LA IZQUIERDA REACCIONARIA: SÍ A LOS PRIVILEGIOS.

Publicado por el 5/12/2017. Categoría: Editorial

La semana pasada fue aprobado en las Cortes el nuevo cupo vasco, con la aquiescencia de toda la izquierda oficial de ámbito presuntamente nacional. Sobradas son las pruebas de que el cálculo del cupo, realizado con arreglo a criterios de oportunidad política, es profundamente opaco y arbitrario. Es positivo que se escuchen voces, cada vez más generalizadas, que denuncian este cálculo, por ser contrario a los principios de transparencia y de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos, principios clave en nuestra arquitectura constitucional. Sin embargo, es incierto que calcular correctamente el cupo y mantener inalterado el reconocimiento del concierto económico vasco y el convenio navarro sea una medida suficiente. Constituiría un avance indudable en términos democráticos y de igualdad, pero validaría el mantenimiento de un régimen fiscal excepcional que hunde sus raíces en una serie de tejemanejes decimonónicos que nada tienen ver con la actual democracia parlamentaria que es España. La relación entre estos regímenes fiscales y los derechos históricos también reconocidos en la Constitución es inescindible. Desde una óptica moderna y democrática, según la cual los titulares de los derechos son los ciudadanos y no los pueblos preconsituidos – pretendidamente investidos de una suerte de legitimidad primigenia y anterior a las leyes democráticas, cuya fuente última residiría en las profundidades (siempre arbitrarias) de la Historia – ni los regímenes fiscales excepcionales para dos Comunidades Autónomas, ni sus pretendidos derechos históricos tienen razón de ser. En democracia, son las leyes comunes e iguales para todos las que nos hacen ciudadanos. Las peculiaridades identitarias son personales, o tal vez grupales y perfiladas con arreglo a criterios – como la renta o la extracción social y familiar – que les son ajenos a los nacionalistas, permanentemente obsesionados con el mantra de las identidades. En todo caso, esas diferencias no pueden operar ab initio, ni ser el filtro a través del cual se accede a los derechos de ciudadanía. Sólo una vez garantizados éstos en pie de igualdad para todos los ciudadanos del demos, se puede aceptar que cada uno de nosotros construya sus afinidades y decisiones de la manera que mejor prefiera. Existe, por tanto, un derecho a la diferencia, pero no puede aceptarse la diferencia de derechos. Aunque el cupo se calculase correctamente, de forma transparente y no arbitraria, la naturaleza del concierto estaría completamente reñida con el principio de igualdad de todos los ciudadanos españoles.

Y es aquí donde podemos y debemos analizar el comportamiento de la izquierda oficial, de ámbito pretendidamente nacional. ¿Por qué esa izquierda, antaño instalada en el pacto del Tinell, reconocible por su visceral y ubicuo rechazo al PP (muchas veces justificado), no tiene problema alguno en aceptar esa hedionda pinza con la derecha de aquí y de allá para blindar y ampliar el privilegio? No sorprende que un partido fundado por un racista empedernido como Sabino Arana y profundamente arraigado en la sacralización del fetiche de la diferencia, mire única y exclusivamente el interés particular frente a cualquier criterio de justifica, equidad o igualdad, siempre de vocación universal y, por tanto, incompatible con el adn del dogma nacionalista. Se entiende, en fin, que los nacionalistas sean nacionalistas; e incluso que los partidos conservadores, regionalistas y foralistas preponderen sus intereses particulares a los  intereses generales. Es su identidad ideológica y son consecuentes con ella. Tampoco debe sorprender que los neoliberales más furibundos aplaudan la lógica del cupo vasco, y preconicen la necesidad de generalizarla para todas las CCAA. Dentro de su cosmovisión, nunca han rechazado la competencia fiscal entre CCAA, la libertad para deslocalizarse dentro y fuera de España, y la inconveniencia de una verdadera solidaridad fiscal entre ricos y pobres dentro de un mismo espacio político. No parece muy congruente esperar a que sean los oráculos liberales quienes reclamen una Europa armonizada fiscalmente, sin espacio para paraísos fiscales y deslocalizaciones, ni tampoco una España donde el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, por ejemplo, sean exactamente los mismos en todas las CCAA. Es más, la mayor parte de sus prebostes defienden una descarnada competencia fiscal que permita  rebajar lo más posible toda carga fiscal… o incluso eliminarla. De ahí que, no exentos de congruencia, hayan aplaudido la rebaja del Impuesto de Sociedades en el País Vasco justo tras la aprobación del nuevo cupo. En las filas de la derecha, a pesar de sus dispares y a veces incompatibles fuentes ideológicas, se entiende bastante bien que se defiendan las particularidades y los privilegios, frente a los valores de igualdad, solidaridad y equidad social, y frente a las políticas de redistribución fiscal.

Es, sin embargo, la izquierda aquella de la que esperaríamos que proviniesen las voces más claras y diáfanas contra cualquier quiebra de los principios de igualdad y solidaridad entre conciudadanos. No se trata de escudarse tras las tramposas balanzas fiscales ni los anacrónicos derechos históricos para ocultar la realidad: son los ciudadanos los que pagan impuestos, y el principio de progresividad fiscal que garantiza nuestra Carta Magna permite que quienes más tienen, más paguen y contribuyan a la solidaridad interterritorial. Si en una Comunidad Autónoma, que no deja de ser una mera demarcación administrativa del Estado común, se encuentran empadronados un mayor número de ciudadanos con rentas altas, es lógico y justo que la transferencia de rentas hacia otras CCAA, vía impuestos, sea más pronunciada. Se trata de garantizar la solidaridad y la justicia entre conciudadanos. Que la izquierda, lejos ya de lo que común y erróneamente se denomina equidistancia, abrace sin remilgos la trampa quinquenal de un cupo falseado y no discuta una sola coma de los privilegios fiscales de las CCAA más pudientes económicamente en detrimento de aquellas en una situación económica y social más débil, no puede sino calificarse de traición insoportable. Es el síntoma inequívoco – la definitiva prueba del algodón – de que nos encontramos ante una izquierda reaccionaria.

Gran parte de sus élites y dirigentes han vaciado las estructuras oficiales de la izquierda de su clásico compromiso con sociedades más justas, más equitativas y más solidarias. Sin embargo, desde Plataforma Ahora estamos convencidos de que una amplia mayoría de ciudadanos comprometidos con los ideales más genuinos de la izquierda siente hastío y rechazo al constatar actitudes que bordean la corrupción intelectual. Lejos de resignaciones y lamentos vacuos, nos corresponde a todos articular una alternativa creíble y viable en el espacio ideológico que defendemos: el de una izquierda capaz de defender su programa y no tomarlo prestado, en el culmen de la incongruencia, del nacionalismo, ideología emparentada con la defensa de los privilegios y disolvente definitivo de cualquier expectativa real de transformación social.

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