31 Ago 17

Primera página

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NO SOY PERIODISTA, nunca he trabajado en la redacción de un periódico y mi ignorancia sobre los entresijos del periodismo es total, así que me guardaré muy bien de dar lecciones de periodismo a nadie (ni de periodismo ni de nada); pero llevo 40 años leyendo periódicos y a veces siento que no prestamos suficiente atención a noticias aparentemente laterales que esconden sin embargo, a poco que uno se pare a pensar en ellas, claves de asuntos determinantes. Pongo un par de ejemplos que atañen —¡y dale!— al contencioso catalán. Por supuesto, puede que yo esté equivocado y ambas noticias hayan tenido la difusión que merecen, en cuyo caso les pido disculpas; pero puede que no esté equivocado, en cuyo caso les pido que atiendan bien.

Los votantes más ricos, con una media de 2.190 euros de ingresos familiares netos, votan a la CUP

¿Adivinan ustedes a qué partido político apoyan los votantes más ricos del espectro social catalán, según un estudio reciente del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat? ¿Y a qué partido votan los segundos votantes más ricos? ¿Y los más pobres? Los votantes más ricos, con una media de 2.190 euros de ingresos familiares netos, votan a la CUP —el partido anticapitalista e independentista que sostiene al Gobierno—; los segundos más ricos, con 2.175 euros, a Junts pel Sí —la coalición para la independencia formada por Esquerra Republicana y PdCat, la antigua Convergència—, y los más pobres, con 1.490 euros, al PP (los segundos más pobres votan al PSC-PSOE: 1682 euros). Como todos, estos datos toleran muchas interpretaciones, pero dos de ellas me parecen inapelables. Una: en España, igual que en casi todas partes, son los ricos los que quieren separarse de los pobres, no los pobres los que quieren separarse de los ricos: los ricos catalanes queremos separarnos de los pobres extremeños y andaluces, que no dan golpe y gastan mucho (y no queremos separarnos de los pobres catalanes porque no podemos, al menos de momento); esto es absolutamente natural, aunque sea absolutamente injusto (y si es de izquierdas yo soy arzobispo de Canterbury). Dos: contra lo que se dice a menudo, los votantes de la CUP no son herederos de la vieja y fortísima tradición anarquista catalana: los seguidores de Durruti eran proletarios utópicos, desheredados sin remedio, esclavos en busca de emancipación, y por eso eran peligrosos para el poder; los votantes de la CUP son, con harta frecuencia, gente acomodada, coqueta y volátil, que no está dispuesta a correr ningún riesgo y no representa un peligro real para nadie. Esa era la primera noticia casi escondida a que aludía; la segunda la recordaba hace poco el señor Antonio Sanz en una carta al director publicada por este periódico. El 25 de mayo de 2014 se convocó en 130 municipios de Cataluña un referéndum sobre diferentes cuestiones sociales, que fue prohibido por la Junta Electoral Central y el Tribunal Supremo porque se solapaba con las elecciones europeas; ese día los Mossos d’Esquadra, enviados por la Generalitat de Artur Mas, paralizaron el referéndum y requisaron urnas, hubo 500 ciudadanos identificados y 10 denunciados por desobediencia. Para Sanz, este hecho es la demostración del cinismo del llamado derecho a decidir, “que sólo se aplica a lo que interesa a los dirigentes catalanes (…) Para que la gente exprese su opinión sobre cuestiones sociales, no se pueden poner urnas; pero, para que la clase dirigente catalana tenga un estadito donde lo controlen todo y el 3% pueda quedar impune, sí”. A ese cinismo se añade otro, quizá más sangrante, y es que los dirigentes independentistas fingen no saber que la democracia no consiste únicamente en votar, que votar es una condición necesaria pero no suficiente para la democracia, y que un referéndum no es en sí mismo un instrumento democrático: si lo fuera, Hitler y Franco serían demócratas, porque ambos convocaron y ganaron referendos; pero los dirigentes independentistas fingen muy bien esa ignorancia, y de ahí que mucha buena gente crea en Cataluña que un referéndum antidemocrático es el colmo de la democracia.

Dos noticias laterales, ya digo, pero, si de lo que se trata es de saber qué pasa en Cataluña, yo las hubiera colocado en primera página.

Autor:Javier Cercas

Fuente:http://elpaissemanal.elpais.com/columna/javier-cercas-cup/amp/

 

 

29 Ago 17

Nación

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Ya dije en su día que el Renacimiento fue una tremenda cosa. Con su antropocentrismo militante e inventos como la imprenta, no tardaría en dar un sentido nuevo a hechos como la erudición: “lectura varia, docta y bien aprovechada”, e incluso nos abocó al nacimiento de las ciencias experimentales, que vendrían a gozar de un lugar excepcional en la percepción de la realidad que tiene cada generación del Hombre. Así pues, nunca mejor dicho, “el verbo (palabra) se hizo hombre y habitó entre nosotros”; pero tanto uso y abuso de las palabras, inevitablemente intencionado, principió por borrar del acervo cultural humano el gran poder que las mismas tienen y, así, jamás la Humanidad ha masacrado tanto y tan obscenamente como desde el Renacimiento a esta parte, y siempre por mor de grandes palabras.

Una de esas grandes palabras, agigantada durante el romanticismo, ha sido el vocablo nación: “acción y efecto de nacer”, pues quizá sea el acto más transcendente que realice el ser humano antes de morir. Así pues, todos nacemos de nuestra madre con el concurso de nuestro padre, evidentemente miembros de nuestra nación, y compartimos ese mismo hecho incontrovertible  con nuestros hermanos, dada la inevitable coincidencia nacional de nuestras biografías; pero eso, tan prosaicamente inexcusable para el neonato, comienza a tener consecuencias indeseables en cuanto nuestra naturaleza humana, matrilineal y patrilocal, le añade durante nuestro desarrollo los hechos totémicos de: el linaje, pues la nación es sencillamente extensible por consanguineidad tanto a nuestros antepasados como a nuestra generaciones por venir; y el territorio, ese paisaje de cercanías que durante nuestro desarrollo oficia de escenario de nuestras filias y fobias personales representadas como teatro de la vida.

Ahora bien, esa erudición, llevada hasta las últimas consecuencias por aquel revolucionario invento que fue la imprenta, consiguió con el tiempo que toda la Humanidad fuese colonizada por su bestia oculta, la exégesis: “explicación, interpretación”, construyendo así una sociedad humana en la que el individuo interpretaba su realidad cercana y lejana, y la interpreta, sobre la base de interpretaciones ajenas, más o menos afortunadas, a las que automáticamente convierte en premisas: “señales o indicios por donde se infiere algo o se viene en conocimiento de ello”. Con el tiempo, el uso y el abuso de las palabras, la acumulación de premisas erróneas en nuestras tristes vidas, actualmente amplificada ad infinitum por internet y televisión, además de vaciar a la palabra de todo su poder etimológico, ha hecho posible que construyamos una realidad paralela en la que lo más normal es que una cosa y su antítesis puedan coexistir constructivamente en la misma frase como, por ejemplo, la ocurrencia de la nación de naciones, algo así como un color de colores, pero con inquietante carácter de cortina de humo o de venda en ojos ajenos. Porque hoy día, las palabras sólo son ya meras notas en la desquiciada partitura cacofónica de todos los que tratamos de defendernos de la realidad construyendo nuestras propias realidades paralelas.

Porque hablar de nación en sentido amplio, lo cual se ha vuelto últimamente algo extremadamente gratuito, entraña asumir una comunidad de linajes y paisajes que en ningún tiempo fue definible desde el Poder, por más que éste siempre haya estado entregado a invocarla con fruición en defensa y justificación de sus intereses espurios; por eso, históricamente sólo se han podido reconocer naciones en función de que lo admitiese o no el vecindario nacional, ese mismo que comparte la necesidad y el poder de ser reconocido como tal. Porque las naciones no son más que hechos culturales derivados de la evolución, en espacio y tiempo, de linajes humanos condenados a reproducirse, solapadamente, en el contexto ambiental de un territorio particular  que, de un modo u otro, ha contribuido a establecer “insularidades geográficas” meméticamente muy homogéneas, aunque poco uniformes.

Lo queramos o no, las dolorosas reunificaciones nacionales iniciadas en la Edad Media desde la prevalencia de los privilegios aristocráticos no pueden ocultarnos la realidad subyacente: no hay estabilidad nacional si el hecho político-militar no se asienta sobre un hecho social histórico; si los españoles no hubiéramos sido todos iberos, no habría existido poder en el mundo capaz de retenernos bajo una única administración, ni borbónica, ni Austria, ni califal, ni romana: Roma se encontró Iberia, nada más cruzar el Río Ródano, y se la anexionó en bloque bajo el patronímico de Hispania; Hispania dejó de serlo, sin cambiar gran cosa, en cuanto los musulmanes la bautizaron como al-Ándalus para dejar constancia de su sustitución en el Poder; y el retroceso califal, como la resaca de una ola, fue dejando un espeso reguero de Españas, permanentemente en guerra entre ellas para clarificar la titularidad única de ese Poder con la llegada de los Austrias; pero el hecho cultural, a poco que uno mire bien, ha sido precisamente el culpable último del asentamiento y perpetuación de ese poder sobre la base de una memoria social que trasciende en mucho a las manipulaciones históricas. Es por eso que yo, que sólo reconozco para nuestra especie una cultura, la Humana, comprendo que el devenir de los tiempos haya posibilitado la expresión regional de la misma según grandes tradiciones diferenciales que, como tales, mal que bien han acabado estabilizándose como Estados nacionales internacionalmente reconocidos.

Comprendo también que la derecha burguesa decimonónica reivindicase fervientemente los derechos locales, de origen feudal, para garantizarse cuotas de poder que el Estado centralista estaba a cada generación menos dispuesto a compartir; pero que ciertos sectores políticos autoproclamados de izquierdas justifiquen ahora identidades territoriales de pureza de sangre, ideológicamente idénticas a credos deleznables como el que inspiró la superioridad aria nazi, es querer retrotraernos a tenebrosas épocas de nuestra historia de minorías con derechos de pernada sobre mayorías esclavas de la tierra. Y eso, además, va contra natura de una Humanidad cuya naturaleza es matrilineal en lo social y patrilocal en lo territorial, pues confiere ambas titularidades políticas, siempre, a un elemento legendario patriarcal que en sí mismo representa la superioridad de unos linajes humanos, teóricamente puros, sobre otros, impuros, desde el sentimiento de pertenencia a una identidad xenófoba e inhumana que, para colmo, sólo es alcanzable por sectores muy minoritarios, profundamente endogámicos, cuyo sentido social no va más allá de mero calor de horda.

Yo, que soy de izquierda desacomplejada, luego social y consecuente, soy español porque mis padres me legaron una Constitución democrática en la que no hay más patriarca que el Estado de Derecho que de ella emana; y aún así, reconozco que mi nación, Iberia, trasciende culturalmente a dicho Estado en razón de la propia diacronía histórica de repartos de poder entre élites que, cuanto más apelaban a la nación, más buscaban justificar la supuesta prevalencia de sus linajes en razón de cuna, de credo o de cuenta corriente. Así que, de querer hacer coincidir mi Nación con la nación política que me permite vivir con la suficiente paz social para intentar ser yo mismo, es decir, con el Estado de Derecho que me reconoce como ciudadano libre, no como súbdito alienado, no me queda otra que procurar negociar con portugueses, y quien se tercie, la reunificación nacional en Derecho y no la fragmentación social que persiguen electoralistamente gentes mal llamadas “de izquierdas” y que únicamente intentan ocultar su espuria pretensión de tener una idea del mundo mucho exitosa u oportunista que la del resto de los mortales; por supuesto, una idea del mundo en la que ellos serán el piramidión de la dócil estratificación social abrigan sus retorcidas entendederas.

No, en absoluto. España, esplendorosa historia aparte, pese a lo que predica tanto indigente intelectual, es desde 1978 un hecho jurídico libre y soberano que alcanzó personalidad jurídica por libre cesión de las titularidades matrilineal, social, y patrilocal, territorial, de nuestros padres a una Constitución política, de marcado carácter social, que sancionó la existencia “patriarcal”, exclusiva e indivisible, de un Estado de Derecho independiente, para colmo, históricamente reconocido como tal por la comunidad internacional. Romperlo es antidemocrático por definición; defenderlo es democrático por imperativo legal; y meter la cabeza bajo el ala a ver si escampa es una gallegada que sólo viene a debilitar aún más al propio Estado de Derecho, persona jurídica que, como cualquier persona, para ser respetable debe, necesariamente, principiar por respetarse a sí mismo.

¡Carpe diem!

Autor:Pedro Navarrete

28 Ago 17

‘Què, qui, com?’ Respecto de las competencias, estatales y autonómicas, en materia de seguridad

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Qué, qui, com” es el nombre de un programa de divulgación científica de gran calidad de la TV pública catalana (al César lo que es del César). Nos explica los experimentos y los retos de la Ciencia, esos que no hay forma humana de entender por los legos en la materia, de la manera más clara y entretenida posible. Recuerdo que le dije a su director (durante la concesión de la medalla Narcís Monturiol a la excelencia científica que la Generalitat nos otorgó) que me gustaría tener un programa equivalente sobre los conceptos jurídicos, es decir, respecto del Derecho que creo que toda persona tiene derecho a saber para desenvolverse por la vida y para entender cómo funciona el mundo.

Porque es evidente que nos movemos en un mundo de normas que tiene una lógica y unos contenidos que, muchas veces, son difíciles de entender. La distribución de competencias en materia de seguridad, por ejemplo, es uno de estos casos. Lo que se nos vienen explicando, malamente en demasiadas ocasiones, respecto de qué han hecho [el què] quien lo ha hecho [el qui] y cómo lo hecho [el com], en las actuaciones e investigaciones de los atentados en Barcelona y en Cambrils, muestra con toda claridad que, a menudo, quien está dando las informaciones no tiene en cuenta los principios más elementales ni las regulaciones sobre lo que pueden o no pueden, lo que deben o no deben hacer políticos, jueces y fuerzas y cuerpos de seguridad, a todos los niveles. Si no quiero pensar mal, es evidente que nadie se lo ha enseñado. Por eso reivindico el “Què, qui, com”.

EL “QUÈ”   

¿De qué estamos hablando en cuanto a competencias sobre seguridad cuando nos referimos a estos atentados? Saberlo implicará poder determinar quién tiene competencia para actuar y cómo debe ejercerla.

Cualquier atentado constituye un atentado a la libertad que conlleva un problema de seguridad. Toda persona, lo proclama la Constitución de 1978 en el art. 17 tiene derecho a la seguridad (no sólo a la libertad, también a la seguridad). Ello es así reconocido también en los textos internacionales y europeos, puesto que mal se puede ser libre si uno no se siente seguro para serlo.

Ahora bien, cuando hablamos de seguridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? La Constitución regula la seguridad en diversos artículos, integrando cada uno de ellos una institución jurídica diferente, a la que hay que dotar de sentido en sí misma, para poder relacionarla con las demás, puesto que el ordenamiento es único y sólo su interpretación y aplicación coherente es válida.

Como acabo de expresar, la seguridad constituye un derecho de toda persona (art. 17 CE), y como tal debe ser considerado, a partir de todos sus elementos configuradores, entre los cuales destacaré, a los efectos de este artículo, las garantías, porque un derecho sin garantías es un derecho vulnerado. Por ello, en la Constitución, la seguridad también queda regulada, como institución jurídica, como una misión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, también, como un criterio delimitador de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Pero todo ello debe ser analizado en contexto y teniendo en cuenta a qué se refiere la Constitución cuando habla de seguridad.

En el art. 104 CE aparece regulada la seguridad ciudadana como misión de las Fuerzas y cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, conjuntamente con la de garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades. Analizando el contexto interpretativo realizado al respecto por el Tribunal Constitucional, podemos deducir que la institución seguridad ciudadana se conforma como bien constitucionalmente protegido, cuyos titulares se concretan, por una parte, en cuanto al sujeto activo, en el Gobierno como sujeto activo primario (quien lleva la dirección política), y por otra, en las Fuerzas y Cuerpos de seguridad como sujeto activo secundario (los agentes operativos, que tienen a su cargo la prestación de seguridad); los ciudadanos, en su calidad de participantes en la vida de la comunidad, constituyen el sujeto pasivo. El objeto o contenido de la seguridad ciudadana consistirá en las medidas de prevención, protección, garantía y reparación que se tengan que adoptar para que los ciudadanos puedan intervenir libremente y con garantías en los distintos niveles y formas participativas, públicas y privadas, íntimas y sociales, políticas y económicas que presenta la vida en comunidad. Se entiende, pues, que la seguridad ciudadana se configura constitucionalmente como garantía de la vida ordinaria, para las situaciones de normal conflicto que puedan acontecer en el día a día.

Cuando, por otra parte, se trata de establecer el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, la Constitución se refiere a la seguridad pública (art. 149.1.29, atribuyéndola al Estado, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomasen la forma en que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. Pero la Constitución no nos dice qué es la seguridad pública y es necesario ver cómo la define la jurisprudencia constitucional, que se ha ocupado de ello en múltiples sentencias, y la concibe como una institución jurídica dirigida a  hacer frente a amenazas colectivas graves, al tiempo que, también, la entronca con la seguridad ciudadana.

De la interpretación conjunta de ambas regulaciones, siendo el terrorismo, en palabras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “un peligro para la vida de la nación” y teniendo en cuenta que tenemos que operar, porque así lo dispone la Constitución, en el marco de la distribución de competencias, el concepto que tenemos que utilizar como base es el de la seguridad pública, que va a ser más amplio y va a incluir, entre otras manifestaciones específicas, el de seguridad ciudadana, el de protección civil y, también, el de seguridad nacional (STC 184/2016, sobre la Ley de seguridad nacional de 2015). Evidentemente, todo lo relacionado con el terrorismo, entra de lleno en el ámbito de la seguridad pública.

El “Què”, se refiere, pues, a la seguridad pública, no a las cuestiones cotidianas sobre orden público o seguridad ciudadana. La seguridad pública es, pues, la materia sobre la que se tendrán que delimitar las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

EL “QUI

¿Quién tiene a su cargo la garantía y defensa de la seguridad pública en un Estado, como el autonómico, en el que existen diversos niveles de policía?

Según el art. 149.1.29 CE la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, pero ello, sin perjuicio de la existencia de las policías autonómicas, que pueden ser creadas, a tenor de lo que dispone este artículo por los Estatutos de Autonomía, pero no de cualquier manera, sino, tal como en él se establece, en el marco de lo que disponga en una ley orgánica.

Teniendo, pues, en cuenta que la competencia es, en principio, exclusiva del Estado, será el Estatuto de Autonomía vigente el que determine las funciones que pueda tener la Policía Autonómica o “Mossos de Esquadra”, todo en el marco de la ley orgánica (que son varias) a que se refiere la Constitución. En este contexto tendremos que examinar qué funciones concretas, en el marco de la seguridad pública, se reserva el Estado y cuáles pasan a ser ejercitadas por las Comunidades Autónomas y, en concreto, por las autoridades competentes al respecto, de Cataluña.

Pero antes hay que señalar que, para delimitar el reparto de competencias hay que tener en cuenta lo que se denomina “bloque de la constitucionalidad”. Veamos qué es tal bloque. Para ello, primero es necesario determinar las relaciones entre el derecho del Estado y el de las Comunidades Autónomas y, en segundo lugar, tener en cuenta de qué tipo de competencias estamos hablando.

En la Constitución, como es bien sabido, no se “regulan” las competencias, sino que se enumeran, en dos artículos, las que pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas (art. 148 CE), las que se reserva en exclusiva el Estado (art. 149.1 y 2 CE), a lo que se añade la cláusula residual del art. 149.3 CE cuando éste dispone que las materias no atribuidas expresamente al Estado podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus respectivos Estatutos. Agrega, además, este art. 149.3 CE, la denominada cláusula de prevalencia, consistente en que la competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto sobre las de las Comunidades Autónomas, en todo lo que no esté atribuido a la competencia exclusiva de éstas. Y también, finalmente, este artículo señala también que el derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.

Las competencias son de diversas clases, que se pueden, simplificando, clasificar en: exclusivas, compartidas y concurrentes según quien las tenga que ejercer y legislativas, ejecutivas y de gestión, según las funciones que comporten. Todo ello en el marco de ese “reparto” que se detalla en los arts. 148 y 149 de la Constitución. Así, una competencia exclusiva puede estar atribuida, al Estado o a una Comunidad Autónoma, sobre la legislación, sobre la ejecución o sobre la gestión. La competencia más “intensa” es la legislativa, le sigue la ejecutiva y en tercer lugar la de gestión.

Por lo que tener competencia de ejecución o de gestión sobre algo supone, al no tener atribuida la competencia legislativa, que la materia, la que sea, está compartida. Por ejemplo, la legislación puede ser competencia del Estado y la ejecución o gestión, en este caso o según el caso, puede ser de la Comunidad Autónoma. Las competencias concurrentes serían aquellas que ambos niveles de gobierno tienen igualmente atribuidas (de hecho no existe ninguna, aunque algunos, en mi opinión equivocadamente, consideran que el ejemplo paradigmático es la cultura; y digo que, equivocadamente porque no alcanzo de comprender cómo se pueden establecer líneas divisorias, hoy en día, sobre cultura española y cultura catalana o aragonesa por poner unos ejemplos, puesto que estas últimas también son cultura española; no me pongan como ejemplo que lo que las puede diferenciar es la lengua porque entonces, tendríamos que hablar de cultura inglesa, no de literatura en inglés, que puede estar producida en diferentes países y responder a culturas diferentes).

O se comprende esto o no se puede saber hasta qué punto la competencia es de cada cual. De ahí que la exclusividad sea un concepto que es necesario interpretar en cada caso concreto. La propia Constitución nos da un ejemplo de ello, en la materia seguridad pública, cuando permite que sea compartida entre el Estado y las Comunidades Autónomas, aun declarándola exclusiva del Estado, cuando dispone que ello es “sin perjuicio” de la creación de las policías autonómicas en el marco del Estatuto de Autonomía y de la ley orgánica.

Para poder precisar mejor estas cuestiones, el Tribunal Constitucional acuñó el concepto de “bloque de la constitucionalidad” al que antes me refería. La técnica es de origen francés, aplicada a otros campos, pero que deriva del hecho de que la letra estricta de la Constitución no permite dar respuesta completa al sentido de una institución jurídica y, para conseguirlo, es necesario que la Constitución se complemente con otras fuentes jurídicas. En tal sentido, desde los primeros conflictos de competencias, el Tribunal Constitucional sentó esa doctrina, considerando que el bloque de la Constitucionalidad estaba formado, en cada materia concreta por las regulaciones de la propia Constitución, de los Estatutos de Autonomía y de las leyes orgánicas a que la Constitución remite, especialmente cuando sientan los principios básicos que deben regir tal materia, así como por lo que se establece en su propia jurisprudencia. De ahí que, en materia de seguridad pública, además de lo que la Constitución dispone en su art. 149.1.29, sea necesario acudir a las regulaciones del Estatuto de Autonomía de Cataluña y a las leyes orgánicas que establecen las bases sobre la materia. De tal modo que, cualquier ley que se elabore debe seguir los criterios que derivan de este “bloque” y la ejecución y gestión de las normas también estará sujeta a ellos.

Entrando ya, pues, en el bloque de la constitucionalidad en materia de seguridad pública, como competencia exclusiva del Estado “sin perjuicio” de lo que antes he señalado respecto de las policías autonómicas, es necesario examinar la regulación del Estatuto de Autonomía vigente y de las leyes orgánicas que deban ser consideradas al respecto.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña (2006) dispone, en el art. 164 las competencias de la Generalitat en materia de seguridad pública, todas ellas, según su apartado 1, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación estatal. Ello equivale a decir, que lo que se establece en los otros párrafos y apartados, también debe ser realizado en el marco de la legislación estatal. Así, en el marco de la legislación estatal, la Generalitat tiene competencias:

  1. Para la planificación y regulación del sistema de seguridad pública de Cataluña y la ordenación de las policías locales.
  2. Para la creación y la organización de la Policía de la Generalitat (los Mossos).
  3. Para el control y la vigilancia del tráfico.

En el apartado 2 del art. 164 EAC, se atribuye a la Generalitat el mando supremo de los Mossos de Esquadra y la coordinación de las policías locales. Evidentemente, al tener que insertarse esta función en el marco del art. 149.1.29, la Generalitat, en el ejercicio del “mando supremo” ha de circunscribirse al hecho de las demás disposiciones del propio Estatuto y de lo que se derive de las leyes orgánicas que desarrollen el antecitado artículo constitucional.

El apartado 3 del mencionado art. 164 EAC atribuye a la Generalitat, en el marco de la legislación estatal sobre seguridad, una serie de facultades ejecutivas:

  1. Funciones gubernativas sobre el ejercicio del derecho de reunión y manifestación.
  2. Cumplimiento de disposiciones sobre protección de la naturaleza, medio ambiente y recursos hidrológicos.

El apartado 4 (art. 164.EAC) es el que regula la Junta de Seguridad, con composición paritaria Estado-Generalitat, presidida por el Presidente de la Generalitat (se trata de una presidencia no ejecutiva ni operativa). El párrafo comienza diciendo: “La Generalitat participa, mediante una Junta de Seguridad….”, para precisar a continuación las materias y funciones en las que la Generalitat participa (es decir, no son funciones suyas en exclusiva, que no pueden serlo porque la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado). La Generalitat, participa, pues, en;

  1. La coordinación de las políticas de seguridad y la actividad de las fuerzas policiales estatales y catalanas.
  2. El intercambio de información en el ámbito internacional (después se precisa cómo).
  3. Las relaciones de colaboración y auxilio con las autoridades policiales de otros países. Se añade que, de acuerdo con el Estado, la Generalitat estará presente en los grupos de trabajo de colaboración con los otros países.

El apartado 5 del art. 164 EAC regula las funciones de los Mossos de Esquadra, en el conjunto del territorio de Cataluña, como cuerpo de policía:

  1. La seguridad ciudadana y el orden público (ya ha sido explicado que la seguridad ciudadana es un aspecto de la seguridad pública, concernido a la defensa de los derechos y libertades en la vida cotidiana)-
  2. La policía administrativa, derivada de la normativa estatal.
  3. La policía judicial y la investigación criminal, incluido el crimen organizado y el terrorismo en los términos establecidos por las leyes. Señalo, explícitamente, que ello es “en los términos establecidos por las leyes”, es decir, por todo el conjunto normativo, de acuerdo con los principios de jerarquía y competencia que le son propios.

La Generalitat, pues, tiene competencias autonómicas, no competencias autónomas, que es un concepto muy distinto. Todas sus competencias en materia de seguridad pública han de ejercerse “en el marco de la ley” teniendo en cuenta el bloque de la constitucionalidad.

EL “COM

¿Cómo deben ser ejercidas las competencias, estatales y autonómicas, en materia de seguridad pública?

Las leyes que desarrollan o que están en conexión con el art. 149.1.29 CE, incluidas en el bloque de la Constitucionalidad junto con el Estatuto de Autonomía y la jurisprudencia constitucional, van a ser, pues, las que nos detallen cómo han de ser ejercidas las competencias, estatales y autonómicas en materia de seguridad pública. También es necesario incluir aquí, sobre todo por el interés público que ha suscitado la materia, la regulación de cómo deben insertarse las Comunidades Autónomas, en el marco de la participación de los Estados, en los organismos internacionales de seguridad.

Como, en el contexto de este artículo no va a ser posible examinar toda la normativa existente al respecto, voy a centrarme en las normas que son más relevantes en este ámbito:

De la Ley 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana, que es la que está actualmente en vigor, destacaremos las siguientes regulaciones:

  1. Dirección política: Corresponde al Gobierno, a través del Ministerio del Interior y de los demás órganos y autoridades competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes, la preparación, dirección y ejecución de la política en relación con la administración general de la seguridad ciudadana, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras administraciones públicas en dicha materia (art. 5).
  2. Cooperación y coordinación: La ley incluye la necesidad de cooperación entre la Administración General del Estado y las demás administraciones públicas con competencias en materia de seguridad ciudadana. Esta cooperación tiene que regirse, según dispone este mismo artículo, por los principios de cooperación y lealtad institucional, facilitándose la información de acuerdo con la legislación vigente y la asistencia técnica necesarias en el ejercicio de sus respectivas atribuciones. , y, cuando fuese preciso, coordinando las acciones destinadas a garantizar el cumplimiento de esta Ley (art. 6).
  3. Deber de colaboración: Todas las autoridades y funcionarios públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias y de acuerdo con su normativa específica, deberán colaborar con las autoridades y órganos a que se refiere el artículo 5, y prestarles el auxilio que sea posible y adecuado para la consecución de los fines relacionados en el artículo 3 [las finalidades de la seguridad ciudadana].

Ninguno de estos artículos es objeto del recurso de inconstitucionalidad que el Tribunal constitucional tiene que resolver. Como es lógico en todos los sistemas jurídicos en los que existen diversos niveles policiales, la dirección política corresponde al Estado, las administraciones regionales pueden cooperar bajo la coordinación del Estado y todas las autoridades y funcionarios públicos están sujetos al deber de colaboración. La coordinación, cooperación y colaboración han de estar presididas por el principio de lealtad institucional, que comporta el respeto a los criterios de jerarquía y competencia establecidos por la normativa vigente.

Con relación a la Ley 36/2015, de seguridad nacional hay que señalar, que el Tribunal Constitucional, en la sentencia 184/2016 antecitada, resolvió un recurso presentado por la Generalitat de Cataluña. La Generalitat argumentaba que el art. 24 de la mencionada Ley, cuando regula la competencia del Estado en las “situaciones de interés para la seguridad nacional” vulneraba sus competencias en materia de seguridad pública. La respuesta del TC fue negativa, considerando que las funciones que la Ley atribuía al Estado acerca de la coordinación en materia de seguridad no vulneraban el reparto competencial establecido en la Constitución porque:

  1. La seguridad nacional se integra en las competencias estatales de defensa y seguridad pública
  2. La situación de interés para la seguridad nacional se caracteriza por la coordinación reforzada entre administraciones
  3. La competencia estatal de coordinación presupone, lógicamente, la existencia de competencias autonómicas que deben ser coordinadas
  4. Ley de seguridad nacional contempla la participación de las Comunidades Autónomas en la situación de interés para la seguridad nacional, bien directamente en la misma gestión de crisis, bien a través del Consejo de Seguridad Nacional al que deben ser convocadas las Comunidades Autónomas en casos de afectación de sus competencias.

Es, pues, el Estado quien coordina, es decir, quien tiene la dirección política en todo aquello que afecte a la seguridad nacional, como materia subsumida en la institución seguridad pública. Las Comunidades Autónomas no dirigen la coordinación; pueden participar en los organismos que la tengan a su cargo, pero no son quienes coordinan, puesto que la coordinación corresponde al Estado.

Por último, haré referencia a la participación en Europol de los Estados que tienen varios niveles de policía. Para ello resulta básico el  Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2016.

Europol fue creada por la Decisión 2009/371/JAI del Consejo (formado por los Gobiernos de los Estados miembros de la UE) como una Agencia de la Unión financiada con cargo al presupuesto general de la Unión para apoyar y reforzar la actuación de las autoridades competentes de los Estados miembros y su colaboración mutua en la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y otras formas de delitos graves que afecten a dos o más Estados miembros.

El Reglamento de 2016 se adopta sobre la base del Programa de Estocolmo para poner al día esta Agencia Europea para sea un eje para el intercambio de información entre las autoridades policiales de los Estados miembros, un prestador de servicios y una plataforma de servicios policiales.

Con el fin de garantizar una cooperación eficaz entre Europol y los Estados miembros, debe crearse una unidad nacional en cada Estado miembro («la unidad nacional»). La unidad nacional debe ser el enlace entre las autoridades nacionales competentes y Europol,

 Habida cuenta de la estructura descentralizada de algunos Estados miembros y la necesidad de asegurar el intercambio rápido de información, Europol debe poder cooperar directamente con los servicios competentes de los Estados miembros, sin perjuicio de las condiciones definidas por los Estados miembros y manteniendo informadas a las unidades nacionales, cuando así lo soliciten estas últimas.

 Europol cuenta con diversos órganos en su interior. Entre ellos a destacar, en el conjunto del Reglamento:

  1. Un Consejo de Administración, en el que se integran la Comisión Europea y los Estados miembros, formado por titulares y suplentes nombrados teniendo en cuenta su especialidad y experiencia en materia de cooperación judicial. Es el máximo órgano decisorio. Lo forman un representante de la Comisión y un representante por cada Estado miembro, todos con derecho a voto.
  2. Un director ejecutivo, que debe ser su representante legal y administrador y actuar con independencia en el ejercicio de sus funciones.
  3. Un Responsable de la Protección de Datos, que debe estar en condiciones de desempeñar sus funciones y tareas con independencia y eficacia y debe estar dotado de todos los recursos necesarios para llevarlas a cabo.
  4. Equipos conjuntos de investigación, formados por varios Estados y Europol, creados sobre temas concretos.
  5. Un Consejo de Cooperación, donde estén representadas las autoridades nacionales de control, que será un órgano consultivo (no ejecutivo).

Por otra parte, cada Estado miembro designará a un agente como jefe de la unidad nacional así como un funcionario de enlace (las unidades nacionales se regulan en el art. 7 del Reglamento). La unidad nacional será el único enlace entre Europol y las autoridades competentes de los Estados miembros y los jefes de las unidades nacionales se reunirán periódicamente, en particular para debatir y resolver los problemas que se planteen en el contexto de su cooperación operativa con Europol. A reserva de las condiciones que determinen los Estados miembros, incluida la participación previa de la unidad nacional, los Estados miembros podrán autorizar contactos directos entre sus autoridades competentes y Europol.

Son pues, los Estados, quienes se integran en los órganos de Europol. Otras instancias, regionales o especializadas, pueden cooperar con Europol, pero siempre en condiciones definidas por las autoridades de los Estados. El Reglamento de Europol no integra directamente en la estructura de la Agencia a ningún órgano subestatal.

 El Reglamento regula minuciosamente el tratamiento que Europol debe dar a los datos, especialmente cuando se trata de datos personales y, sobre todo, la cesión de los datos. Son los Estados miembros (art. 20 del Reglamento) quienes tienen acceso a los datos de Europol. El Reglamento acepta (art. 21) que Eurojust (órgano de cooperación judicial) y OLAF (oficina de investigación financiera) tengan acceso indirecto a los datos cumpliendo con ciertos requisitos. Europol debe comunicar a los Estados las informaciones que les conciernan (art. 22). El art. 25 del Reglamento regula cómo realizar las transferencias de datos a terceros Estados y a organizaciones internacionales (no regula transferencias a órganos subestatales).

Toda la actividad de Europol está sometida al control del Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales, así como, en su caso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea o de los órganos judiciales nacionales según sean las responsabilidades que se adviertan.

Europol, es, pues, una Agencia de la Unión Europea en la que se integran los Estados miembros. Corresponde a cada Estado miembro la determinación de en qué forma, cumpliendo con todas las garantías que establece el Reglamento, otros órganos que no sean las unidades nacionales, puedan tener acceso o participación en actividades de Europol.


Creo que con esta información es posible comprender mejor el QUÈ, QUI, COMen relación con la seguridad pública. Si nos fijamos en ello tenemos indicadores bastante precisos para poder enjuiciar críticamente las informaciones aparecidas en medios de comunicación, en Cataluña y en el resto de España, acerca de los atentados en Barcelona y en Cambrils y sobre la actuación de los órganos políticos y policiales que han sido “noticia”.

Documentación:

Constitución española:

https://www.boe.es/legislacion/documentos/ConstitucionCASTELLANO.pdf

Estatuto de Autonomía de Cataluña:

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-13087-consolidado.pdf

Ley de protección de la seguridad ciudadana:

https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3442.pdf

Ley de seguridad nacional:

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/29/pdfs/BOE-A-2015-10389.pdf

Sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de seguridad nacional:

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2016_096/2015-07330STC.pdf

Reglamento de Europol:

https://www.boe.es/doue/2016/135/L00053-00114.pdf

Autor:Teresa Freixes

Fuente:http://www.elcatalan.es/qui-com-respecto-las-competencias-estatales-autonomicas-materia-seguridad/

27 Ago 17

Ahora es la hora de activar el 155, no de la Gürtel

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El autor defiende la oportunidad de recurrir al artículo 155 de la Constitución, por su eficacia y por su legitimidad, y critica que se dé más relevancia parlamentaria a la Gürtel que a combatir el ‘procés’.

¿Sería democrático que el voto de todos los españoles decidiera que alguna minoría fuera privada de su ciudadanía y se le concediera otra nueva? Pues menos aceptable aún es que unos pocos catalanes voten si se van, porque no pretenden irse a ningún sitio, sino que se quedarían físicamente donde están pero secuestrando la voluntad de sus convecinos que no quieren formar parte de esa aventura de cambiar sus derechos y sus garantías por otros inciertos. El procés no se puede resumir en si votar o no la independencia: es un proyecto de depuración ideológica perpetrado por los nacionalistas para evitar que se normalice un bilingüismo tolerante, apropiándose de la cultura catalana para sus objetivos políticos, dificultando incluso que algunos de los ciudadanos que viven en Cataluña eduquen a sus hijos en la otra lengua oficial.

¿Cómo debe hacerse frente a esa deriva totalitarista? Abandonando en primer lugar toda equidistancia. El independentismo sería una opción política legítima de quienes piensan que España es un estado fallido, en su esencia democrática, no en la circunstancia de los malos gobernantes que tenga. Pero quienes no lo pensamos así, debemos oponernos a que esa opción política intente hacerse camino por otros cauces que los constitucionales y democráticos, que son los que garantizan los derechos políticos de todos.

Por eso, es preciso oponerse a un referéndum ilegal no solo negando su validez sino impidiéndolo en cualquier forma porque se trataría de un auténtico acto de violencia contra el estado de derecho, que es la base de nuestras libertades y también de nuestras instituciones, incluidas por supuesto las catalanas. Cuando los gobernantes de Cataluña amenazan con no acatar la Constitución y violar la ley (elaboración secreta de un censo, desviar fondos para actividades prohibidas…) no están ejerciendo una opción legítima de contradecir al gobierno central sino que están abandonando a los ciudadanos a los que representan porque rechazan que sus decisiones se sometan al imperio de la ley, la misma ley que ha permitido su elección y que es origen de su poder.

Tras los execrables atentados de la semana pasada, hay variedad de opiniones sobre cómo afectan al procés. Creo que lo único que debe importarnos a los demócratas es constatar que los cabecillas de la insurgencia han dejado claro que no desisten. El consejero de Interior aseguró este lunes que, de cara al 1 de octubre, los Mossos d’Esquadra obedecerán “siempre las decisiones del Parlamento de Cataluña que es de donde emana la voluntad popular de nuestro país” (qué farsa supone por cierto un referéndum cuando de entrada asumen que son independientes de la ley española, así que preparémonos a que empiecen a poner excusas para lanzarse a proclamar directamente la independencia en un balcón). Además, en su falta de escrúpulos para servirse hasta de la respuesta al atentado para intentar demostrar la viabilidad de una Cataluña independiente, cometen la felonía de desdeñar el compromiso –que llegó al sacrificio de muchas vidas– de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo en Cataluña, al excluirlos del reconocimiento que el Parlament va a dedicar solo a los Mossos.

Antes, durante y después del 1 de octubre los tribunales actuarán, pero necesitarán la ayuda de los demás poderes. El judicial ordinario no se bastará porque solo puede juzgar a toro pasado, de manera que las posibles inhabilitaciones o incluso condenas más severas, no podrían impedir preventivamente la comisión de delitos. El Tribunal Constitucional tampoco porque, pese a sus cuestionadas prerrogativas extendidas, debe concentrarse en ser intérprete de la Carta Magna y árbitro entre las demás instituciones, guardando como última ratio su capacidad ejecutiva de intentar frenar un delito anunciado.

Es necesario por lo tanto la colaboración del ejecutivo y del legislativo, fijando el Parlamento la línea de actuación que debe implementar el gobierno. “Es la hora de la política”, reclaman muchos de quienes critican al gobierno por judicializar la respuesta a los independentistas. ¿Qué es más político que el Parlamento decida –tal como prevé el artículo 155 de la Constitución– cómo actuar ante las amenazas de ruptura del representante ordinario del estado en una comunidad autónoma(papel que la Constitución encomienda al presidente de la Generalitat)?

El 155 no supone en absoluto la suspensión de una autonomía, ni siquiera está previsto que se pueda destituir a ningún cargo electo; es una falsa versión con que intentan denigrarlo los nacionalistas. Que los partidos constitucionalistas eviten aplicarlo demuestra su tibieza frente al chantaje de los nacionalistas, que han logrado tomar como rehenes las partes que menos les interesan de la ley. Ese artículo sencillamente prevé un debate político y una votación expresa, precisamente en el Senado –la cámara territorial–, para frenar a los gobernantes autonómicos que intenten situarse al margen de la ley. De igual modo que, cuando es el gobierno central el que no cumple, la representación nacional puede exigirle responsabilidades –por ejemplo a través de una moción de censura–, el 155 permite que el Parlamento tenga también ese rol de contrapeso respecto a las instituciones autonómicas. No es un artículo recentralizador: valdría también ante un presidente de comunidad autónoma que pretendiese dejar en suspenso una transferencia de competencias ya fijada en su estatuto de autonomía.

Ese artículo es por lo tanto tan constitucional como los demás. No es deseable llegar a utilizarlo, porque no es deseable encontrarse con tamaña deslealtad como la de los actuales representantes de Junts pel Sí y la CUP. Ya no basta con que, como en el 9-N, lleguen a dar cuenta de sus delitos ante los tribunales; es preciso actuar más ágilmente para que no desestabilicen el orden constitucional y afecten gravemente los derechos de los ciudadanos, especialmente los que residen en su propia comunidad autónoma.

“De todas formas ya no da tiempo a aplicar el artículo 155”, indicaron desde el gobierno, prefiriendo como la oposición dejar toda la responsabilidad a los jueces, mientras que los políticos se hablan a través de los medios en lugar de tomar decisiones en el Parlamento. No es cierto: ni la Constitución ni el Reglamento del Senado regulan plazo alguno, solo unas etapas necesarias que podrían tratarse con la celeridad que el desafío merece y podrían solventarse en cuestión de días. Sería ridículo que las instituciones se impusiesen plazos excesivos que hagan inoperante un mecanismo constitucional previsto para casos graves que pueden acontecer de manera mucho más acelerada que este “golpe de estado a cámara lenta”. No es demasiado tarde ni para que la oposición reclame ni para que el gobierno ofrezca que se active ya el 155 para implicar a todas las fuerzas parlamentarias en la respuesta al órdago independentista. En lugar de preocuparse por qué dirán los nacionalistas porque se aplique la Constitución, los partidos constitucionalistas deben ponerse a debatir cómo utilizar por primera vez el 155 que no consiste solo en votar sí o no, sino sobre todo en ponderar las medidas adecuadas.

Contrariamente a las denuncias ante los tribunales, que solo pueden llegar cuando se van haciendo realidad los distintos actos preparatorios, el 155 es política y permite anticiparse, dando respuesta a las amenazas ya verbalizadas por los jefes independentistas (“ya tenemos las urnas y el censo”, “los Mossos desobedecerán”, etc.), que no cesaron ni durante el periodo de duelo de los atentados. “Estamos con el estado, pero no con este gobierno”, declaró Pedro Sánchez hablando de Cataluña al iniciar su nuevo mandato. Esta proclama no puede valer en términos generales, hay momentos en que es necesario respaldar al ejecutivo en sus funciones en defensa del orden constitucional –lo que no excluye disentir de él, dialogar en el Parlamento, pero acabar acatando unos y otros lo que se decida–.

Por eso, resulta inoportuno que parte de la oposición (PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, Bildu) recurra precisamente ahora a un mecanismo tan extraordinario como una comparecencia ante el pleno del Congreso del presidente del gobierno fuera del periodo de sesiones, para tratar de un tema menos relevante que el pulso a la Constitución que en estos momentos mantienen el gobierno y parte del parlamento catalán. Sí, el caso Gürtel es menos trascendente en términos absolutos que el procés. Pero además, se trataba de una comparecencia ya prevista en comisión de investigación y en la que la imagen de Rajoy apenas se verá más cuestionada que cuando se conocieron los principales datos que evidenciaron su responsabilidad política (los SMS a Bárcenas), que ya provocaron un pleno extraordinario en agosto de 2013.

No resulta pues oportuno ese pleno ni en plazo ni en formato. Sí lo sería que el Senado se reuniera para activar el 155. Además, ¿qué mejor preludio al futuro debate de la reforma de nuestra Constitución que valorar serenamente los términos de aplicación de un artículo que cumple una función imprescindible para atajar los incumplimientos a la necesaria lealtad federal? Querer mejorar la Carta Magna significa valorarla y respetarla, para “llegar de la ley a la ley a través de la ley”, así que no podemos negar validez a la integralidad del texto vigente.

Creo que los actuales gobiernos central y catalán pagarán electoralmente algún día su irresponsable estrategia de “cuanto peor, mejor” que buscan al forzar su antagonismo. Pero tampoco es aceptable intentar sacar rédito en las urnas de repartir la culpa a partes iguales entre el PP y los independentistas: no es lo mismo un gobierno incompetente, incluso manchado por la corrupción, que unos enemigos declarados del orden democrático y legal. Pero aún no es tiempo de elecciones.

La fecha elegida por los independentistas para escenificar su fanatismo totalitarista no puede ser aceptada por los demócratas como punto de partida ni de llegada de nada. No hay que esperar al 1 de octubre para que los partidos comprometidos con las libertades y derechos que recoge nuestra Constitución hagamos frente común para defenderlos. No hay que esperar al 1 de octubre para afirmar que lo mejor de Cataluña en España, y de España con Cataluña, en términos democráticos como de progreso social y económico, lo debemos seguir recorriendo juntos.

Autor: Víctor Gómez Frías

Fuente:http://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20170823/241345867_12.html

26 Ago 17

Trámites para la izquierda

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La izquierda debe aclararse para conseguir su magno objetivo: echar a Rajoy

El sábado pasado, Marta Fernández preguntaba en este periódico a varias personas de izquierdas qué era ser de izquierdas. La conclusión resultaba muy interesante: casi nadie sabía qué quería decir hoy ser de izquierdas. Lo más concreto, aunque no muy profundo ni brillante, era: “Hay que echar a Rajoy”.

 Me recordó a aquel antiguo decano de Derecho de Madrid que en los años sesenta, al proponerle una comisión de estudiantes que la Facultad se pronunciara como institución que se echase a Franco, les replicó con cínica parsimonia: “Estoy de acuerdo con ustedes pero para eso hacen falta algunos trámites”. Pues bien, creo que estamos ante un caso parecido. Es decir, se trata de invertir el procedimiento: primero los trámites y después echar a Rajoy o, mejor dicho, si los trámites se hacen bien, los electores españoles en las próximas elecciones no darán la mayoría al PP.

Porque si de partidos políticos tratamos, a nivel nacional hoy tenemos dos partidos que son considerados de izquierdas, el PSOE y Unidos Podemos. Pero ni eso, porque en la crónica a la que nos referíamos, la misma Irene Montero rehusaba considerarse de izquierdas porque al ser requerida para que situara a Podemos del 1 al 10 en el eje derechas/izquierdas, sostenía: “Podemos no cabe en ese eje. La gente que construye Podemos y que se siente de Podemos no tiene por qué calificarse en esa escala”. Y tenía sentido esta respuesta: Podemos no se mueve en ese eje, es más abierto y transversal, más inclusivo, aunque desde luego también más confuso, impredecible, cambiante, es decir, más populista.

 Más serio, como partido de izquierdas, parece el PSOE, porque arrastra una larga tradición y puede exhibir la realidad de un proyecto cercano y cumplido, el del felipismo, es decir, la implantación de un Estado Social en España a lo largo de los años ochenta y noventa. Pero después, con Zapatero, vino lo de la “memoria histórica”, que en sí mismo dudo que sea de izquierdas —igual puede ser de derechas, también el franquismo nos fijó una historia oficial— y ahora Pedro Sánchez nos suelta lo de la plurinacionalidad, que aún no sabemos muy bien lo que es.

Así pues, quizás el principal trámite que le falta a la izquierda es aclararse: establecer qué valores sociales y políticos defiende y cual será su programa de gobierno para cuando gane unas elecciones. Cumplidos estos trámites, entonces sí, estará en condiciones de echar a Rajoy, ese magno objetivo.

Autor: Francesc de Carreras

Fuente: https://elpais.com/elpais/2017/07/25/opinion/1501005967_716881.amp.html

25 Ago 17

¿Federal o plurinacional?

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La plurinacionalidad puede desembocar en el caos; no está en las constituciones europeas

Entre las resoluciones aprobadas por el PSOE en su último Congreso figura la defensa del carácter “plurinacional” del Estado y la propuesta de modificar la Constitución para incluir esa fórmula en el artículo 2 en el marco de una reforma en clave federal.

Los partidarios de la opción plurinacional se basan en la distinción entre dos conceptos de nación (cultural y político). La nación política es soberana mientras que las naciones culturales no lo son. Junto a la única nación política existente —dotada de soberanía— que es España, habría que reconocer la existencia de un número indeterminado de naciones culturales. Para defender esta interpretación del Estado Constitucional vigente no hace falta ninguna reforma. El actual artículo 2 ya menciona junto a la “indisoluble unidad de la nación española”, titular de la soberanía indivisible, la existencia de “nacionalidades y regiones” a las que se les reconoce el derecho a la autonomía política. La introducción del concepto de “nacionalidades” en el artículo segundo de la Constitución supuso ya reconocer la existencia de “naciones culturales”.

Nación cultural es el significado que hay que dar al término “nacionalidad” del artículo 2. Inicialmente no eran muchas, pero el jardín de las naciones ha ido floreciendo. Aragón, por ejemplo, al constituirse en comunidad autónoma no se consideró nacionalidad sino región, pero con el tiempo, a los dirigentes políticos de la comunidad, región les supo a poco y optaron por convertir la región en nacionalidad. Lo mismo hicieron otras. Según el artículo 2, España ya es una nación política que reconoce la autonomía de las naciones culturales (nacionalidades). Si esto es lo que defiende el PSOE, no se comprende que reclame una reforma del artículo 2. La reforma que se propone tiene otro significado y alcance.

Aunque la Constitución reconozca la existencia de una serie de naciones culturales, España no es un “Estado plurinacional”. Y no puede serlo porque como Estado democrático es un Estado de ciudadanos y no de naciones. La fórmula propuesta por el PSOE para contentar a las fuerzas nacionalistas supone considerar a las naciones como elementos constitutivos del Estado. En esto consiste el verdadero alcance del término “Estado plurinacional”. La existencia de naciones culturales ya está reconocida por la Constitución, lo que no lo está es la consideración de las mismas como elementos constitutivos del Estado.

Esta es la contradicción intrínseca de la propuesta. Cuando sus promotores subrayan que defienden la concepción de España como una única nación política, parecen olvidar el significado ideológico de la nación política. La nación política no es solo la nación soberana, sino sobre todo la “nación cívica”, es decir, compuesta por ciudadanos libres e iguales en derechos. Esa nación cívica —el presupuesto del Estado constitucional— es incompatible con cualquier definición del Estado como plurinacional. El Estado constitucional está integrado por ciudadanos (iguales) y no por naciones (diversas). No es la soberanía, sino la libertad y la igualdad lo que está en juego. La defensa del “plurinacionalismo” supone sacar del desván de la historia uno de los artilugios del pensamiento reaccionario: la noción romántica de nación, definida por elementos culturales y sentimentales, que ha sido siempre combatida por la izquierda consecuente preocupada por la igualdad y por construir Estados (más que naciones) de ciudadanos libres.

El Estado federal es incompatible con la lógica de la plurinacionalidad. Está basado en la igualdad sustancial de los entes que lo componen mientras que el Estado plurinacional presupone la desigualdad. La definición constitucional del Estado como plurinacional obligaría a precisar el número de naciones que lo integran. Hoy esto no es necesario porque, al no ser las nacionalidades (y regiones) elementos constitutivos del Estado, su número puede variar sin consecuencias prácticas. Y exigiría determinar que consecuencias jurídicas se derivan para los ciudadanos de una entidad territorial que esta sea calificada como nación. Si suponen algún tipo de ventaja, los ciudadanos de Cartagena podrían también querer definirse como “nación”. Y los de León, y los de La Gomera, etcétera.

La fórmula “plurinacional” puede desembocar fácilmente en el caos y no aparece en ninguna Constitución democrática de Europa. Solo la recogen las Bolivia y Ecuador. El PSOE debe aclarar si su modelo territorial es Alemania (como paradigma del federalismo) o Bolivia.

Autor: Javier Tajadura Tejada

Fuente: https://elpais.com/elpais/2017/08/07/opinion/1502102558_334125.html

24 Ago 17

Los abstemios

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Quienes se abstienen en materia nacionalista quieren quedar como héroes de la intemperie y vivir bajo techado. Abstenerse entre nuestros derechos y los radicalismos que pretenden desmontarlos es ser un cínico o un imbécil

En su Diccionario del diablo,Ambrose Bierce define al abstemio como “una persona de carácter débil, que cede a la tentación de privarse de un placer”. Los bebedores, que somos un grupo humano de excepcional tolerancia y amplitud de miras, no tenemos prejuicios contra los abstemios, pese a recordar que Adolf Hitler y Donald Trump figuran en sus filas. No se debe juzgar a un colectivo por sus miembros más defectuosos, tal es nuestro lema. De modo que nada tenemos contra quienes reconocen que no beben porque les sienta mal el alcohol, no les gusta su sabor, padecen dispepsia o se marean enseguida, lo que les lleva a conductas inapropiadas como cantar jotas o confesar desfalcos. Nuestro respeto y compasión fraterna para todos ellos. Pero a quienes no podemos aguantar es a los que para justificar su abstinencia calumnian a la bebida como fuente de todos los males imaginables, violencia familiar, accidentes de tráfico, acoso a vírgenes de ambos sexos, cirrosis, calvicie y otras plagas más. Estos vocingleros pretenden situarse más allá de todas las bodegas de la vida y miran por encima del hombro a quienes consumen plácidamente su aperitivo. No se dan cuenta de que confunden el uso con el abuso y consideran abuso a todo uso que ellos no comparten. Ni que decir tiene que algunos exalcohólicos suelen ser los más intransigentes… lo cual tiene un punto disculpable.

He notado que frente a ese brebaje embriagador que es el nacionalismo se da una actitud parecida. Me refiero ante todo al gremio de literatos y artistas, lo que nuestro padre Hegel llamaba “almas bellas”, es decir, quienes “temen empañar con la acción la honestidad de su interior y que para no renunciar a su refinada subjetividad sólo se expresan con palabras y cuando pretenden elegir se pierden en absoluta inconsistencia”. Ante la droga arrebatadora del nacionalismo, se encabritan como potros que ven una víbora en su camino. No comparten los fervores separatistas del nacionalismo en Cataluña o el País Vasco porque abominan de cualquier planteamiento nacional, sea el que sea. No quieren tener nada que ver con la nación porque siempre contagia y mancha de vulgaridad procelosa a los espíritus superiores. Adscribirse a una nación es cosa anticuada y sumamente peligrosa, que arrastra a los mayores desafueros. Nunca se han sentido españoles, ni un minuto, ni en sueños y por tanto tampoco vascos, catalanes o lo que sea. Todo lo más palpitan por una aldea del recuerdo, un barrio, un paisaje de infancia… Detestan las banderas, cualquiera que sea su juego cromático, porque todas obligan a la bandería y acotan la amplitud sin puertas del campo en la estrechez del terreno para la liza o la batalla. Y todas las fronteras les resultan igualmente odiosas, sea vistas del lado de aquí o del de allá. Ellos se sienten libres de la obligación obnubiladora de elegir que esclaviza a los ingenuos y a los devotos.

Como todo lo individualista suele serme simpático, también siento un momento de cercanía hacia estos estrépitos. Después de todo, tengo escrito un libro titulado Contra las patrias (aunque resulta ser poco abstemio más allá del nombre, la verdad). Pero el postureo estético cada vez me resulta más indigerible. Cosa de los años, sin duda. Pienso que en un mundo en que tantos sufren por culpa de la traición de las palabras, ninguno debemos hacer piruetas (siempre con red, desde luego) con ellas y sobre ellas. Es nuestro deber explicar claramente lo que tenemos por imprescindible, aunque nos haga desmerecer a los ojos más ilusionados. Los abstemios en materia de nacionalismo a los que me refiero son personas inteligentes que sólo se permiten adoptar el disfraz festivo de la insensatez ante los medios de comunicación. Privadamente conocen y valoran su ciudadanía nacional, aunque prefieran disfrutar de sus cívicas ventajas discretamente, sin hacer pedagogía de tales beneficios para aquellos que viven sometidos sin remedio a la devastación populista. Quedar como héroes de la intemperie y vivir bajo techado, ése es su ideal. Los más articulados, para justificarse, nos dicen que naciones, banderas y ardores patrióticos han traído sangre y dolor, lo cual es indudable. Pero también los lazos familiares y el amor son motivo de corruptelas, nepotismo, celos fatales, venganzas, ceguera interesada o simple ridiculez beata y no hay muchos que proclamen: “Nunca me he sentido ni por un minuto padre de mis hijos”, “aborrezco el amor fraterno”, “me da lo mismo mi madre que la del vecino” o “enamorarse es exagerar enormemente la diferencia que hay entre una persona y otra” (esto es de Bernard Shaw, claro).

Uno puede querer a los suyos sin caer en nepotismo ni tampoco volverse nacionalista, lo mismo que todos tenemos apéndice pero no todos padecemos apendicitis (y esto es de Julián Marías, quede constancia). Como señala Timothy Snyder: “Un nacionalista nos anima a ser la peor versión de nosotros mismos, y después nos dice que somos los mejores”. Pero es sensato y muy aconsejable apreciar el Estado de derecho y los símbolos nacionales que lo acompañan porque es el respaldo de la ciudadanía que nos permite la libertad dentro de la igualdad, o sea, “ser diferentes sin temor” (Odo Marquard, última cita, lo juro). Ser abstemio entre las convenciones que consagran nuestros derechos y los radicalismos que pretenden desmontarlas es ser un cínico si la duda es fingida o un imbécil si es falsa.

Pero lo que pretenden sobre todo evitar estos abstemios es que les tomen por gente de derechas, defensores de “lo establecido” (en lo cual, sea lo que fuere, tan favorablemente viven). Ser de izquierdas es optativo, pero no parecer de derechas es obligatorio. Coram populo, la única trinchera segura y aceptable es siempre la que está contra el Gobierno. Por eso nunca olvidarán, si arriesgan alguna crítica al separatismo antilegal en Cataluña, mencionar enseguida el “inmovilismo” de Rajoy. Es algo reflejo, una sinapsis, Pavlov habría disfrutado: si el Gobierno dijese que la tierra es redonda y la izquierda que es plana, ellos dirían que no es plana pero que ya están hartos de la arrogancia de quienes dicen que es redonda. Desde luego, no faltan razones para censurar el inmovilismo gubernamental: en mi opinión, si hubiera actuado con la contundencia debida cuando empezaron los desacatos, algunos personajes o personajillos del procés habrían pasado una temporada en la cárcel y ahora estaríamos hablando de problemas importantes y no del referéndum de nunca acabar. Pero claro, no es esto lo que los abstemios hubieran querido tampoco. Porque lo que ellos quieren es… pero ¿qué quieren los abstemios, además de agua, mucha agua para lavarse las manos de lo que pasa?

Autor: Fernando Savater

Fuente: https://elpais.com/elpais/2017/08/07/opinion/1502106655_576373.html

23 Ago 17

Recordando al Señor Lobo

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Una de las consecuencias más pedestres de la salvajada yihadista en La Rambla ha sido el ataque de autoestima desquiciada que han sufrido algunos procesistas ante la actitud de las autoridades locales y de los Mossos d’EsquadraConvencidos de que no hay mal que por bien no venga, han venido a decirnos que, gracias al atentado, Cataluña se ha portado como un Estado de verdad que no necesita ni quiere la ayuda y la solidaridad del resto de España.

Este delirio queda perfectamente sintetizado en un tuit del inefable Hèctor López Bofill en el que se deshace en elogios a Cocomocho y la policía autonómica por hacer, simplemente, lo que se espera de ellos en momentos de crisis. De ahí pasamos a la pornografía sentimental ya habitual en este tipo de desgracias: somos estupendos, no necesitamos a nadie para solucionar nuestros problemas y lo hacemos todo de maravilla. Como diría el Señor Lobo de Pulp fiction, “Caballeros, creo que aún es demasiado pronto para empezar a chuparnos la polla mutuamente”.

Dejando aparte las confusas explicaciones del mayor Trapero y las puntualizaciones nacionales del conseller Forn, uno detecta ciertas negligencias en el tratamiento del asunto. Ya sé que es muy fácil hablar a toro pasado, pero cuesta entender que unos terroristas okupas se tiraran seis meses dedicados a sus cosas en una casa de Alcanar sin que nadie se interesara por ellos y sus actividades, pese a que se les había visto entrando bombonas de butano a cascoporro. Tal vez una visita de los Mossos podría haber arrojado cierta luz sobre el tema, digo yo. Pero ya sabemos que el asunto de los okupas se afronta en Cataluña con una pachorra digna de mejor causa y que la ley no se distingue precisamente por defender los derechos del okupado, por lo que no es extraño que dos terroristas cutres hayan tenido todo el tiempo del mundo para preparar sus bombas. Afortunadamente, como no tenían muchas luces, han acabado explotando con sus propios artefactos, en la mejor tradición de Terra Lliure.

Observo también negligencia en el caso del imán de Ripoll. No sé si controlar a los predicadores islámicos depende del Gobierno central o del autonómico, pero no puede ser que acojamos al primer radical que nos envían sin conocer su historial, que en este caso incluye unos añitos de cárcel por tráfico de drogas. En Bélgica, donde esta lumbrera intentó ejercer su apostolado, le pidieron el certificado de penales y no le volvieron a ver el pelo. La desidia ante los okupas es la misma que se ha adoptado ante el montón de salafistas que tenemos por aquí y en cuyas mezquitas no sabemos lo que se dice ni lo que se hace, que en el caso que nos ocupa era adoctrinar a jovenzuelos como aquellos curas vascos que fabricaban etarras con feligreses adolescentes.

Si los nacionalistas quieren creer que un atentado nos convierte en Estado, allá ellos, pero yo estoy con el Señor Lobo y creo que es un poco pronto para que empiecen a comerse el rabo unos a otros.

Autor: Ramón de España

Fuente: https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/manicomio-catalan/recordando-senor-lobo_82967_102.html

18 Ago 17

La falacia de la ‘nación de naciones’

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El mayor éxito del independentismo catalán hasta la fecha ha sido que todos los partidos y medios de comunicación incorporen su terminología. Partiendo de una posición de debilidad que necesitaba evitar llamar a las cosas por su nombre, los nacionalistas han conseguido que el uso de eufemismos como “derecho a decidir” o “desconexión” sea convencional.

Por poner unos ejemplos, en vez de decir que quieren ejercer el derecho de autodeterminación para crear un nuevo estado, como saben perfectamente que no cumplen con los requisitos establecidos por las Naciones Unidas para llevarlo a cabo, se crea el eufemismo del “derecho a decidir”, que no existe jurídicamente y que no tiene contenido en sí mismo, más allá de esconder lo que realmente se pretende, que es la creación de un estado catalán; asimismo, en vez de decir claramente que se pretende romper con el orden constitucional y democráticamente establecido o se afirma que el tránsito a una república catalana se hará sin problemas legales, pasando de la ley a la ley, dejando de aplicar las leyes españolas para aplicar sólo las catalanas. Se pervierten los conceptos, utilizando un lenguaje equívoco.

A partir de la épica que viene suponiendo la incitación emocional a la desconexión con España, dirigida a la creación de esa nueva república, los nacionalistas han logrado que los mencionados eufemismos “derecho a decidir” y “desconexión” se hayan adoptado por todos, formen parte del debate social y político. Incluso han pretendido apropiarse del concepto de democracia, contraponiéndola a la ley, afirmando que la ley no puede coartar a la democracia, para justificar de este modo que el ejercicio del “derecho a decidir” sea visto como ejercicio democrático aunque no encaje dentro de nuestro orden jurídico.

Esta estrategia, además de lograr una ventaja táctica imponiendo una semántica política que encuadra el debate a su favor y hace bascular la argumentación hacia sus postulados desde una sofística desconocida en tiempos de democracia, ha permitido a los independentistas que este relativismo desborde el ámbito sociopolítico y se extienda al campo de los conceptos jurídicos. Basándose en el peor Schmitt, rechazando el parlamentarismo democrático pluralista en aras de la construcción de su estado nacional, este tipo de nacionalismo rompe con el significado de las instituciones, pervirtiéndolas, desnaturalizándolas y haciéndoles operar jurídicamente fuera de su propio significado.

El voto, por ejemplo, que es la expresión de la voluntad individual, pretende también ser superado por la presencia de las masas en las plazas y las calles, perdiéndose así las garantías de la expresión de un derecho de participación propio de cada persona en democracia, sistema que pasa a ser la expresión líquida de las aspiraciones de un grupo, más o menos numeroso, que pretende sustituir a todo el cuerpo electoral e imponer su voluntad, siempre parcial, por ser una parte, al todo.

Este “todo vale” ha llevado también a la aparición recurrente de supuestos conceptos políticos como el de la plurinacionalidad, que aceptan tácitamente y acríticamente el ideario nacionalista que explica España como una realidad geográfica carente de continuidad Histórica propia. Una mera colección de nacionalidades, una negación de una realidad histórica, política y jurídica. No se trata de una disquisición menor o meramente tangencial, sino que afecta de plano a la definición de nuestro espacio de convivencia.

El corolario de esta tesis es, para algunos, una reforma constitucional que se pretende formal. Sin embargo, la plurinacionalidad no gravita en una mera reforma para adaptar el texto constitucional a unas nuevas necesidades, sino que acarrea un proceso constituyente para remplazar la actual Constitución, habida cuenta de que los principios que fundamentarían la aprobación del texto están más allá de la constitución existente, con la cual tendría que romper necesariamente. Estaríamos, pues, ante un acto constituyente basado en falacias políticas y anacronismos históricos. Dado que la Soberanía Nacional reside en el pueblo español y ambos son, por mandato constitucional, indivisibles.

La plurinacionalidad abocaría a la voladura del actual sistema constitucional y a la adopción de otro modelo que nos colocaría en las antípodas de los sistemas constitucionales de nuestro entorno. Como cualquiera de nuestros vecinos europeos, España es más que la suma de sus partes. No hay nada en nuestro pasado en común que nos aboque a la excepcionalidad.

Nuestro texto constitucional hace referencia al pueblo español como sinónimo de ciudadanía, no de etnia. Y lo hace para subrayar la igualdad de derechos y obligaciones y la ausencia de privilegios arbitrarios de supuesto origen histórico. La Constitución Española incluye unos valores políticos plurales que transcienden los particularismos identitarios al definir al sujeto político. Consagra incondicionalmente las libertades y el bien común desde la igualdad y el respecto a la ley. Una Constitución forjada en estos principios es un valor en sí misma. Es el fruto de una libre asociación de personas unidas por lazos de ciudadanía. No es un punto final, sino un punto de partida para construir una comunidad cívica de iguales, partiendo de la premisa de que no hay democracia sin ley y que la ley se inserta en la democracia.

Autores: Teresa Freixes y Santiago Mondéjar
Fuente: http://www.elcatalan.es/la-falacia-la-nacion-naciones/

2 Ago 17

Guillermo del Valle participa en la tertulia “Sin Complejos”

comunicacion

En el siguiente enlace podéis encontrar el programa radiofónico ” Sin Complejos” en el que participó nuestro portavoz adjunto Guillermo del Valle.

http://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2017-07-29/sin-complejos-completo-29072017-el-problema-de-rajoy-con-el-referendum-116166.html