuicios, nuestros a priori, estaban lejos de ser ciertos.

La política debe enmarcar dos tipos de intervenciones que por un lado permita expandir la libertad del individuo, facilitarla, y por otro que la encauce por un bien social superior

Esta nueva evidencia es alimento para nuevas propuestas económicas y políticas de elevado contenido socio-liberal. El socio-liberalismo comparte con el liberalismo la idea de que es importante preservar la libertad individual como base y fundamento del desarrollo de una sociedad. La libertad del individuo es la base para el desarrollo de una sociedad moderna y democrática. Sin embargo comparte también la idea de que estos mismos individuos están obligados a convivir con otros individuos en un marco de relaciones donde la confianza mutua y la convivencia pueden deteriorarse significativamente si aparecen desigualdades excesivas o dinámicas de exclusión social. De nada sirve la libertad individual si esta no se mezcla armoniosamente en el conjunto social donde se desarrolla. En este sentido, la política debe enmarcar dos tipos de intervenciones que por un lado permita expandir la libertad del individuo, facilitarla, y por otro que la encauce por un bien social superior.

Así pues, el socioliberalismo propone una clara disminución del papel del Estado en la regulación y en la influencia de la actividad privada. No se niega la necesidad de regular, sino que se fomente una mayor transparencia, una simplificación de la misma así como una deseable estabilidad regulatoria. Todo ello como condición sine qua non fomentar un crecimiento económico a largo plazo. Además, como ya se ha advertido en este mismo post varias veces, el Estado debe dejar de establecer vínculos de “afectividad” con los lobbies económicos y que solo limita el crecimiento a largo plazo de la economía. El Estado debe eliminar barreras de entrada y obstáculos a la actividad de las empresas. Debe fomentar la competencia, como medio para elevar el bienestar de los ciudadanos. El Estado no solo debe ser garante de un liberalismo económico, sino que debe promulgarlo.

La desregulación puede ayudar. Pero, paradójicamente y a diferencia de las propuestas más liberales, mediante su intervención redistributiva el Estado puede hacer mucho bien a la misma

A este liberalismo económico habría que añadir una clara función redistributiva y de supervisión económica. La vertiente social. Marcando algunas diferencias con las políticas socialdemócratas tradicionales, donde las medidas de redistribución son más pasivas, la política social debe ser más proactiva, debe tomar en serio su capacidad para influir y elevar la eficiencia de lo que en los setenta se vino a llamar oferta. Buscando paralelismos con los postulados liberales de aquella época, estas políticas sociales, muchas nada novedosas, deben en parte centrar su atención en cómo mejorar y hacer más eficiente la oferta productiva. Si, como he dicho antes, la desregulación puede ayudar a ello, pero paradójicamente y a diferencia de las propuestas más liberales, mediante su intervención redistributiva el Estado puede hacer mucho bien a la misma.

En este sentido, el Estado debe asegurar la libertad de los ciudadanos en su relación con la actividad económica y laboral. Para ello es fundamental la libertad de opciones, y por lo tanto la igualdad de oportunidades. Son absolutamente necesarias políticas predistributivas, como son las tradicionales de educación y sanidad pública. Pero además son fundamentales políticas que fomenten mediante la redistribución monetaria o en especie, la libertad de decisiones.

Numerosos análisis económicos recientes han cambiado enormemente la consideración que se tenía sobre los efectos de los complementos salariales, cheques a determinados colectivos en riesgo de pobreza, políticas de vivienda pública, políticas de conciliación familiar…

En este sentido, como he adelantado, numerosos análisis económicos recientes han cambiado enormemente la consideración que se tenía sobre los efectos de estas políticas. Por ejemplo, los complementos salariales, cheques a determinados colectivos en riesgo de pobreza, políticas de vivienda pública, políticas de conciliación familiar, etc. Estas políticas incentivan por ejemplo la participación en el mercado de trabajo, la igualdad de género, el aprovechamiento más eficiente del capital humano. Además, las políticas fiscales, como ya he descrito en más de una ocasión, deben intentar maximizar su capacidad redistributiva minimizando la creación de incentivos perniciosos. Recientemente algunos resultados muestran, no sin un gran debate de fondo, que puede ser más eficiente para el crecimiento y para luchar contra la desigualdad bajar los impuestos sobre la renta a los colectivos de menores ingresos, pues incentivan mucho más su participación en el mercado de trabajo que subir los impuestos a los colectivos de mayores ingresos. A su vez, la sustitución de parte de la presión fiscal basada en los ingresos de las familias por impuestos basados en el uso de la misma ayudarían a esta política de redistribución sin afectar en exceso a estos incentivos.

En resumen, tres grandes pilares deben guiar la política pública del futuro, una política de oferta liberal que fomente la eficiencia y el crecimiento económico, una política de oferta “social”, que eleve y mejore la participación laboral de todos los colectivos pero en especial de aquellos que con los recientes cambios pueden verse desplazados y, por último, una política de igualación de oportunidades, y que se concretaría con las tradicionales educación y sanidad públicas.

Autor: Manuel Alejandro Hidalgo

Fuente: http://www.vozpopuli.com/la_economia_explicada/agenda-socio-liberal-Siglo-XXI_7_1019068088.html