24 Jun 17

Maneiro reclama una izquierda cívica, que se enfrente a los “corruptos y a los recortadores sociales pero también a los falsos regeneradores y a los nacionalistas que quieren romper España”

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  • Plataforma Ahora reivindica, “como ciudadanos comprometidos, una alternativa nacional y progresista que defienda los derechos de la ciudadanía”
  • Califican la moción de censura, impulsada por Podemos, como “un espectáculo cuyo único objetivo ha sido propagandístico”

“España necesita una izquierda cívica”. Así de contundente se ha mostrado el portavoz de Plataforma Ahora, Gorka Maneiro, reclamando una alternativa, nacional y progresista, que se enfrente a “los corruptos, recortadores sociales, falsos regeneradores y nacionalistas que quieren romper España”. Y es que, tal y como argumenta, “en el Congreso de los Diputados no hay ninguna alternativa así, un centro izquierda atractivo y atrayente, y, por tanto, nuestra obligación como ciudadanos comprometidos es reclamarla y trabajar para que exista esa izquierda cívica, universalista e igualitaria que defienda en toda España, los derechos de la ciudadanía, el bien común, la igualdad, la socialdemocracia, el Estado del Bienestar y la unidad de España”.

En esta línea trabajan desde Plataforma Ahora, ya que, según las palabras de su portavoz, “cada día es más necesaria una opción tan convencida y convincente que no necesite llamar “enemigos” a quienes son sus adversarios políticos para ser alternativa creíble, precisamente porque sabe qué quiere y qué ideas defiende. Porque confía en ella y en sus propuestas para España y los españoles”. En este sentido, reivindican una “izquierda cívica”, ya que “la izquierda oficial ha sustituido la bandera de la igualdad por la de la identidad; los derechos ciudadanos, por la plurinacionalidad o el derecho a decidir; la unidad de España, por ideas nacionalistas”. Es decir, “la izquierda oficial es izquierda reaccionaria pero no izquierda progresista”.

Y todas estas conclusiones llegan después de “la moción de censura de Podemos y la posición del PSOE”, ya que “ambas posturas vuelven a evidenciar que la necesaria alternativa progresista al PP de los recortes sociales y la corrupción está por construir”. Por tanto, desde Plataforma “ nos comprometemos a trabajar para que esta alternativa exista, más pronto que tarde.”

24 Jun 17

La crisis de los partidos

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En tiempos nada lejanos, una exhibición de poderío como la que hizo Susana Díaz en la presentación de su candidatura a la secretaría general del PSOE hubiera finiquitado el debate. Los potenciales adversarios habrían desaparecido discretamente o hubiesen asumido un rol estrictamente testimonial y decorativo. Sin embargo, esta vez no es así, y Pedro Sánchez, a quien la miopía del aparato dio por liquidado con su defenestración, aparece como una opción real conforme al juego de sombras de la dinámica binaria propia de este momento: oficialismo y antisistema, patriotismo identitario de partido y pulsión de las bases, cargos orgánicos y militancia. Y cunde el pánico: algunos dirigentes socialistas insinúan que si ganara Sánchez podrían reconsiderar su posición en el partido y proliferan las advertencias sobre los riesgos para el sistema de una victoria del malquerido de las élites.

La implicación de las bases en la toma de decisión de los partidos debería ser una buena noticia para la revitalización de la democracia. Y, sin embargo, se vive mal. Vemos las trifulcas que tanto en Podemos como ahora en el PSOE provocan los procesos de elección de cargos y vemos los efectos demoledores que en partidos como “los republicanos” o los socialistas franceses está provocando la apertura a la participación. ¿Son crisis pasajeras de adaptación a un nuevo modelo o hay que entender que la única forma de partido posible es una organización jerárquica, cerrada, encuadrada en torno a un líder indiscutido, en que la cooptación es la vía natural de ascenso y el que osa desafiar al que manda se queda por el camino, al modo del Partido Popular?

La democracia es en el fondo una cuestión de confianza en la ciudadanía. Si esta falla, la democracia palidece. La apertura a la participación forzada por la irritación ciudadana y la irrupción de nuevos actores ha removido las aguas de unos sistemas cada vez más corporativos, en que los partidos habilitados para gobernar operaban en cerrado cartel. Y vivimos ahora entre dos pánicos: el de los partidos tradicionales a perder su oligopolio y el de los poderes económicos a que los gobernantes pierdan el control del personal y se amplíen peligrosamente los límites de lo posible. De ahí las llamadas al orden, cuestionando el poder de decidir de los ciudadanos, como si el papel de estos en democracia se limitara a ratificar lo previamente establecido desde arriba. La calidad de la democracia se mide por su capacidad de incluir no de excluir. Mal asunto cuando en la democracia hay miedo a los ciudadanos. Y triste seria si el resultado final de la crisis de representación fuera el regreso al punto de partida, la consolidación de los partidos de liderazgo fuerte y rigidez leninista, con la militancia al servicio incondicional del líder. Como Le Pen y Macron en Francia.

Autor: Josep Ramoneda

Fuente: http://elpais.com/elpais/2017/04/05/opinion/1491407126_991537.html

22 Jun 17

Tiempos de desconcierto

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Todas las sociedades humanas, las personas y las colectividades de las que forman parte, cambian. Siglos atrás, muy lentamente, pero lo hacían como lo demuestra la historia de la Humanidad. Hoy hay conciencia colectiva desde los especialistas hasta eso que se llama “el hombre (y la mujer, añadamos y eso es un cambio) de la calle” de que ese cambio es mucho más acelerado y de ahí el aumento del desconcierto, la perplejidad y la multiplicación de la variedad de las respuestas individuales y colectivas.

Por supuesto que ese cambio y sobre todo su ritmo y amplitud es muy diferente según qué sociedades. Pero aun así todas cambian. Algunos ejemplos pueden valer. Corea del Norte, paradigma de régimen dictatorial y cerrado cambia. Los países más atrasados del mundo, la mayor parte en África Subsahariana, cambian. Los grandes ejemplos de monarquías feudales y fundamentalistas del Golfo, encabezadas por Arabia Saudita, cambian. Hay siempre cambios denominados cuantitativos que en algún momento estallan en cambios cualitativos que son posibles por ese proceso anterior de acumulación.

El cambio es más acelerado y también más profundo en los últimos tiempos y especialmente en las sociedades más avanzadas, posindustriales, sociedades del conocimiento, las más prósperas. El gran gurú de ese cambio ha sido el filósofo Zygmunt Bauman, inventor del término de la “modernidad líquida”, término que ha hecho fortuna. Estamos, sobre todo en estas sociedades, en tiempos “líquidos”, en los que nada o poco es estable (aunque hay líquidos estancados).

Si trasladamos este artefacto al terreno político, es decir al terreno de las decisiones ciudadanas en la ceremonia más importante de una democracia como es el derecho a votar sus representantes, nos puede servir para tratar de analizar lo ocurrido hace bien poco en tres democracias clave para el mundo: Estados Unidos, Francia, Reino Unido. En las tres, cambios profundos, casi oceánicos y, sobre todo, poco esperados. Veamos sintéticamente caso a caso.

En Estados Unidos nadie, repito nadie, apostaba por la victoria presidencial de Trump. Cierto que ha obtenido el triunfo facilitado por el peculiar sistema del Colegio Electoral de ese país pero ese sistema está vigente desde el origen y, previsiblemente, seguirá vigente. Lo importante es que en ese país había un deseo larvado de cambio, especialmente en amplísimas zonas de la “América Profunda” y en sectores poblacionales menos ilustrados y de más edad. El resultado está ahí planteando muy graves problemas no tanto internos como en liderazgo y política internacional. Pero eso es otra historia.

Lo de Francia con la victoria presidencial y el alud en las recientes legislativas por parte de un candidato, Macron, desconocido hace meses y sin un partido es el mejor ejemplo de ese cambio rápido, desconcertante e integral pero que ya venía anunciado desde atrás con diversos indicadores y tendencias. Ese  candidato lo supo ver, tuvo “suerte y audacia” (algo así escribió el gran Maquiavelo y perdón por la cita, sé que es criticable citar) y de ahí su triunfo que pone patas arriba el panorama francés y, seguramente, el europeo.

Lo del Reino Unido tiene características peculiares, como casi todo en ese país. Triunfo inesperado del Brexit, cataclismo electoral de la “premier” May quien disolvió y convocó para lograr una victoria aplastante, resurrección del dado por muerto laborismo. Too mucho for the body que diría un clásico.

Cabe establecer algún elemento común en estos tres casos recientes y es el del rechazo, por parte de la ciudadanía, a lo que hay y la demanda de un cambio, mejor cuanto más amplio. Ese rechazo se concreta en el voto a esas opciones de cambio y sobre todo en el aumento de la abstención como demostración más palmaria del hastío, del escepticismo ciudadano. Crece el partido de la abstención, algo preocupante. O a lo mejor, no lo es tanto  ¿Quién sabe? Al fin y al cabo, estamos en una “sociedad líquida” y ese desapego quizá es parte de la misma.

22 Jun 17

Comisiones de descontrol

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¿Hay un sólo español que sepa cuantas comisiones de expertos existen? ¿Cuantos órganos de control, supuestamente creados para supervisar el buen gobierno de organizaciones diversas, y que sin embargo no son operativos o, lo que es peor, fracasan estrepitosamente?

Las preguntas no son retóricas y me parecen esenciales para entender la degradación institucional que desde hace décadas afecta a España y muy especialmente su descenso paulatino a unos niveles de corrupción insoportables para cualquier democracia sólida. Y es insoportable porque a mayor corrupción percibida más leña al fuego del discurso populista cuya rentabilización de la rabia es su única baza.

Los órganos de control – sean estos comisiones de expertos, comités evaluadores, comités de ética o patronatos, por mencionar solo unos pocos – para que realmente controlen deben estar integrados por personas muy cualificadas en la materia objeto de supervisión. Si se trata, por ejemplo, de control financiero, mucho mejor que el experto sea inspector de Hacienda, ‘controller’ o contable, pero en cualquier caso debe tratarse de alguien con una trayectoria muy sólida en ese campo. Alguien, en resumen, a quien no sea sencillo colarle un gol. No hacerlo así supone pervertir ‘ab initio’ el sentido de una institución y transformar la acción de control en una mera liturgia que transmita la apariencia de transparencia sin que en realidad exista atisbo de ella. Tener un comité de expertos no supone nada, si los expertos se limitan a ratificar una decisión previamente adoptada o, a lo sumo, a hacer un par de preguntas vagas, genéricas y previsibles…

Recuerdo ahora las declaraciones de la mayoría de ex consejeros de Caja Madrid tras el escándalo de las ‘tarjetas black’ y muchos de ellos disculparon su apoyo a aquel latrocinio de Estado alegando su más absoluta ignorancia en materia de cajas y asientos contables ¿Pero entonces que demonios hacían de ‘consejeros’ si eran conscientes de ignorarlo todo sobre la materia que debían aconsejar? Firmaban, apoyaban, asentían y legitimaban con su falsa supervisión algo que a todas luces les superaba. Por acción u omisión fueron y son culpables.

El problema que tenemos con tal avalancha de comités de expertos y órganos de control – en gran parte un efecto perverso de las leyes de transparencia, tan procedimentales- es que sus integrantes muchas veces no son expertos sino más bien conocidos en el mundillo sectorial (rostros legitimadores), cargos políticos (véase las cajas) o politizados y a veces personas a las que se quiere agasajar o retribuir con tal dignidad. Ninguna de esas razones sería en si misma mala, siempre que el experto realmente lo fuera. Y los numerosos escándalos en donde los consejeros, patronos o expertos confiesan su más absoluta ignorancia nos dan una pista muy preocupante de la fragilidad de algunos sistemas de autocontrol, muy alejados del rigor, también perfectible, de una auditoría.

Tengo el orgullo de haber integrado o seguir siendo parte de algunos comités de expertos – siempre ‘ad honoren – en donde si creo que mi experiencia y conocimiento puede aportar rigor a la organización supervisada o asesorada. Cuando me lo han propuesto me han dado una enorme alegría, pues he visto en ello una forma de compartir lo que se y lo que aprendí con otros. Pero de igual modo reconozco que también he declinado otras ofertas por considerar que mi conocimiento en aquel campo era insuficiente para lo que debería esperarse de un patrono o un consejero. Tan responsable es decir si cuando se sabe, como decir no cuando se duda o no se sabe. Nos sigue costando mucho renunciar al indudable reconocimiento público – cuanto no a los cuantiosos honorarios- que supone integrar tales comités de expertos. Pero hay que saber decir que no, pues la verdadera sabiduría parte del reconocimiento y ponderación de nuestras propias limitaciones y fortalezas.

Autor: Fernando Navarro

Director del Instituto de estudios para la ética y la responsabilidad social de las organizaciones (INNOVAÉTICA).

20 Jun 17

Cuestión de sentimientos

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“El nacionalismo es un sentimiento” nos dicen los nacionalistas, como si esgrimir la cualidad emotiva disipase el debate y esfumara cualquier réplica. La apelación identitaria operaría así como tranquilizante contra las siempre incómodas dudas inherentes a la discusión racional, y contra los argumentos sólidos que malogran zonas de confort, en las que una proclama hueca sirve más que un discurso hilado.

Vayamos por partes. Sentimientos tenemos todos, ésta es una consideración bastante irrelevante cuando de lo que hablamos es de democracia. Aunque concedo que los sentimientos de algunos pueden pasar por constituirse en nación étnica, irremisiblemente enfrentada al vecino. Otros, por sentir, hasta se sienten oprimidos por Estados pretendidamente autoritarios aún disfrutando de altavoces mediáticos plurales para contar sus pesares (y distorsiones). Unos cuantos confiesan conmoverse ante la mera hipótesis de edificar un muro «a lo Trump» entre conciudadanos. Los sentimientos de otros podrían ser, v.g., no pagar impuestos. A algunos nos provoca más emoción -¡somos así de raros, he de confesarles!- un futuro con menos fronteras y prejuicios pero, en fin, para gustos (y sentimientos), los colores.

La ciudadanía, a pesar de los esfuerzos diarios en emborronar el concepto, no es un dolor de estómago. No nace del terruño, no brota de ningún árbol, ni de unos ancestros compartidos, ni de un héroe mitológico que dio su vida por la redención de todos nosotros. La ciudadanía no da gusto, ni comodidad o incomodidad, ni se siente ni se deja de sentir. La ciudadanía son las leyes democráticas que nos igualan a todos y frente a las que todos somos (o deberíamos ser) escrupulosamente iguales. Por ello, cualquier intento de parcelar la ciudadanía, esto es, de restringir el perímetro de seres humanos que disfrutan de sus derechos, es inaceptable. Inaceptable democráticamente.

Lo único que una persona con buenos sentimientos (ya que tanto se incide últimamente en ellos) puede desear es que el prójimo desarrolle las identidades… que le vengan en gana. Como si es bipolar o alberga en su seno hechos diferenciales diversos y contradictorios. Un señor de Huelva puede casarse con una señora de Cantabria, e irse juntos a vivir a Galicia y sentirse genuinamente gallegos. Claro que sí. Pueden hasta no sentir un ápice de sentimiento por España. O todo el furor patriótico que deseen. Y ni una ni otra consideración emotiva les habilita para tomar la decisión de romper los derechos que un andaluz puede y debe tener en los hospitales, escuelas, transportes o servicios de todo el país.

La ciudadanía democrática es lo que permite que desarrollemos tantas identidades libres como queramos. De ahí que la única modificación aceptable del perímetro de aplicación de nuestros derechos de ciudadanía es su EXTENSIÓN, no su restricción. Lo aceptable (y deseable) sería procurar que un luxemburgués y un italiano pagaran los mismos impuestos y que un griego y un sueco tuvieran los mismos servicios sociales. Ampliar los derechos de ciudadanía no vulnera más que fantasmas regresivos como la insolidaridad, pero no ataca ningún cimiento de la democracia.

Huelga añadir que el derecho de autodeterminación, más allá de la supongo “modélica” Constitución de Etiopía, no encuentra encaje legal en ningún texto democrático, descontados -y perdonen la obviedad- territorios postcoloniales y oprimidos políticamente. Ningún sistema de derecho que no sea soporte de un tinglado despótico puede permitir que, de buenas a primeras, y en nombre de las identidades, alguien levante un muro entre conciudadanos y diga: a partir de aquí, de esta línea, unilateral y arbitrariamente trazada, tú eres extranjero y tus derechos no son de aplicación.

Tal vez el nacionalismo sea una cuestión de sentimientos. La insolidaridad, la querencia por el privilegio, la xenofobia… son, por lo demás, sentimientos, sí, pero sentimientos perniciosos, oscuros, que entroncan con lo peor de la humanidad. Una ideología- con tintes a veces mesiánicos, que le acercan a los peores estigmas y dogmas de las religiones- y sólo una ha hecho de una condición tan aleatoria y fortuita como el lugar de nacimiento el verdadero elemento de segregación y supremacía política (he ahí todo su fundamento): esa ideología se llama nacionalismo. Una abigarrada suma de impostura democrática y esencialismo, trufada de racismo. De racismo puro y duro. A veces formulado con ciertos barnices formales que lo edulcoran, otras presentado abrupta y primitivamente, sin filtros.

Sentimientos tenemos todos, sí, pero de tan mala calidad ética y democrática como los que pretenden imponer ustedes, nacionalistas de todas las fronteras, les concedo que no.

Autor: Guillermo del Valle

Portavoz adjunto de Ahora Plataforma

19 Jun 17

39 Congreso Federal PSOE: de “La Internacional” a “Lo Plurinacional”

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Mientras las cámaras inmortalizaban el clásico canto a coro de “La Internacional”, el PSOE certificaba la derogación expresa del fundamento teórico más básico de esos acordes. Paradoja suprema. En efecto, el PSOE acaba de aprobar en su trigésimo noveno Congreso Federal el reconocimiento de la plurinacionalidad. Nada más alejado del espíritu de un partido que, al menos en el corolario musical, sigue proclamando que “el hombre del hombre es hermano” y que, al fin y al cabo, todos, con independencia de sus orígenes, “derechos iguales tendrán”. Pues va a ser, y lamentamos constatarlo, que nada más alejado de la realidad.

Lo que se acaba de aprobar en el recién clausurado Congreso Federal del PSOE es un ataque indisimulado en la línea de flotación de los cimientos más elementales de la izquierda. En un fin de semana de contradicciones escalofriantes, en donde las palabras y los hechos han recorrido caminos dispares y hasta contrapuestos, la ponencia política del PSOE ha incidido en el empeño de desmentir el pomposo lema: “Somos la izquierda”. Ahora que las luces se han apagado, podemos constatar la triste intuición que barruntábamos: para serlo, toca demostrarlo, no sólo proclamarlo. Que los hechos, por una vez, hubieran acompañado a las proclamas. No ha sido así.

Porque ser la izquierda es, esencialmente, ubicar en el centro del debate político la lucha contra las crecientes desigualdades sociales. Y, por más que algunos se doctoren cada día en la cuadratura imposible del círculo, es absolutamente imposible combatir las desigualdades desde espacios públicos atomizados o fragmentados. Reivindicar mayores cotas de equidad social y económica es lisa y llanamente quimérico si certificamos la voladura de su condición previa y necesaria: la igualdad de derechos y deberes, con independencia de los determinismos biográficos que nos hayan podido tocar en suerte… o en desgracia.

En un tiempo de dudas e incertidumbres, en el que la izquierda ha de repensar muchas cuestiones, pocas certezas tan cristalinas quedan como la defensa de un mundo de ciudadanos libres, iguales y fraternos, más allá de las fronteras en las que cada uno haya nacido. Porque no es que éstas o aquéllas sean fronteras injustas o afortunadamente tuitivas, sino que todas las fronteras, todas sin excepción, son, en esencia, arbitrarias y resultado de determinaciones históricas, militares y hasta matrimoniales que ninguna relación guardan con la libre voluntad de los seres humanos que hoy las habitan. Por tanto, la única noticia que alguien preocupado por la igualdad de derechos puede esperar en relación a las fronteras es su dilución o emborronamiento. Su superación, en suma. No otra puede ser la pretensión de máximos que alguien de izquierdas deba albergar. En el ínterin, mientras ese proyecto de una verdadera Internacional de ciudadanos y ciudadanía se termina por consolidar, es imprescindible defender, sin resquicio alguno para la flaqueza, la duda, o el eterno cálculo electoral, la unidad de los espacios políticos democráticos sobre los que el conjunto de ciudadanos tenemos derecho a decidir. A decidir conjuntamente, como no podía ser de otra manera.

Por eso, la única nación que nos interesa, la única tangible en términos democráticos es la nación cívica: la nación de ciudadanos libres e iguales, o, lo que es lo mismo, la nación jurídico-política, que reconoce, en nuestro caso, el artículo 2 de la CE. Eso es España. La palabra con la que aludimos a la implantación territorial e institucional de nuestros derechos de ciudadanía. El resto de vindicaciones sentimentales nos parecen distorsionadoras o, incluso, espurias. Apelar a una nación en términos identitarios es altamente peligroso, y generalmente entraña alguna trampa. Supone partir del equívoco de pensar que alguien, por haber nacido en un determinado lugar, es acreedor de derechos distintos y mejores que su vecino, allende la demarcación de otra frontera. Es radicalmente falso que los ciudadanos españoles detentemos una misma y única identidad, aunque tengamos una lengua y un acervo cultural común. A través de esa misma lengua, nos comunicamos con personas que pertenecen a naciones diferentes. Nuestro acervo cultural, por más que nos aproxime en ocasiones, también puede separarnos. Además, no es privativo ni intransferible, en un mundo globalizado y afortunadamente mestizo. La cosmovisión que cada uno podamos desarrollar puede ser tan similar o dispar al vecino como nos plazca. Existe, por tanto, la posibilidad de que nuestra proximidad “identitaria” hacia una persona con la que compartimos vecindad civil sea mucho menor que la que podríamos desarrollar con alguien residenciado a cientos de miles de kilómetros de nuestro domicilio. Por ende, desarrollar líneas de segregación política a través de criterios étnicos o culturales suele ser no sólo peligroso, sino esencialmente injusto. Frente a las naciones étnicas, enfrentadas unas a otras, la nación cívica, a la que da soporte el Estado (democrático), nos permite pelear cada día para superar las fronteras que siguen separándonos. El verdadero objetivo político que debemos perseguir, desde la izquierda, es una actualización integral de los principios clásicos de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Y la única fórmula para lograrlo es proponer la expansión de nuestros derechos de ciudadanía más allá de unas determinadas fronteras. Más allá de cualquier frontera.

Somos plenamente conscientes de que millones de ciudadanos españoles desean una alternativa política diferente. Una alternativa política que no se conforme con observar de forma silente y acomodaticia como desmantelan nuestro Estado de bienestar, tras convencernos de su insostenibilidad. Sabemos que una amplia mayoría de la población, bajo la promesa luego transmutada en decepción de ser empoderados y recuperar su capacidad decisoria sobre los asuntos políticos, siente la necesidad de un cambio de rumbo en un país, en una Europa, que se desliza por la peligrosa senda de las desigualdades sociales y la brecha económica entre un pequeño porcentaje de privilegiados y una amplia mayoría de personas que han visto depauperados los servicios sociales y precarizadas sus condiciones de vida. Desde Plataforma Ahora queremos trasladar a todas esas personas nuestra mayor empatía y comprensión.

El recorte de ciudadanía que el PSOE acaba de abrazar en su recién clausurado Congreso no es gratuito ni estará carente de consecuencias prácticas, tangibles, perfectamente perceptibles por todos nosotros, especialmente por los más débiles. El mensaje que se nos traslada, oculto tras los oropeles y las proclamas pomposas, es el de seguir confiriendo privilegios a los que más tienen en detrimento de la solidaridad con los que más lo necesitan. Lo que se acaba de aprobar no es la plasmación de la libertad cultural de cada uno para desarrollar las opciones que prefiera: eso está perfectamente consagrado en nuestro actual ordenamiento jurídico y, además, no es lo que pretenden los nacionalismos identitarios, aquellos a los que vuelve a guiñar el ojo cómplice y comprensivamente la jerarquía dirigente socialista. Lo que se pretende es blindar la diferencia de derechos que rige ya, por desgracia, en nuestro país; una diferencia de derechos intolerable que permite, en nombre de la identidad, quebrar la igualdad de todas las mujeres y hombres de este país. Lo que el PSOE desea, en suma, es desmentir con sus propuestas políticas el único resquicio de izquierdismo que queda en su seno: ese que se desliza a través de las notas musicales y que ya carece de todo correlato fáctico.

No nos resignamos, ni nos resignaremos, a aceptar la defunción del proyecto socialdemócrata. Desde Plataforma Ahora sí pensamos que la izquierda cívica puede y debe acoger a todos aquellos socialistas desencantados por la abducción identitaria del PSOE. A todos los que saben que el sometimiento de la nación cívica a la nación étnica implica de manera indefectible la ruptura de la igualdad de derechos. A todos los que no olvidan que sin Estado no hay Estado de Bienestar. A todos aquellos que siguen creyendo en un mundo de iguales, sin importar el color de piel, la orientación sexual, o el lado de la frontera donde nos tocó nacer, queremos enviarles un mensaje: las siglas- por más que también a nosotros nos duela certificar la dolorosa traición a la esencia ideología de una partido determinante en la Historia de España- no impedirán el desarrollo de un proyecto político compartido de izquierda progresista. Un proyecto como el que tiene a bien abanderar Plataforma Ahora, convencida sobre la necesidad de seguir trabajando por un mundo de mujeres y hombres fraternos, libres y exactamente iguales en derechos, sin espacio para los que invocan divisiones nacionales para enmascarar privilegios que fracturan la igualdad.

19 Jun 17

Una agenda socio-liberal para el Siglo XXI

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La Gran Recesión ha sido el catalizador para unos grandes cambios que amenazaban incluso antes de 2008 con poner nuestro mundo patas arriba. Bien por el extraordinario ciclo expansivo previo a dicho año, bien por permanecer camuflados por unas instituciones socio-políticas redistributivas, en especial en Europa, dichos cambios no se habían revelado con toda su crudeza. Y es que tanto el cambio tecnológico como los efectos de la globalización no son hechos recientes. Llegaron hace mucho. Pero es ahora cuando empezamos a notar más intensamente sus efectos, para bien, o especialmente y para algunos, para mal. Estos nuevos problemas que surgen en un mundo cambiante exigen de los responsables políticos que replanteen sus esquemas programáticos, sus agendas de intervención.

Que una crisis zarandee hasta sus raíces todo un sistema económico, social y moral, no es novedoso como podemos recordar por lo ocurrido en los años 70

La dificultad de redefinir las políticas públicas necesarias en un entorno cambiante como el actual está en el origen de la crisis de la tradicional izquierda política. Y es que, que una crisis zarandee hasta sus raíces todo un sistema económico, social y moral, no es novedoso como podemos recordar por lo ocurrido en los años 70. Aquella crisis obligó a reconsiderar no solo todo el aparataje keynesiano de la ciencia económica sino de las directrices mismas del quehacer político de la época. Aquella crisis puso punto final a la llamada Edad de Oro del Capitalismo, una conjunción de desarrollo económico post-bélico, fuertemente controlado por estados en un mundo catatónico, altamente estructurado en lo económico, en lo social y hasta en lo moral y consolidado por un sistema monetario estable hasta finales de los sesenta. La crisis puso punto final a este “idílico” matrimonio entre intervención y mercado. Fue entonces cuando (re)aparecieron los ahora llamados economistas de la oferta, los clásicos reconvertidos, los Chicago Boys. Fue entonces cuando se rehabilitaba a un Hayek cuyo “Camino de Servidumbre” descansaba en la mesita de noche de Margaret Thatcher mientras esta y su homólogo norteamericano, Reagan, combatían con dureza contra los mismos poderes sociolaborales anglosajones. Se inaugura una nueva etapa, el Reaganomics, que buscaba imponer una visión de “oferta” al diseño de las grandes políticas económicas. Este neoliberalismo abogaba por una desregulación, por una retirada del control estatal de la economía. Si bien tuvo gran predicamento en los países anglosajones, fue menos exitoso en la Europa continental, en gran parte reducto de una socialdemocracia que aún se mantenía en pie.

De nuevo surgen voces que exigen un cambio de paradigma no solo en el análisis de los problemas económicos sino especialmente en las políticas a aplicar

Como en los 70, de nuevo surgen voces que exigen un cambio de paradigma no solo en el análisis de los problemas económicos sino especialmente en las políticas a aplicar, a reconsiderar ciertos paradigmas en la intervención pública. Como ocurriera hace cuarenta años, distintas visiones heterodoxas esperan y desean tomar al asalto el espacio que según ellos una moribunda mainstream económica ha dejado vacante. No son pocas las voces de nuevos adalides de la heterodoxia económica y política que, algunos con intencionada y refinada persuasión, exigen paso a sus ideas para ofrecer respuestas a los problemas que acucian a la gente, al pueblo, a los ciudadanos.

Pero el análisis económico está lejos de morir. Más bien al contrario, el análisis de datos basados en nueva información y en nuevas técnicas han permitido dilucidar las relaciones entre ciertas variables y que, en algunos casos, han venido a mostrar que nuestros prejuicios, nuestros a priori, estaban lejos de ser ciertos.

La política debe enmarcar dos tipos de intervenciones que por un lado permita expandir la libertad del individuo, facilitarla, y por otro que la encauce por un bien social superior

Esta nueva evidencia es alimento para nuevas propuestas económicas y políticas de elevado contenido socio-liberal. El socio-liberalismo comparte con el liberalismo la idea de que es importante preservar la libertad individual como base y fundamento del desarrollo de una sociedad. La libertad del individuo es la base para el desarrollo de una sociedad moderna y democrática. Sin embargo comparte también la idea de que estos mismos individuos están obligados a convivir con otros individuos en un marco de relaciones donde la confianza mutua y la convivencia pueden deteriorarse significativamente si aparecen desigualdades excesivas o dinámicas de exclusión social. De nada sirve la libertad individual si esta no se mezcla armoniosamente en el conjunto social donde se desarrolla. En este sentido, la política debe enmarcar dos tipos de intervenciones que por un lado permita expandir la libertad del individuo, facilitarla, y por otro que la encauce por un bien social superior.

Así pues, el socioliberalismo propone una clara disminución del papel del Estado en la regulación y en la influencia de la actividad privada. No se niega la necesidad de regular, sino que se fomente una mayor transparencia, una simplificación de la misma así como una deseable estabilidad regulatoria. Todo ello como condición sine qua non fomentar un crecimiento económico a largo plazo. Además, como ya se ha advertido en este mismo post varias veces, el Estado debe dejar de establecer vínculos de “afectividad” con los lobbies económicos y que solo limita el crecimiento a largo plazo de la economía. El Estado debe eliminar barreras de entrada y obstáculos a la actividad de las empresas. Debe fomentar la competencia, como medio para elevar el bienestar de los ciudadanos. El Estado no solo debe ser garante de un liberalismo económico, sino que debe promulgarlo.

La desregulación puede ayudar. Pero, paradójicamente y a diferencia de las propuestas más liberales, mediante su intervención redistributiva el Estado puede hacer mucho bien a la misma

A este liberalismo económico habría que añadir una clara función redistributiva y de supervisión económica. La vertiente social. Marcando algunas diferencias con las políticas socialdemócratas tradicionales, donde las medidas de redistribución son más pasivas, la política social debe ser más proactiva, debe tomar en serio su capacidad para influir y elevar la eficiencia de lo que en los setenta se vino a llamar oferta. Buscando paralelismos con los postulados liberales de aquella época, estas políticas sociales, muchas nada novedosas, deben en parte centrar su atención en cómo mejorar y hacer más eficiente la oferta productiva. Si, como he dicho antes, la desregulación puede ayudar a ello, pero paradójicamente y a diferencia de las propuestas más liberales, mediante su intervención redistributiva el Estado puede hacer mucho bien a la misma.

En este sentido, el Estado debe asegurar la libertad de los ciudadanos en su relación con la actividad económica y laboral. Para ello es fundamental la libertad de opciones, y por lo tanto la igualdad de oportunidades. Son absolutamente necesarias políticas predistributivas, como son las tradicionales de educación y sanidad pública. Pero además son fundamentales políticas que fomenten mediante la redistribución monetaria o en especie, la libertad de decisiones.

Numerosos análisis económicos recientes han cambiado enormemente la consideración que se tenía sobre los efectos de los complementos salariales, cheques a determinados colectivos en riesgo de pobreza, políticas de vivienda pública, políticas de conciliación familiar…

En este sentido, como he adelantado, numerosos análisis económicos recientes han cambiado enormemente la consideración que se tenía sobre los efectos de estas políticas. Por ejemplo, los complementos salariales, cheques a determinados colectivos en riesgo de pobreza, políticas de vivienda pública, políticas de conciliación familiar, etc. Estas políticas incentivan por ejemplo la participación en el mercado de trabajo, la igualdad de género, el aprovechamiento más eficiente del capital humano. Además, las políticas fiscales, como ya he descrito en más de una ocasión, deben intentar maximizar su capacidad redistributiva minimizando la creación de incentivos perniciosos. Recientemente algunos resultados muestran, no sin un gran debate de fondo, que puede ser más eficiente para el crecimiento y para luchar contra la desigualdad bajar los impuestos sobre la renta a los colectivos de menores ingresos, pues incentivan mucho más su participación en el mercado de trabajo que subir los impuestos a los colectivos de mayores ingresos. A su vez, la sustitución de parte de la presión fiscal basada en los ingresos de las familias por impuestos basados en el uso de la misma ayudarían a esta política de redistribución sin afectar en exceso a estos incentivos.

En resumen, tres grandes pilares deben guiar la política pública del futuro, una política de oferta liberal que fomente la eficiencia y el crecimiento económico, una política de oferta “social”, que eleve y mejore la participación laboral de todos los colectivos pero en especial de aquellos que con los recientes cambios pueden verse desplazados y, por último, una política de igualación de oportunidades, y que se concretaría con las tradicionales educación y sanidad públicas.

Autor: Manuel Alejandro Hidalgo

Fuente: http://www.vozpopuli.com/la_economia_explicada/agenda-socio-liberal-Siglo-XXI_7_1019068088.html

14 Jun 17

Ética cívica frente a la corrupción

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La corrupción es un vicio moral y en ocasiones un delito, pero su definición resulta bastante compleja en virtud de lo que Sartori llamaba “alargamiento de concepto”: y es que hay tantas modalidades y niveles de corrupción, tantos matices legales (por ejemplo el que media entre corrupción y extorsión), tantas circunstancias que no es sencillo enmarcarla ni identificarla. Quedémonos con la idea de que la corrupción es el mal uso o abuso de poder para obtener una ganancia privada.

En 2004 el entonces ministro de Justicia chileno, Luis Bates, estimaba que el componente económico de la corrupción, incluidas sus modalidades de soborno, malversación de fondos públicos, licitaciones corruptas o lavado de dinero, generaba el equivalente anual al 5% del producto interior bruto mundial.

En España, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la contratación pública despilfarra en torno al 4,5% del PIB por sus deficientes mecanismos de control e ineficiencia. Ese enorme porcentaje no es necesariamente corrupción (aunque tampoco la excluye) pero no hay duda que se trata de un vicio derivado de la más absoluta irresponsabilidad pública. Visualicémoslo de otra manera: para el ejercicio 2015 ese 4,5% del PIB español despilfarrado superó los 48.600 millones de Euros, lo que supone un saqueo anual aproximado de 1.100€ por habitante.

El indicador más empleado para tomar el pulso moral y legal de un país es el de “percepción de la corrupción”. El Banco Mundial o la ong alemana Transparencia Internacional publican periódicamente sus índices. Sin embargo, este indicador se basa en datos de encuestas y en percepciones, y por lo tanto es susceptible de verse influido por elementos de contexto y hasta de simpatías o antipatías políticas.

En España, y desde hace más de dos décadas, la acumulación desbordada de casos de corrupción -con nombres, apellidos y siglas de partidos- supera el umbral de dolor más alto que un ciudadano normal puede soportar. Según los índices de corrupción percibida de Transparencia Internacional (TI), en los últimos 20 años España ha ido bajando del puesto 21 al 36 del ranking, situándonos en 2015 por detrás de Botsuana, Estonia, Uruguay, Buthan o Eslovenia y rozando casi el aprobado por los pelos (la escala empleada por TI oscila entre el 0 y 100 y en 2015 España obtuvo 58 una puntuación inaceptable para un país altamente desarrollado y democrático como el nuestro)

Es tal la avalancha diaria de casos inaceptables que corremos el riesgo de acostumbrarnos a ellos como si fueran una “fatalidad” inevitable. El empacho de corrupción, que afecta por igual a diferentes instituciones y partidos, resulta abrumador: los casos Nóos, Rato, Pujol, Púnica, Taula, Gürtel, Bárcenas o los ERE, entre otros, suponen la punta del iceberg.

Los delitos relacionados con la corrupción se han disparado de forma alarmante a lo largo y ancho del territorio nacional y así se desprende de las 2.442 detenciones practicadas durante 2015 por este motivo. Ello supone que en el transcurso de un solo año fueron arrestadas cada día 7 individuos. Desde 1978 nuestro país ha sufrido 175 casos de corrupción política a todos los niveles: ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos y estatales. Hablo de “casos”, no de personas, pudiendo haber en un solo caso miles de implicados.

Durante todo el ejercicio los sucesivos barómetros del Centro de Estudios Sociológicos han venido indicando, que casi la mitad de los españoles señalaba la corrupción como el segundo gran problema del país, solo por detrás del desempleo. Según los sucesivos barómetros del CIS, existe una fuerte asociación entre la identificación de la corrupción como problema y la de los partidos políticos.

Durante los últimos 4 años la corrupción ha sido considerada como uno de los tres principales problemas de España por entre el 40 y el 60% de la población. Podría pensarse que la amenaza de sanción electoral haría que los partidos se esforzaran a su vez por prevenir la corrupción, pero aunque en casi todos los países se produce tal castigo electoral, en España esta sanción suele ser baja. Algunos autores como Pereira y Mello (2015) tratan de explicar esta pasividad ciudadana con la “Teoría del intercambio implícito” en virtud del cual los ciudadanos están dispuestos a ser indulgentes con la corrupción en las urnas porque, indirectamente, reciben un beneficio de la misma. Esta idea estaría muy relacionada con el establecimiento de redes clientelares y en particular con aquellos casos de corrupción que implican importantes beneficios para las economías locales. Según el informe “Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España” (Darias et al, 2012) alrededor del 8% de los municipios españoles se han visto envueltos en algún tipo de escándalo urbanístico, especialmente los emplazados en las islas y la costa mediterránea.

Y es precisamente en este punto cuando deberíamos también prestar algo de atención a la ciudadanía. Una ciudadanía, recordémoslo, que aunque se muestra muy preocupada por la corrupción es al mismo tiempo muy indulgente con la corrupción de instituciones afines, bien sea por proximidad ideológica, clientelar o regional.

El informe El hueco que deja el diablo: una estimación del fraude en el IRPF con microdatos tributarios (Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fedea) estima el fraude en el IRPF en 20.000 millones de euros, es decir, algo más del 1,7% sobre el valor del PIB español. Cabe destacar que esos 20.000 millones se refieren únicamente a la declaración de IRPF. El informe señala que si le sumáramos también el fraude en IVA y en el Impuesto de Sociedades el porcentaje de fraude fiscal aumentaría hasta el 3,5 o 4% del PIB, o lo que es lo mismo, 40.000 millones de euros. Casi lo mismo que las pérdidas de las administraciones públicas por el despilfarro y mala gestión de los proyectos públicos. Por último, los españoles tienen en paraísos fiscales 144.000 millones de euros lo que, solo por el rendimiento de ese importe, lleva asociado un fraude fiscal de 7.400 millones más.

No podemos seguir así, ya que – parafraseando a Dylan Thomas – si “entramos dócilmente en ese sueño oscuro” estaremos perdidos pues habremos asumido la opacidad y la irresponsabilidad de quienes nos gobiernan e influyen desde instituciones diversas, también sindicatos, patronales, medios de comunicación y ong.

No podemos transigir con tales vicios, tan propios de las “elites extractivas” y siempre destructivas. Acaban con los derechos humanos, con los derechos medioambientales y con los derechos sociolaboraes. Por eso son nuestros mortales enemigos. Hay que decirlo con todas sus letras y sin eufemismos.

La corrupción es el cáncer que acaba con la democracia con tanta o más rapidez que el Hitler, Stalin o Maduro de turno. En realidad la corrupción facilita el camino a la tiranía pues el “déspota eterno” es maestro en el arte de rentabilizar la rabia y sabe como instrumentalizar a su favor la maraña de instituciones podridas de un Estado agónico y deslegitimado al que solo espera fagocitar para institucionalizar – ya para siempre – los males que simula combatir.

Hay estudios precisos -de nuevo Transparencia Internacional– que contraponen con todo fundamento el nivel de desarrollo humano (no solo económico) y las libertades públicas a la corrupción. Dicho de otro modo; a mayor nivel de corrupción, menores índices de desarrollo humano y muchas menos libertades. Por eso no podemos seguir transigiendo con los corruptos pues, como hemos visto, la corrupción va en paralelo al nivel de deslegitimación de nuestras instituciones, incluidos los partidos políticos, la judicatura, las empresas, los sindicatos y los medios de comunicación. Los corruptos son ya un peligro evidente y no solo una deshonrosa excepción institucional. Siempre he creido que la mayoría de políticos solían ser personas honestas, pero con los datos inapelables que van publicándose cada día el porcentaje de honestos va menguando a pasos agigantados. Y entonces no me queda más remedio que preguntarme por qué razón callan los que están limpios, aquellos cuyos nombres aun no se asocian a algún escándalo o proceso ¿Acaso su silencio, su pasividad corporativa, no les convierte en cómplices o en colaboradores necesarios del desastre?

Frente a la corrupción no queda más salida que aplicar el fuego cruzado de nuestra ética cívica y la fuerza de la ley, exigiendo mayor transparencia a nuestros gobernantes, partidos políticos y resto de organizaciones sociales y reclamando leyes y penas más rigurosas, incluida la reparación y el resarcimiento. Tenemos también que superar la eterna asignatura pendiente de negarnos a aceptar o a castigar la corrupción de “los nuestros”, al tiempo que nos rasgamos las vestiduras ante la corrupción de nuestros antagonistas. Una ciudadanía realmente responsable debiera ser especialmente inflexible con aquellas instituciones a las que confió su apoyo, su voto o simplemente sus esperanzas de regeneración. Son ellos quienes en primera instancia nos traicionan y a es principalmente a ellos a quienes debemos denunciar de la única forma válida en democracia: retirándoles nuestra confianza. No hacerlo supondrá seguir alimentando a la bestia corrupta y seremos cómplices de las consecuencias trágicas que la corrupción siempre acarrea para la democracia.

Fernando Navarro García

12 Jun 17

Radical

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Alzar la voz en medio de este desierto, sociedad yerma de ciudadanía expresada como la función límite de la voluntad cuando el espíritu crítico tiende a cero, parece más un ejercicio de rebeldía en un vaso de agua que lo que es, un nuevo intento de ser otra aldaba rompiendo la paz de esta lóbrega noche política española con el sonido seco de sus verdades como puños contra el maderamen de la dura cerviz de un pueblo secularmente entrenado para ser simple carne de cañón; callar en tales circunstancias, lejos de hacerme dueño de mis silencios para no caer esclavo de mis palabras, sería sinónimo de renegar de mis mayores para, estúpidamente, ser otro tonto escupiendo al cielo de los dioses lares creyendo que así inventaré un idílico mundo de nunca jamás para mi inocente hijo.

Tengo edad suficiente para haber padecido en carnes propias la laceración constante de ver públicamente ajusticiado cuanto es bueno y justo para el común, pues peino canas sobradas para haberme ido creciendo en rebeldía acompasada a nuestro tránsito por el desierto político de España, seco de ideología individual porque sus pozos los secaron las incontables arenas de la doctrina de partido, ardientes como el calor de la horda, abrasivas como la lija de los fielatos exhibicionistas de la prosperidad ganada a golpe de clientelismo, nepotismo y despotismo de todo menos ilustrado, pues que la aristoburocracia política que padecemos no cuenta con más ilustraciones que las sectarias cartelerías de guerra civil que alimentan ese guerracivilismo de salón con que malamente llegan a justificar el teátrico de vanidades en que han degradado a nuestras instituciones, hijas díscolas y descaradas de un Congreso de los Diputados que malamente trasciende la condición de dorada perola de grillos.

En este país de Sagitario, Nación de la estirpe de Caín, es de uso partitocrático común poner en la picota inquisitorial de su viciado diccionario gremial cuanto de bueno pudiera ponerles cuesta arriba la predación voraz del presupuesto que creen haber ganado en las urnas como quien gana el dinero ajeno haciendo trampas al Black Jack en una timba esquinera de “Chicago, años veinte”, en la que hasta la mesa de juego te la sirven los lomos del más solícito de tus secuaces; nada se pierde cuando en el juego eres parte, mano y testigo, pues que la honra es algo tan antiguo que sólo guardan recuerdo ya los difuntos y esos libros de caballería que decía El Quijote leer de claro en claro y de oscuro en oscuro. Así las cosas, con la ayuda inestimable de voceros patrocinados y pregoneros a la expectativa, hace décadas que radical viene a significar todo cuanto más odia un buen radical sincero: el maximalismo, el fundamentalismo, el integrismo, en suma, todo extremismo dogmático que distraiga al común de los mortales de lo que verdaderamente importa.

Sin dios al que temer ni cristo al que encomendarse, aristoburócratas de verbo suave y medio pelo, lobos envueltos en sedosos vellones de cordero, anatemizan al radical que temen como a las diez plagas del infierno, pues el cimiento de su éxito, la clave de bóveda de su tinglado, es entretener al vulgo con un muy bien estudiado gatopardismo, pletórico de brindis al sol y ladridos a la luna, según de qué trinchera procedan, buscando dejar al buen reformista a la altura del betún que esta sociedad del espectáculo reserva para los aguafiestas del sentido común, la empatía militante y la conservación de algún provecho para las generaciones siguientes. Viven de la racia constante contra los fértiles campos de la discusión serena, la paz social militante y la pequeña reforma constante que mejore el urbanismo social sin acabar haciendo irreconocible el hogar común; porque el radical es radicalmente contrario a todo cuanto suponga una estafa moral, ética e incluso estética hacia aquellos que entiende iguales a él por la simple razón de haber nacido de mujer.

Ser radical no goza de buena prensa, porque ser radical, con el simple ejemplo del actuar cotidiano, es tanto como oficiar de espejo civil sobre el que ir reflejando, con cada paso, las deformidades y fealdades de un submundo enfermo de Poder en el que no impera más ley que la del más fuerte ni más derecho que el de la élite de esos poderosos e influyentes que aprendieron hace mucho que al que no se pueda vencer hay que comprarlo, o jubilarlo en el consejo de administración de alguna compañía eléctrica, lo cual es mucho más inteligente pues las muchas hambres del encumbrado las pagarán a escote las víctimas propiciatorias de este goyesco aquelarre nacional que tenemos montado, es decir, el pueblo llano. Y el que no esté de acuerdo, puerta, que si ancha es Castilla, más ancha es Europa y paz a de llevar tanta como descanso deje. Mientras tanto, sea para el radical español el hoyo del escarnio y para el político bribón el bollo del escaño.

Mas es dicho popular que a quien va de martillo el cielo le pone el yunque y, como no hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo resista, a dios rogando con el mazo dando voy contando los días que faltan para toparme con otro radical bajo la tormenta de arena de nuestra indignidad nacional porque, así, con la sinergia resultante de la reunión, se acortarán los días necesarios para encontrar más radicales con los que conformar la masa crítica necesaria para hacer justo lo que a nuestros próceres de la “secta nostra” les llevaría a la extinción: una leal, diligente y justa reforma del marco constitucional de convivencia que garantice la paz social necesaria para reconstruir esta gran Nación carcomida por siglos de exacción, incuria y descrédito. Porque ellos tienen en las instituciones su residencia, pero nosotros abrigamos en nuestros corazones la resiliencia necesaria para desahuciarlos de la Política, eso que ellos definen como el arte de lo posible cuando todos sabemos que, en verdad, es el arte de la convivencia. Y si es verdad que, en España, quien resiste gana, ¡resistamos!, que la unión siempre hizo la fuerza.

¡Alhorría!

Autor: Pedro Navarrete

11 Jun 17

Un antes y un después del 9 N

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Desde los inicios de la transición a la democracia, muchos catalanes que habíamos participado activamente en la conquista de las libertades secuestradas por el régimen franquista, renunciamos, en aras de la convivencia, a presentar una firme oposición frente a los cada vez más alarmantes desmanes del nacionalismo catalán.

En particular, en el ámbito de la enseñanza, los profesores no nacionalistas hemos venido tolerando con resignación la vulneración de nuestros derechos lingüísticos; la imposición del catalán como lengua vehicular en la enseñanza; la ausencia de la historia de España y de nuestra constitución en los proyectos curriculares; la exaltación del sentimiento patriótico catalán y la animadversión hacia todo lo español. Todo ello lo hemos soportado con la idea de que ese era el precio que había que pagar para evitar que los nacionalistas planteasen la ruptura con España. Pensábamos que si les dejábamos salirse con la suya en las cuestiones culturales e identitarias no sentirían la necesidad de abandonar España. Callábamos también por temor a la etiqueta que los totalitarios tienen reservada para todos cuantos osan expresar la menor disidencia. La etiqueta más aborrecida por quienes mayoritariamente proveníamos de la lucha antifranquista, la de fascistas.

El contexto político tampoco ayudaba a la libre expresión de nuestra oposición al nacionalismo. Los partidos políticos y los sindicatos que representaban al sector de la población con raíces en el resto de España y extracción obrera, se esforzaban denodadamente en borrar de sus potenciales votantes cualquier sentimiento de españolidad y en sustituirlo por el sentimiento nacional catalán, a base de identificar torticeramente España con fascismo y Cataluña con progresismo.

Un sentimiento de frustración, de impotencia, de claudicación ha ido apoderándose año tras año de los catalanes que somos y queremos seguir siendo españoles. Como si no hubiera nada que pudiésemos hacer, como si no hubiera forma de canalizar nuestras quejas, de hacer valer nuestros derechos. Hemos asistido al triste espectáculo de ver cómo la Generalidad vulnera sistemáticamente los derechos lingüísticos de los catalanes que reclaman enseñanza en español en las escuelas, sin que pase nada, sin que el perjuicio que se ha ocasionado a esas familias sea reparado, sin que las ofensas, los insultos que cada vez con más intensidad recibe España y los españoles en los medios de comunicación catalana encuentren adecuada respuesta.

Da la impresión de que la realidad que hoy se vive en Cataluña imita la ficción ideada por Orwell en su magistral novela 1984. Como en esa novela, estamos en una sociedad donde la tergiversación de la realidad es el pan nuestro de cada día: reclamar el derecho a la enseñanza en catalán es atacar a la lengua catalana; ser patriota español es ser fascista; ser patriota catalán es ser demócrata; fomentar el odio a España es amar a Cataluña; incumplir la ley es ser demócrata; rebelarse contra la tiranía del pensamiento único nacionalista es ser intolerante…

Pero, paradójicamente, la fraudulenta consulta del 9 N supuso un cambio en esta dinámica del paroxismo nacionalista que empieza a ser perceptible. Ya no se puede ir más lejos: ni los nacionalistas pueden exigir más (pues piden la independencia) ni los demócratas podemos transigir más. Hemos llegado a un punto de inflexión a partir del cual ya no es posible ofrecer como mal menor la renuncia a nuestros derechos por preservar la unidad de España, pues es esa misma unidad la que ahora está en peligro. Ha llegado el momento en que todos los demócratas catalanes hemos de atrevernos a decir NO, no a la imposición, no a la tergiversación, no a la manipulación, no a la dictadura del odio a España. Y vamos a ser capaces de decir NO porque nos asiste el derecho inalienable a nuestra libertad de expresión y porque somos mayoría. Una mayoría que tiene que hablar alto y claro para demostrar al resto de España que el gobierno de la Generalidad no representa al pueblo de Cataluña, sino tan sólo a una minoría, importante, pero minoría al fin y al cabo, frente a una mayoría que, pese a la insistente y abrumadora propaganda pagada con dinero público, respeta la ley. Que no olviden ese dato los que aún claman que hay que negociar para dar satisfacción a los soberanistas. España debe pensar en esos catalanes ansiosos de que alguien les represente, canalice y articule su legítima aspiración a seguir siendo españoles. Ha llegado el momento de hablar alto, claro y sin complejos; ha llegado el momento de hacer oír la voz de los silenciados. Esperemos que ni el gobierno de España ni los partidos y asociaciones que defienden la unidad de España nos desamparen.

 

Autora: Dolores Agenjo