Ética cívica frente a la corrupción.

Publicado por el 14/06/2017. Categoría: Opinión

La corrupción es un vicio moral y en ocasiones un delito, pero su definición resulta bastante compleja en virtud de lo que Sartori llamaba “alargamiento de concepto”: y es que hay tantas modalidades y niveles de corrupción, tantos matices legales (por ejemplo el que media entre corrupción y extorsión), tantas circunstancias que no es sencillo enmarcarla ni identificarla. Quedémonos con la idea de que la corrupción es el mal uso o abuso de poder para obtener una ganancia privada.

En 2004 el entonces ministro de Justicia chileno, Luis Bates, estimaba que el componente económico de la corrupción, incluidas sus modalidades de soborno, malversación de fondos públicos, licitaciones corruptas o lavado de dinero, generaba el equivalente anual al 5% del producto interior bruto mundial.

En España, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la contratación pública despilfarra en torno al 4,5% del PIB por sus deficientes mecanismos de control e ineficiencia. Ese enorme porcentaje no es necesariamente corrupción (aunque tampoco la excluye) pero no hay duda que se trata de un vicio derivado de la más absoluta irresponsabilidad pública. Visualicémoslo de otra manera: para el ejercicio 2015 ese 4,5% del PIB español despilfarrado superó los 48.600 millones de Euros, lo que supone un saqueo anual aproximado de 1.100€ por habitante.

El indicador más empleado para tomar el pulso moral y legal de un país es el de “percepción de la corrupción”. El Banco Mundial o la ong alemana Transparencia Internacional publican periódicamente sus índices. Sin embargo, este indicador se basa en datos de encuestas y en percepciones, y por lo tanto es susceptible de verse influido por elementos de contexto y hasta de simpatías o antipatías políticas.

En España, y desde hace más de dos décadas, la acumulación desbordada de casos de corrupción -con nombres, apellidos y siglas de partidos- supera el umbral de dolor más alto que un ciudadano normal puede soportar. Según los índices de corrupción percibida de Transparencia Internacional (TI), en los últimos 20 años España ha ido bajando del puesto 21 al 36 del ranking, situándonos en 2015 por detrás de Botsuana, Estonia, Uruguay, Buthan o Eslovenia y rozando casi el aprobado por los pelos (la escala empleada por TI oscila entre el 0 y 100 y en 2015 España obtuvo 58 una puntuación inaceptable para un país altamente desarrollado y democrático como el nuestro)

Es tal la avalancha diaria de casos inaceptables que corremos el riesgo de acostumbrarnos a ellos como si fueran una “fatalidad” inevitable. El empacho de corrupción, que afecta por igual a diferentes instituciones y partidos, resulta abrumador: los casos Nóos, Rato, Pujol, Púnica, Taula, Gürtel, Bárcenas o los ERE, entre otros, suponen la punta del iceberg.

Los delitos relacionados con la corrupción se han disparado de forma alarmante a lo largo y ancho del territorio nacional y así se desprende de las 2.442 detenciones practicadas durante 2015 por este motivo. Ello supone que en el transcurso de un solo año fueron arrestadas cada día 7 individuos. Desde 1978 nuestro país ha sufrido 175 casos de corrupción política a todos los niveles: ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y estatales. Hablo de “casos”, no de personas, pudiendo haber en un solo caso miles de implicados.

Durante todo el ejercicio los sucesivos barómetros del Centro de Estudios Sociológicos han venido indicando, que casi la mitad de los españoles señalaba la corrupción como el segundo gran problema del país, solo por detrás del desempleo. Según los sucesivos barómetros del CIS, existe una fuerte asociación entre la identificación de la corrupción como problema y la de los partidos políticos.

Durante los últimos 4 años la corrupción ha sido considerada como uno de los tres principales problemas de España por entre el 40 y el 60% de la población. Podría pensarse que la amenaza de sanción electoral haría que los partidos se esforzaran a su vez por prevenir la corrupción, pero aunque en casi todos los países se produce tal castigo electoral, en España esta sanción suele ser baja. Algunos autores como Pereira y Mello (2015) tratan de explicar esta pasividad ciudadana con la “Teoría del intercambio implícito” en virtud del cual los ciudadanos están dispuestos a ser indulgentes con la corrupción en las urnas porque, indirectamente, reciben un beneficio de la misma. Esta idea estaría muy relacionada con el establecimiento de redes clientelares y en particular con aquellos casos de corrupción que implican importantes beneficios para las economías locales. Según el informe “Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España” (Darias et al, 2012) alrededor del 8% de los municipios españoles se han visto envueltos en algún tipo de escándalo urbanístico, especialmente los emplazados en las islas y la costa mediterránea.

Y es precisamente en este punto cuando deberíamos también prestar algo de atención a la ciudadanía. Una ciudadanía, recordémoslo, que aunque se muestra muy preocupada por la corrupción es al mismo tiempo muy indulgente con la corrupción de instituciones afines, bien sea por proximidad ideológica, clientelar o regional.

El informe El hueco que deja el diablo: una estimación del fraude en el IRPF con microdatos tributarios (Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea) estima el fraude en el IRPF en 20.000 millones de euros, es decir, algo más del 1,7% sobre el valor del PIB español. Cabe destacar que esos 20.000 millones se refieren únicamente a la declaración de IRPF. El informe señala que si le sumáramos también el fraude en IVA y en el Impuesto de Sociedades el porcentaje de fraude fiscal aumentaría hasta el 3,5 o 4% del PIB, o lo que es lo mismo, 40.000 millones de euros. Casi lo mismo que las pérdidas de las administraciones públicas por el despilfarro y mala gestión de los proyectos públicos. Por último, los españoles tienen en paraísos fiscales 144.000 millones de euros lo que, solo por el rendimiento de ese importe, lleva asociado un fraude fiscal de 7.400 millones más.

No podemos seguir así, ya que – parafraseando a Dylan Thomas – si “entramos dócilmente en ese sueño oscuro” estaremos perdidos pues habremos asumido la opacidad y la irresponsabilidad de quienes nos gobiernan e influyen desde instituciones diversas, también sindicatos, patronales, medios de comunicación y ong.

No podemos transigir con tales vicios, tan propios de las “elites extractivas” y siempre destructivas. Acaban con los derechos humanos, con los derechos medioambientales y con los derechos sociolaboraes. Por eso son nuestros mortales enemigos. Hay que decirlo con todas sus letras y sin eufemismos.

La corrupción es el cáncer que acaba con la democracia con tanta o más rapidez que el Hitler, Stalin o Maduro de turno. En realidad la corrupción facilita el camino a la tiranía pues el “déspota eterno” es maestro en el arte de rentabilizar la rabia y sabe como instrumentalizar a su favor la maraña de instituciones podridas de un Estado agónico y deslegitimado al que solo espera fagocitar para institucionalizar – ya para siempre – los males que simula combatir.

Hay estudios precisos -de nuevo Transparencia Internacional– que contraponen con todo fundamento el nivel de desarrollo humano (no solo económico) y las libertades públicas a la corrupción. Dicho de otro modo; a mayor nivel de corrupción, menores índices de desarrollo humano y muchas menos libertades. Por eso no podemos seguir transigiendo con los corruptos pues, como hemos visto, la corrupción va en paralelo al nivel de deslegitimación de nuestras instituciones, incluidos los partidos políticos, la judicatura, las empresas, los sindicatos y los medios de comunicación. Los corruptos son ya un peligro evidente y no solo una deshonrosa excepción institucional. Siempre he creido que la mayoría de políticos solían ser personas honestas, pero con los datos inapelables que van publicándose cada día el porcentaje de honestos va menguando a pasos agigantados. Y entonces no me queda más remedio que preguntarme por qué razón callan los que están limpios, aquellos cuyos nombres aun no se asocian a algún escándalo o proceso ¿Acaso su silencio, su pasividad corporativa, no les convierte en cómplices o en colaboradores necesarios del desastre?

Frente a la corrupción no queda más salida que aplicar el fuego cruzado de nuestra ética cívica y la fuerza de la ley, exigiendo mayor transparencia a nuestros gobernantes, partidos políticos y resto de organizaciones sociales y reclamando leyes y penas más rigurosas, incluida la reparación y el resarcimiento. Tenemos también que superar la eterna asignatura pendiente de negarnos a aceptar o a castigar la corrupción de “los nuestros”, al tiempo que nos rasgamos las vestiduras ante la corrupción de nuestros antagonistas. Una ciudadanía realmente responsable debiera ser especialmente inflexible con aquellas instituciones a las que confió su apoyo, su voto o simplemente sus esperanzas de regeneración. Son ellos quienes en primera instancia nos traicionan y a es principalmente a ellos a quienes debemos denunciar de la única forma válida en democracia: retirándoles nuestra confianza. No hacerlo supondrá seguir alimentando a la bestia corrupta y seremos cómplices de las consecuencias trágicas que la corrupción siempre acarrea para la democracia.

Fernando Navarro García

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