5 Dic 17

LA IZQUIERDA REACCIONARIA: SÍ A LOS PRIVILEGIOS

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La semana pasada fue aprobado en las Cortes el nuevo cupo vasco, con la aquiescencia de toda la izquierda oficial de ámbito presuntamente nacional. Sobradas son las pruebas de que el cálculo del cupo, realizado con arreglo a criterios de oportunidad política, es profundamente opaco y arbitrario. Es positivo que se escuchen voces, cada vez más generalizadas, que denuncian este cálculo, por ser contrario a los principios de transparencia y de interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos, principios clave en nuestra arquitectura constitucional. Sin embargo, es incierto que calcular correctamente el cupo y mantener inalterado el reconocimiento del concierto económico vasco y el convenio navarro sea una medida suficiente. Constituiría un avance indudable en términos democráticos y de igualdad, pero validaría el mantenimiento de un régimen fiscal excepcional que hunde sus raíces en una serie de tejemanejes decimonónicos que nada tienen ver con la actual democracia parlamentaria que es España. La relación entre estos regímenes fiscales y los derechos históricos también reconocidos en la Constitución es inescindible. Desde una óptica moderna y democrática, según la cual los titulares de los derechos son los ciudadanos y no los pueblos preconsituidos – pretendidamente investidos de una suerte de legitimidad primigenia y anterior a las leyes democráticas, cuya fuente última residiría en las profundidades (siempre arbitrarias) de la Historia – ni los regímenes fiscales excepcionales para dos Comunidades Autónomas, ni sus pretendidos derechos históricos tienen razón de ser. En democracia, son las leyes comunes e iguales para todos las que nos hacen ciudadanos. Las peculiaridades identitarias son personales, o tal vez grupales y perfiladas con arreglo a criterios – como la renta o la extracción social y familiar – que les son ajenos a los nacionalistas, permanentemente obsesionados con el mantra de las identidades. En todo caso, esas diferencias no pueden operar ab initio, ni ser el filtro a través del cual se accede a los derechos de ciudadanía. Sólo una vez garantizados éstos en pie de igualdad para todos los ciudadanos del demos, se puede aceptar que cada uno de nosotros construya sus afinidades y decisiones de la manera que mejor prefiera. Existe, por tanto, un derecho a la diferencia, pero no puede aceptarse la diferencia de derechos. Aunque el cupo se calculase correctamente, de forma transparente y no arbitraria, la naturaleza del concierto estaría completamente reñida con el principio de igualdad de todos los ciudadanos españoles.

Y es aquí donde podemos y debemos analizar el comportamiento de la izquierda oficial, de ámbito pretendidamente nacional. ¿Por qué esa izquierda, antaño instalada en el pacto del Tinell, reconocible por su visceral y ubicuo rechazo al PP (muchas veces justificado), no tiene problema alguno en aceptar esa hedionda pinza con la derecha de aquí y de allá para blindar y ampliar el privilegio? No sorprende que un partido fundado por un racista empedernido como Sabino Arana y profundamente arraigado en la sacralización del fetiche de la diferencia, mire única y exclusivamente el interés particular frente a cualquier criterio de justifica, equidad o igualdad, siempre de vocación universal y, por tanto, incompatible con el adn del dogma nacionalista. Se entiende, en fin, que los nacionalistas sean nacionalistas; e incluso que los partidos conservadores, regionalistas y foralistas preponderen sus intereses particulares a los  intereses generales. Es su identidad ideológica y son consecuentes con ella. Tampoco debe sorprender que los neoliberales más furibundos aplaudan la lógica del cupo vasco, y preconicen la necesidad de generalizarla para todas las CCAA. Dentro de su cosmovisión, nunca han rechazado la competencia fiscal entre CCAA, la libertad para deslocalizarse dentro y fuera de España, y la inconveniencia de una verdadera solidaridad fiscal entre ricos y pobres dentro de un mismo espacio político. No parece muy congruente esperar a que sean los oráculos liberales quienes reclamen una Europa armonizada fiscalmente, sin espacio para paraísos fiscales y deslocalizaciones, ni tampoco una España donde el Impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones, por ejemplo, sean exactamente los mismos en todas las CCAA. Es más, la mayor parte de sus prebostes defienden una descarnada competencia fiscal que permita  rebajar lo más posible toda carga fiscal… o incluso eliminarla. De ahí que, no exentos de congruencia, hayan aplaudido la rebaja del Impuesto de Sociedades en el País Vasco justo tras la aprobación del nuevo cupo. En las filas de la derecha, a pesar de sus dispares y a veces incompatibles fuentes ideológicas, se entiende bastante bien que se defiendan las particularidades y los privilegios, frente a los valores de igualdad, solidaridad y equidad social, y frente a las políticas de redistribución fiscal.

Es, sin embargo, la izquierda aquella de la que esperaríamos que proviniesen las voces más claras y diáfanas contra cualquier quiebra de los principios de igualdad y solidaridad entre conciudadanos. No se trata de escudarse tras las tramposas balanzas fiscales ni los anacrónicos derechos históricos para ocultar la realidad: son los ciudadanos los que pagan impuestos, y el principio de progresividad fiscal que garantiza nuestra Carta Magna permite que quienes más tienen, más paguen y contribuyan a la solidaridad interterritorial. Si en una Comunidad Autónoma, que no deja de ser una mera demarcación administrativa del Estado común, se encuentran empadronados un mayor número de ciudadanos con rentas altas, es lógico y justo que la transferencia de rentas hacia otras CCAA, vía impuestos, sea más pronunciada. Se trata de garantizar la solidaridad y la justicia entre conciudadanos. Que la izquierda, lejos ya de lo que común y erróneamente se denomina equidistancia, abrace sin remilgos la trampa quinquenal de un cupo falseado y no discuta una sola coma de los privilegios fiscales de las CCAA más pudientes económicamente en detrimento de aquellas en una situación económica y social más débil, no puede sino calificarse de traición insoportable. Es el síntoma inequívoco – la definitiva prueba del algodón – de que nos encontramos ante una izquierda reaccionaria.

Gran parte de sus élites y dirigentes han vaciado las estructuras oficiales de la izquierda de su clásico compromiso con sociedades más justas, más equitativas y más solidarias. Sin embargo, desde Plataforma Ahora estamos convencidos de que una amplia mayoría de ciudadanos comprometidos con los ideales más genuinos de la izquierda siente hastío y rechazo al constatar actitudes que bordean la corrupción intelectual. Lejos de resignaciones y lamentos vacuos, nos corresponde a todos articular una alternativa creíble y viable en el espacio ideológico que defendemos: el de una izquierda capaz de defender su programa y no tomarlo prestado, en el culmen de la incongruencia, del nacionalismo, ideología emparentada con la defensa de los privilegios y disolvente definitivo de cualquier expectativa real de transformación social.

22 Nov 17

LA DIGNIDAD DE NUESTRO SECTOR PÚBLICO

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Con ocasión de la grave crisis económica que durante los últimos años ha vivido medio mundo y de manera pronunciada nuestro país, algunos gurús económicos se aprestaron a denunciar la ineficacia y obsolescencia de nuestro sector público, fuente de un gasto insostenible en el que debían centrarse los mayores esfuerzos de las recetas de austeridad y recortes sociales. No han sido pocas las voces que, en los últimos tiempos, se han pronunciado con especial rotundidad defendiendo la necesidad de reducir el peso del sector público en la economía, de disminuir el número de funcionarios y empleados públicos – confundiendo de manera interesada a los enchufados a dedo por nuestros representantes políticos con los funcionarios que ocupan sus puestos de trabajo tras aprobar oposiciones basadas en los principios de mérito y capacidad – y defendiendo la necesidad de congelar o rebajar sus emolumentos.

El pasado sábado 18 de noviembre, en las calles de Madrid tuvo lugar la gran manifestación de JUSAPOL por la equiparación salarial de nuestro policías nacionales y guardias civiles con policías locales y autonómicos. Allí estuvo Plataforma Ahora enarbolando la bandera de esta causa justa. Al contrario que esas voces demagógicas que hostigan sin parar a nuestro sector público, nosotros tratamos de mirar con objetividad la realidad de los hechos. Ni la crisis económica surgió a consecuencia de un sobreendeudamiento del sector público – sino más bien por los excesos de determinados agentes económicos privados y la falta de regulación (o la mala regulación) que supervisara sus interacciones – ni los funcionarios públicos son prescindibles o un estorbo. No creemos que el Estado deba desempeñar un papel meramente residual, sosteniendo unos servicios públicos esquilmados de recursos y profundamente degradados. Como bien explicó la economista italiana Mariana Mazzucato en su libro “El Estado Emprendedor”, creemos que éste no debe limitarse únicamente a garantizar las condiciones económicas de creación de riqueza sino que además tiene que asumir su papel en la generación directa de puestos de trabajo. Cierto es que nosotros reivindicamos una economía social de mercado, toda vez que las economías planificadas demostraron su inviabilidad de forma reiterada durante el pasado siglo, pero distamos mucho de creer que el mercado es algo así como el becerro de oro, capaz de autorregularse, crear riqueza y distribuirla de manera equitativa. Nada más alejado de la realidad. Como igualmente incierto resulta sostener que determinadas funciones esenciales para el conjunto de la ciudadanía pueden privatizarse o externalizarse al sector privado. Ningún ensayo de gestión privada de la educación o la sanidad ha funcionado. Las formas de capitalización de los sistemas de pensiones tampoco se revelaron justas, equitativas o eficientes. Por no hablar de la seguridad, la defensa o la justicia: obviamente no existe siquiera una formulación seria, alejada de irrisorias utopías, para proveer de manera privada dichas atribuciones clásicas del Estado.

Por tanto, partiendo del axioma de la necesidad del Estado y de un sector público con la suficiente fuerza para corregir las disfuncionalidades y desigualdades que el mercado dejado a su libre arbitrio comporta, hemos de procurar revertir la degradación de las condiciones salariales de nuestros funcionarios y empleados públicos. Algunos opondrán que no son los únicos y, en muchas ocasiones, aun habiendo visto congelados o rebajados sus salarios, conservan una posición de privilegio en relación a los trabajadores por cuenta ajena o los autónomos, por no hablar de los que trabajan sin garantía alguna, en indignos fraudes de ley y condiciones de absoluta explotación. No seremos nosotros quienes neguemos esto. Todo lo contrario. Pero la precariedad no es un juego de suma cero. Que uno sea precario no implica que el otro deje de serlo. Reclamar dignidad integral, incluida la salarial, para nuestros funcionarios y empleados públicos no obsta para que podamos y debamos también reivindicarla para todos los trabajadores del sector privado. Necesitamos una sociedad justa y digna, donde los maestros y profesores, los médicos y enfermeros, nuestros funcionarios de justicia, y nuestros policías y guardias civiles tengan unas condiciones justas y dignas. No se trata de garantizar el interés particular o gremial de nadie, sino de tutelar los intereses generales del conjunto de la sociedad: qué mejor que hacerlo prestigiando a los que, mediante su trabajo, nos sirven a diario a todos los ciudadanos.

Por eso Plataforma Ahora estuvo el sábado con JUSAPOL en Madrid. EL Estado Social y Democrático de Derecho – nuestro Estado del Bienestar – no es una conquista subsidiaria o prescindible. Es la línea de demarcación que separa los sistemas inclusivos de aquellos en los que impera el sálvese quien pueda. Los servicios públicos han de sufragarse, además, con los impuestos de todos y, en especial, con los de los que más tienen. La progresividad fiscal, sobre la que debe pivotar una profunda reforma fiscal que garantice una adecuada presión fiscal sobre las rentas del capital y sobre las grandes fortunas, y una verdadera armonización fiscal en España y en toda la Unión Europea, son medidas imprescindibles para preservar la sostenibilidad de nuestro sector público y la dignidad salarial y económica de nuestros funcionarios y empleados públicos. Nada de lo anterior impide, además, desmontar las estructuras de colocación y clientelismo creadas alrededor del poder político, ni fomentar los principios de mérito y capacidad, eficacia y eficiencia, entre nuestros funcionarios y empleados públicos. Dejar de estigmatizar el sector público y potenciar, crítica pero proactivamente, todas sus potencialidades será imprescindible para vencer tantos prejuicios creados de manera inducida en el imaginario colectivo.

Otra de las razones principales que motivó la presencia de Ahora en la marcha de JUSAPOL es la defensa del principio de igualdad en todo el Estado. El proceso de descentralización asimétrica llevado a cabo al calor del desarrollo de nuestro Estado de las Autonomías ha provocado unas diferencias sangrantes entre los servicios públicos que se prestan en una y otra parte del país. Esta brecha también se refleja en los salarios que perciben unos y otros empleados públicos. No sólo los policías nacionales y guardias civiles, aunque su diferencia salarial respecto a policías locales y autonómicos resulte especialmente hiriente. Todas estas diferencias se explican dentro de la lógica perversa de disgregación territorial y centrifugación del Estado. Parece que lo de todos siempre tiene que ser secundario respecto a lo que es de unos pocos. Una lógica particularista y esencialmente antigualitaria que, en el culmen de la paradoja, ha sido promocionada por las izquierdas oficiales, sometidas al mantra nacionalista. Plataforma Ahora rechaza la disgregación del Estado y sus devastadoras consecuencias, como el maltrato salarial de nuestros guardias civiles y policías nacionales. Es hora de revertir tamaña anomalía.

La dignidad del sector público es una de nuestras banderas irrenunciables. Contemplamos con disgusto la parcialización del discurso ideológico progresista entre las fuerzas políticas de nuestro país: quienes defienden la integridad territorial del Estado, repudian los beneficios sociales de la socialdemocracia y del Estado del Bienestar; y quienes defienden una política económica social y progresiva, se muestran laxos y comprensivos ante el nacionalismo disgregador que busca debilitar y fracturar el Estado. Ambas posiciones son incompletas y, por tanto, incapaces de mostrar congruencia ideológica en la defensa de nuestro sector público. Plataforma Ahora sigue pensando que el Estado es condición de necesidad del Estado del Bienestar. De ahí que resulte imprescindible defender la unidad territorial del Estado para hacer viable su capacidad de garantizar un sector público fuerte y redistribuidor, con empleados prestigiosos y bien remunerados. La dignidad del sector público no es una conquista de sus directos beneficiarios, sino el reflejo palmario de nuestra dignidad como sociedad.

7 Nov 17

UNA ALTERNATIVA REAL FRENTE AL NACIONALISMO

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Ante las inminentes elecciones catalanas, son diversas las propuestas e ideas que proliferan en la opinión pública para tratar de cambiar la actual correlación de fuerzas. Existe, por un lado, una tendencia bastante generalizada a pensar que la fractura que el nacionalismo ha operado en la sociedad catalana ha de traducirse, necesariamente, en la conformación de un bloque constitucionalista y no nacionalista que abarque todas las variables ideológicas imaginables, con ese denominador común, el no nacionalismo. Otra idea con bastante predicamento es la que apunta a una alternativa exclusivamente ceñida al ámbito autonómico de Cataluña.

Desde Plataforma Ahora, respetando las citadas propuestas, entendemos que ninguna de ellas es verdaderamente útil para oponer una alternativa real y creíble al nacionalismo identitario. Una alternativa capaz, primero, de deslegitimarlo intelectualmente y, después, de derrotarlo en las urnas.

Bien está que la sociedad civil se haya manifestado de manera clara y rotunda frente al nacionalismo y que en las manifestaciones llevadas a cabo por las calles de Barcelona la mayoría antaño silenciosa haya reivindicado sin complejos la titularidad compartida del espacio público. Es natural y altamente saludable que en manifestaciones como las celebradas coincidan ciudadanos de diferentes sensibilidades ideológicas, comprometidos con la defensa de su ciudadanía compartida, de la que se tratan de apropiar indebidamente los separatistas y nacionalistas de todos los pelajes. Resulta igualmente entendible que en los lugares geográficamente afectados de forma directa y palpable por el sarampión identitario – donde los derechos se conculcan a veces de manera violenta y la convivencia democrática se contamina hasta extremos obscenamente tóxicos –  se procure una respuesta inmediata y proactiva al nacionalismo. Hasta ahí todo parece bastante entendible.

Sin embargo, colegir de lo anterior la necesidad de articular un frente constitucionalista que no repare en distinciones ideológicas no nos parece algo recomendable. En primer lugar, porque valida el carácter plebiscitario que los nacionalistas quieren conferir a esta convocatoria electoral. Es indudable que, ante un golpe de Estado, todos los demócratas tenemos que estar unidos. Pero la defensa del Estado de Derecho no puede ser sino un prius irrenunciable, a partir del cual las ofertas electorales y las discrepancias ideológicas son bienvenidas y saludables. Que la democracia sea una condición necesaria para el libre desarrollo de la política no obsta para que, con ese suelo mínimo indiscutible, el juego democrático permita debatir sobre todo lo demás.

Tampoco pensamos que sea suficiente el esfuerzo, por otra parte loable, de articular una voz que responda a las falacias nacionalistas dentro del marco de juego territorial previamente trazado por ellos mismos. ¿Por qué una respuesta en Cataluña y sólo en Cataluña? Es incierto que haya un problema catalán, puesto que cuando se invoca tal cosa a lo que se está aludiendo, en verdad, es al problema de todos los ciudadanos españoles: el inaceptable proyecto nacionalista de levantar una frontera entre conciudadanos y convertir a millones de personas en extranjeros en su propio país. La defensa de la integridad de nuestra ciudadanía nos incumbe a todos, más allá de la concreta demarcación territorial del Estado en donde nos haya tocado nacer o vivir. Al fin y al cabo la ciudadanía no admite grados, y no puede hablarse de ciudadanos de primera y de segunda, o de ciudadanos directamente concernidos por la apropiación indebida de sus derechos y de otros a los que esa eventualidad les pueda resultar indiferente. Si algún día conseguimos contrarrestar efectivamente al nacionalismo será articulando un discurso nacional que recuerde lo obvio: un catalán no es mejor que un extremeño, ni un madrileño que un andaluz porque todos somos esencialmente iguales, en cuanto conciudadanos españoles. De eso trata la ciudadanía, de nuestros derechos y deberes iguales consagrados por las leyes democráticas de la comunidad política. Ése es el verdadero antídoto frente a los privilegios de origen y su reminiscencia anacrónica, tristemente constitucionalizada, de los derechos históricos. También la inaplazable eliminación de estos pretextos de la diferencia dependerá de la capacidad de articular un efectivo discurso nacional; jamás será posible desde ámbitos de acción política limitados y circunscritos a un espacio autonómico, regional o local.

Desde Plataforma Ahora estamos convencidos de que la alternativa real al nacionalismo solo puede ser nacional y de izquierdas. Y no es ésta una afirmación caprichosa. En el adn ideológico del conservadurismo español siempre ha estado la defensa de los privilegios forales – no hay más que observar el proselitismo que el PP hace del pacto con el PNV para ampliar la componenda del cupo vasco, que consagra la desigualdad entre españoles -. Los liberales, por su parte, no han sido doctrinalmente refractarios al derecho de secesión. Al contrario, las principales justificaciones del supuesto derecho de secesión de una parte del territorio político han venido de mano de autores liberales, empecinados en defender una suerte de asociación voluntaria de individuos, como si un Estado democrático fuera un club privado, donde uno entra y sale a discreción.

Es, precisamente, la izquierda la única capaz de defender la unidad e integridad territorial de los Estados con plena coherencia ideológica. No olvidemos lo básico: sin Estado, no hay Estado del Bienestar, ni redistribución posible. Sólo en presupuestos excepcionales, hoy perfectamente tasados por Naciones Unidas, se defendió desde posiciones de izquierdas el derecho de autodeterminación, si bien siempre con carácter instrumental. Esto es, en aras al cumplimiento de un ideal emancipador superior. Fuera de los presupuestos coloniales o de conculcación de derechos – que en Cataluña únicamente se producen a manos de los nacionalistas – esa secesión rompe en mil pedazos los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que señalan la génesis histórica de la izquierda. Sólo la izquierda puede, con perfecta coherencia y naturalidad, defender el Estado es una unidad de justicia y decisión conjunta. Nadie elige las fronteras donde nace, y la razón democrática consiste en garantizar los valores cívicos y universales dentro de las fronteras – siempre arbitrarias – en que a cada ciudadano le ha tocada en suerte o desgracia caer. Elegir romper las fronteras implicaría optar por la quiebra de esas unidades de justicia y decisión, una decisión puramente arbitraria que colisiona con el propio ideal democrático. ¿Y para qué? ¿Para crear limbos jurídicos donde rijan leyes étnicas o identitarias, normas diferentes que oficialicen el privilegio? Esa opción casa mal con los ideales de emancipación, cívicos y universalistas, de la izquierda. Es precisamente por eso por lo que entendemos que la izquierda es la única capacitada para enfrentarse al nacionalismo como ideología reaccionaria, que antepone la identidad a la ciudadanía, y el hecho diferencial a la igualdad de todos los ciudadanos. Dicho en corto: la derecha, con sus familias liberales y conservadoras, siempre guardará latente la tentación de transar con el nacionalismo. Hoy una ampliación y blindaje del concierto económico vasco, mañana tal vez un pacto fiscal para Cataluña. Si escapa de su actual sumisión ignominiosa e incoherente ante el nacionalismo, la izquierda estará perfectamente legitimada para desmontar la lógica regresiva de las identidades, fuente inagotable de privilegios y pretextos contra la igualdad. Siendo, en última instancia, plenamente coherente con sus ideales y principios más genuinos.

Plataforma Ahora entiende que las soluciones cortoplacistas – votos útiles, frentes transversales que den carta de naturaleza al carácter pretendidamente plebiscitario de las elecciones – siempre tienen un vuelo corto. Por ello abogamos por que, en las próximas fechas, pueda tomar cuerpo una alternativa unitaria y amplia que, desde la izquierda cívica, universalista e igualitaria, y con plena vocación nacional, desmonte las falacias del nacionalismo y lo combata como lo que es: la ideología más reaccionaria y lesiva para el proyecto trasformador que la izquierda debe representar.

23 Oct 17

EL ARTÍCULO 155 Y LA PEDAGOGÍA DEMOCRÁTICA

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El pasado sábado 21 de octubre el Consejo de Ministros dio luz verde a la aplicación del artículo 155 de la CE. Tras demasiadas dudas y dilaciones, finalmente el Gobierno de España ha decidido tomar las riendas de la situación, apoyado por PSOE y C´s. El Gobierno, que hasta la fecha permanecía dubitativo, timorato e inmovilizado hace acto de presencia a través de este último resorte. Los tribunales de justicia, el propio Tribunal Constitucional, el Jefe del Estado, y de manera especial la sociedad civil, esa mayoría silenciosa que ya nunca volverá a su letargo silente ante la imposición nacionalista… todas las citadas instancias de la sociedad española habían dado ya sobradas muestras de compromiso con el orden constitucional y la democracia. Sólo faltaba por aparecer el Gobierno. El sábado lo hizo. Desde Plataforma Ahora lo celebramos. No hemos escatimado críticas – siempre justificadas – a este gobierno y a la oposición democrática: por inacción, por cesión ante el nacionalismo, por mirar demasiadas veces a otro lado. Pero cualquier posición crítica exige como condición irrenunciable el reconocimiento de los aciertos: el Gobierno de España cumplió con su obligación y acordó la aplicación del artículo 155 en toda su extensión.

A pesar del calculado estigma creado por demasiados en torno a este artículo, recordemos que el 155 dista mucho de ser una anomalía  en el derecho comparado. Muy al contrario, encuentra correlato casi literal en las constituciones de nuestro entorno. Un entorno democrático, huelga decir. Más concretamente, el artículo 155 fue importado de forma casi literal de la Constitución alemana. No se trata de cosa distinta que de la habitual cláusula de cierre de un Estado federalizante con un profundo grado de descentralización como el nuestro. En efecto, en Estados descentralizados como el español, se antoja imprescindible la existencia de un precepto como el invocado, que clarifique la prevalencia del orden constitucional sobre cualquiera de las partes que conforman el todo estatal, llegado el caso de que su comportamiento entre en colisión con la democracia y con la integridad territorial de ese Estado. Eso es, precisamente, lo que lleva demasiado tiempo ocurriendo en Cataluña: el constante y sostenido proceso de vulneración de los artículos 1.2 y 2 de la CE. A saber, que la soberanía reside en todo el pueblo español, y que la nación española es indisoluble. Como ocurre, dicho sea de paso, en todas las Constituciones del mundo democrático. El concepto de nación al que alude nuestra CE es, como no podía ser de otra manera, un concepto político diametralmente opuesto a ese anacronismo atávico de las naciones étnicas, fantasma genuino de un tiempo, oscuro y sangriento, que creíamos superado. Una nación de ciudadanos libres e iguales, un marco de convivencia  sin lugar para la discriminación o el privilegio, eso consagra nuestra Constitución. La aplicación del artículo 155 devuelve, por tanto, la proporcionalidad a escena: ante un golpe de Estado- o un nuevo amago -, su no aplicación hubiera supuesto un ejercicio de parálisis desproporcionada y quién sabe si definitivamente letal para la pervivencia de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho.

La aplicación del artículo 155 ha descubierto algunas fallas estructurales de nuestro país, largo tiempo sospechadas: la falta de cultura democrática es una. La permanente adolescencia de nuestra izquierda pretendidamente radical, otra. Y decimos pretendidamente radical – en su significado etimológico más genuino, el de ir a la raíz de los problemas – porque, en el fondo, es una izquierda superficial y abiertamente naif, que tiene de izquierda sólo la etiqueta nominal que se atribuye a sí misma, y de naif, el resto, es decir, todo.

Falta cultura democrática cuando se invoca la necesidad de dialogar, en un momento en el que las leyes democráticas no aparecen ya violentadas, sino flagrantemente vulneradas. Se olvida tristemente que es precisamente el diálogo el cauce que deriva en la aprobación de esas leyes, dique irrenunciable frente a la arbitrariedad. Esa misma arbitrariedad que hoy algunos quieren imponernos. La arbitrariedad que, como ocurre siempre, imponen unos pocos privilegiados sobre el resto. No, el diálogo no puede invocarse como subterfugio metafísico para debatir la aplicación o inobservancia de las leyes. Si tal cosa se hiciese, estaríamos indefectiblemente en manos de quienes desean atropellar a los demás. Quienes pretenden sustituir el gobierno de las leyes por el gobierno de los hombres sin ley, están, tal vez sin saberlo, allanando el terreno al fascismo. A los cimientos básicos de un sistema totalitario, donde el abuso – la ausencia de ley – sea patrón de conducta generalizado. Dialogar sobre cómo dejar de aplicar las leyes democráticas implica la voladura de nuestra convivencia y el tránsito inexorable hacia las tinieblas de un mundo sin ley, donde siempre vence el que más posesiones, dinero, contactos o poder de influencia tiene. El más fuerte, en definitiva.

Volvamos a la izquierda radical. A la izquierda presuntamente radical, que venía a remover conciencias y a luchar contra la precariedad, los desahucios, la desigualdad y la crisis. La que se disponía “a tomar los cielos por asalto”, y ha terminado, simplemente, tomándonos el pelo. Una izquierda a la que hoy no se le conoce una sola propuesta novedosa para aumentar la igualdad y la equidad social en nuestro país. Podemos, claro. Una amalgama de populismo trasnochado y sumisión perfecta ante el mantra identitario. Hoy, en el eje central de su política, en sus elementos nucleares, Podemos defiende la ruptura de nuestra ciudadanía compartida y la voladura de la convivencia democrática. Como si la sustitución de la ley democrática por la arbitrariedad manifiesta de unos pocos fuera una propuesta transformadora. Como si en el levantamiento de una frontera hubiera algo de revolucionario. Como si otorgar derechos diferentes, es decir privilegios, a unos pocos por participar de una presunta identidad fuese garantía de progreso. Como si tales posicionamientos no fueran un guiño directo a la sociedad feudal, al Antiguo Régimen, no el de Franco, sino el de verdad, el previo a la Revolución Francesa. Una izquierda desnortada y reaccionaria que clama con sus actos la necesidad de su sustitución en el panorama político español, y más temprano que tarde.

La aplicación del artículo 155 y de todos los instrumentos de nuestro Estado de Derecho no es una opción. Resulta un compromiso irrenunciable. La ley democrática proscribe arbitrariedades y abusos de poder. Para los de abajo, para las personas más débiles de la sociedad, es una garantía absoluta. Cualquier izquierda que se precie no se puede permitir olvidarlo nunca: sin ley no hay democracia; sin ley, sólo habrá abusos, atropellos, arbitrariedades de unos pocos sobre el resto. Ni en la ruptura de la convivencia democrática hay izquierda, ni la hay en el nacionalismo supremacista, que entierra la igualdad en nombre de los privilegios de unos pocos. No hay rastro de izquierda en semejantes antiguallas; más bien su perfecta negación, la garantía reaccionaria de que nunca alcancemos la hermosa utopía posible que nos mueve, la consecución de unas sociedades de mujeres y hombres igualmente libres y plenamente fraternos. Por eso, hay dos ejes ideológicos -el compromiso con la democracia y el rechazo a cualquier nacionalismo- que son centrales en la izquierda cívica que encarna, desde su nacimiento, Plataforma Ahora.

10 Oct 17

URQUINAONA O LA ECLOSIÓN CÍVICA

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El 8 de octubre de 2017 será para siempre un día clave de la Historia de España. Será sin duda recordado como el día en que eclosionó la gran rebelión cívica de esa mayoría silenciosa, tanto tiempo postrada en Cataluña. Cierto es que han sido varias las voces valientes que, durante los últimos años e incluso décadas, osaron alzarse frente al clima opresivo y delator del nacionalismo, pero no recordamos un ejercicio democrático tan sobresaliente como el de ayer, en el que una multitud de ciudadanos valientes tomaron partido, inequívocamente, por la democracia y la libertad, por un futuro de convivencia sin fronteras ni rupturas.

Desde todas partes de España, y, sobre todo, desde cada rincón de Cataluña, acudieron ciudadanos de signo ideológico plural y diverso para dar testimonio pleno de que Cataluña no es un sol poble, uniformizado y homogéneo como sueñan los fanáticos de la identidad. Para su disgusto, se volvió a demostrar que la sociedad catalana, al igual que el resto de la sociedad española, es felizmente mestiza. Mestiza y plural, conformada por un crisol de opciones identitarias libremente configuradas a partir de los cimientos cívicos que hacen posible la convivencia pacífica y en libertad de todas esas alternativas. Para disgusto, e incluso desesperación, de los que fantasean con una Cataluña en blanco y negro, que desfile al son de Els Segadors, caminando sobre las sombras de una Historia tergiversada, al dictado de una única voz y unívoco sectarismo, editorializando en conjunto y repitiendo proclamas al unísono, claramente fracturada entre los “de aquí” y los de “fuera”, aquéllos que, por discrepar, son forzados a la inaceptable condición de extranjeros en su propio país.

Diametralmente alejados de esa construcción artificial, forzada y opresiva, los cientos de miles de ciudadanos que inundaron las calles de Barcelona ayer lo hicieron de manera ejemplarmente cívica, alérgica a toda vindicación tribal y nacionalista, con el alivio, la alegría y hasta la necesidad, fácilmente perceptible, de salir masivamente del armario, dejando atrás todos los complejos pasados que tanto han lastrado la resistencia constitucionalista frente a la opresiva y artificial hegemonía nacionalista.

Los ciudadanos españoles que salieron a las calles de Barcelona no lo hicieron para contraponer ninguna quintaesencia españolista frente a una quintaesencia identitaria de signo pretendidamente contrario. Nada más lejos de la realidad, a pesar de las maniqueas y cada vez más ridículas manipulaciones de algunos. Quienes ayer salieron a la calle, ya fueran socialistas, liberales o conservadores – demócratas, en fin, de todas las condiciones ideológicasreivindicaron, en primer lugar, la calle como espacio público que no puede ser patrimonio exclusivo de nadie. Tampoco de los nacionalistas. Ésa fue la primera lección cívica para la posteridad: la calle no es vuestra, ni tampoco pertenece a vuestro mantra identitario. El ficticio derecho de propiedad que durante demasiados años habéis ejercido sobre la misma llegó ayer a su fin. La calle, lo público, en democracia, nos corresponde a todos los ciudadanos y no vamos a permitir que nadie privatice jamás ese espacio político. Aprendan ya la lección; no la olviden nunca.

La segunda lección cívica que brotó ayer de las calles de Barcelona, de Cataluña, de España, fue el clamoroso compromiso democrático de una mayoría amplia de ciudadanos. Bastante hemos sufrido en este país para construir, por encima de renuncias, frustraciones y derrotas, un sistema democrático que garantiza los iguales derechos y libertades de todos, como para permitir su irresponsable harakiri. Nuestro sistema de convivencia se asienta sobre un entramado institucional representativo y un conjunto de leyes, otorgadas entre todos, que consagran derechos y evitan cualquier ejercicio arbitrario y despótico del poder. Por supuesto que las leyes pueden cambiarse, pero única y exclusivamente por los procedimiento previstos en las mismas, y siempre entre todos los ciudadanos, no por la coacción unilateral de unos pocos. Fuera de las leyes que proscriben las arbitrariedades y abusos, no hay democracia. Derogar discrecionalmente la ley democrática en un Estado de Derecho no es una cuestión accesoria o susceptible de transacción alguna; es un ejercicio de violencia inaceptable que altera la convivencia pacífica del conjunto de ciudadanos. Supone la subversión inaceptable de la civilización, el forzado regreso a un mundo de cartas marcadas a perpetuidad, donde siempre se impone la arbitraria voluntad del más fuerte.

La tercera enseñanza de ciudadanía que nos brindó ayer una multitud inconmensurable de españoles valientes, sin miedo ni complejos, es que todos, todos sin excepción, queremos decidir sobre nuestro futuro en pie de igualdad. Lo que nunca vamos a aceptar es que unos cuantos individuos se apropien indebidamente de nuestra ciudadanía, de nuestros derechos, que no emanan de la meva terra – como proclamaba algún rudimentario y solitario graffiti, hagiografía de un mundo felizmente superado, el de los estamentos y los privilegios – sino de la pertenencia igual, en tanto que ciudadanos, a la comunidad política constitucionalmente vigente, democrática. La ruptura de esa comunidad política de conciudadanos libres e iguales es tanto o más costosa que la ruptura del orden constitucional democrático. Esgrimir razones identitarias para ejercitar el pretendido derecho a romper dicha comunidad es completamente inaceptable. Todos tenemos derecho a construir libremente nuestras opciones identitarias, pero ninguna persona o grupo tiene derecho a secuestrar nuestros derechos si no participamos de la identidad oficial. En ese arbitrario proceso de apropiación indebida de nuestra ciudadanía, sin eufemismos justificadores, se traduce el proyecto nacionalista.

Ahora que el silencio ha quedado definitivamente atrás, que los ciudadanos de pleno derecho han gritado cívica y pacíficamente que no negociarán jamás su condición de ciudadanos, es hora de que se pueda capitalizar políticamente esta eclosión cívica. Es hora de traducir políticamente los hermosos versos de Gabriel Celaya: “No reniego de mi origen/ pero digo que seremos/ mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo”.

De un comienzo: del comienzo de una verdadera alternativa moderna, laica, democrática, cosmopolita y universalista, que abogue por una comunidad, ampliable y no fragmentable, de ciudadanos libres e iguales, frente al proyecto regresivo y reaccionario del nacionalismo. Desde la izquierda cívica, Plataforma Ahora quiere mostrar una vez más su inequívoco compromiso con dicha alternativa.

2 Sep 17

Plataforma Ahora pide al Gobierno de España que detenga el golpe de Estado en Cataluña

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  • Maneiro sostiene que “si el Gobierno de España no impide el referéndum, deberá dimitir en pleno y convocar elecciones”
  • Plataforma Ahora hace un llamamiento a los partidos políticos nacionales para que unan fuerzas, aparquen sus diferencias y apliquen la legalidad vigente y la Constitución Española, incluido el artículo 155

 

01 de septiembre de 2017– Plataforma Ahora pide al Gobierno de España que detenga el golpe de Estado en Cataluña. Y es que, se constata que la intención de los independentistas catalanes es seguir adelante con la celebración de la consulta, el día 1 de octubre, desafiando la democracia y rompiendo la convivencia entre los ciudadanos españoles.

 

Por este motivo, el portavoz de Plataforma Ahora, Gorka Maneiro, ha hecho un llamamiento a los partidos políticos nacionales para que “unan fuerzas y detengan el golpe de Estado dado por los independentistas en Cataluña”. Un motivo por el que les pide que “aparquen sus legítimas diferencias en otras cuestiones y apliquen ya la legalidad vigente y la Constitución Española” con el objetivo de “salvaguardar los derechos ciudadanos vulnerados por la Generalitat de Cataluña”.

 

En este sentido, Maneiro reclama, tanto al Gobierno de España como a los partidos políticos nacionales que “cumplan con su obligación e impidan la celebración de la anunciada consulta del día 1 de octubre, que protejan el Estado de Derecho vulnerado y apliquen cada uno de los artículos de la Constitución Española, incluido el artículo 155”. A lo que añade que “si el Gobierno de España no impide la celebración de este referéndum, deberá dimitir en pleno y convocar elecciones”.

 

En este sentido, el portavoz de Plataforma Ahora recuerda a los partidos políticos nacionales que “la solución frente a los nacionalistas no es ceder ante sus pretensiones ni tratar de contentarlos o asumir parte de su discurso (que es lo que habitualmente han venido haciendo) sino desmontar sus falacias con pedagogía política y argumentos”. Por todo esto, desde Plataforma ahora se pide “una reforma constitucional pero no, como algunos pretenden, para tratar de contentar a los nacionalistas, sino para defender más igualdad y más bienestar para todos”.

1 Sep 17

AHORA CATALUÑA: EN DEFENSA DE NUESTRA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA

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El próximo 16 de septiembre Plataforma Ahora se presenta oficialmente en Barcelona. Lo hacemos en plena convulsión política planteada por el órdago secesionista que el gobierno autonómico catalán ha lanzado – con la aquiescencia cómplice de demasiados – contra nuestro Estado de derecho y la convivencia democrática que éste garantiza. Nos presentamos en Barcelona con la voz y la palabra, ocupando sin complejo la esfera pública cuya titularidad compartida reivindicamos, en tanto que ciudadanos españoles plenos de derechos y deberes, y por tanto facultados para hacer política sin pedir permiso a nadie.

Plataforma Ahora no nació para complacer a los que han hecho de su permanente insatisfacción razón de ser en política, y motor de su estrategia de chantaje permanente. Tampoco nació para moderar a los nacionalistas, ni para brindar múltiples pretextos justificadores al nacionalismo, ideología reaccionaria por excelencia. Para todo ello ya hay múltiples candidatos y ofertas. La razón de ser de nuestro nacimiento es bien diferente: aglutinar a toda la izquierda progresista de este país, hoy atomizada o dispersa, en torno a la defensa de la ciudadanía compartida y la igualdad de todos los ciudadanos.

Al contrario de lo que muchos han convertido en habitual en la política española, Plataforma Ahora no preparará un discurso ad hoc para que resulte digerible por el statu quo dominante en Cataluña. Tampoco trazará una estrategia para territorializar su discurso, moldeándolo a conveniencia para contentar a propios y extraños. El discurso político presto a constantes modulaciones no es cosa distinta que un burdo engaño a la ciudadanía y una verdadera sinrazón. Los principios y valores que compartimos son predicables de punta a punta del país, y ocultarlos o matizarlos en territorios donde mayores hostilidades existen hacia ese discurso no sólo sería una traición indudable a todos aquellos ciudadanos constitucionalistas que tiempo ha salieron del armario para rebelarse cívicamente, sino que además supondría el descrédito definitivo de Ahora como instrumento político.

Tampoco pensamos que el objetivo de la presentación que se avecina sea el de mostrar una especie de solidaria condescendencia con los catalanes en unos momentos tan delicados. No. Desconfiamos de aquellas fórmulas políticas que se empeñan en parcelar el discurso, y también lo hacemos de quienes creen que existe un problema catalán, que es cosa de los catalanes… como si éstos fueran poco menos que miembros de un pueblo preconstituido o mágico conformado por nativos con hondísimas raíces milenarias, y el resto, los no oriundos del lugar, debiéramos limitarnos a acudir allí para mostrar condescendencia, solidaridad y compasión por el trance que sufren. Tal actitud es impropia de una democracia pluralista y consolidada y responde a una atávica concepción preciudadana de la democracia, una visión obtusa y esencialmente reñida con la misma. Nuestra voz en Cataluña será la misma voz que utilizamos en todo el país: la voz de los ciudadanos comprometidos; la voz de los ciudadanos concernidos ante la apropiación indebida que, desde un gobierno sedicioso y múltiples altavoces y justificadores ideológicos, pretende hacerse de nuestra condición de ciudadanos.

No hay problema catalán ni problema de los catalanes que valga. El problema – el desafío integral que pone en jaque nuestro sistema de convivencia – nos afecta en tanto que ciudadanos españoles. Políticamente hablando, en España los únicos ciudadanos que existen son los ciudadanos españoles. Algunos nacieron en Hospitalet, otros en Cádiz; algunos, incluso, en Buenos Aires, y otros en Malabo, fuera de nuestras fronteras. En tanto que ciudadanos españoles, resulta completamente irrelevante de dónde sean oriundos, porque tal eventualidad – geográfica, accidental, fortuita – no condiciona ni difumina los derechos y deberes que emanan, todos, de su ciudadanía: es decir, de su pertenencia igual a la comunidad política constitucionalmente vigente. Por tanto, cuando en una parte del espacio político compartido, alguien pretende mutilar la ciudadanía común, esto es, privar de derechos y deberes al conjuntos de ciudadanos titulares de dicho espacio político compartido, nuestra respuesta no puede por menos que ser contundente, proactiva y nítida. No iremos a Barcelona, por consiguiente, a expresar nuestra solidaridad o condescendencia con nadie, sino nuestro pleno compromiso con la cualidad de ciudadanos que detentamos, puesto que nunca aceptaremos que nos desprovean de dicha condición para condenarnos a la de meros oriundos de un territorio parcelado, enraizados como plantas a ese terruño concreto, y menos aún aceptaremos nuestra forzada conversión en extranjeros sin derechos ni garantías, presos de cualquier arbitrariedad imaginable.

El mensaje de Plataforma Ahora se dirige al conjunto de ciudadanos del país. Nuestra voz de alarma no pretende ser un grito estridente, sino un discurso tan sereno como desacomplejado que nos compela a todos a tomar conciencia de la dimensión de lo que está ocurriendo. El inicio de cualquier solución pasa por que rompamos las amarras mentales que siguen existiendo en demasiados lugares, ésas que nos hacen visualizar el recorte de nuestra ciudadanía y la dilución de nuestra democracia como problemas abstractos o carentes de consecuencias directas para nuestra vida real. Lejos de ser una abstracción, o una cuestión sentimental, la mutilación arbitraria de nuestra ciudadanía ataca los cimientos básicos de la convivencia democrática. Esa mutilación, justificada con frecuencia en base a pretextos identitarios, es precisamente la mejor garantía de que desaparezca nuestra libertad para conformar la identidad que deseemos. Al contrario de lo que nos cuentan los nacionalistas, las identidades no vienen ahormadas indefectiblemente por el lado de la frontera en el que hayamos tenido la fortuna (o desgracia) de caer. Las identidades, para que sean democráticas, deben poder desarrollarse sin cortapisas ni coacciones, una vez aceptada la ley común que sirve de aglutinante democrático en las comunidades políticas constitucionalmente vigentes. En nuestro país, esa comunidad política democrática responde al nombre de España, y la ley común que a todos nos iguala se llama Constitución española de 1978. Es a partir de su asunción y reconocimiento que cada uno de nosotros, provengamos de un lado o de otro, podemos desarrollar la oferta cultural, sentimental, religiosa, ideológica y, en fin, identitaria que prefiramos. Si la identidad se convierte, por el contrario, en el filtro que determina el acceso a los derechos y deberes ciudadanos, ni aquélla será democrática, ni éstos serán iguales para todos. Eso precisamente – consagrar la desigualdad en nombre de la identidad – es lo que pretenden los nacionalistas de todas las fronteras.

Digamos por último que nuestra defensa de la unidad cívica y de la ciudadanía común que compartimos proviene de la izquierda. No de una izquierda particularista, populista o nacionalista, no de esa izquierda oficial que cada día nos persuade aún más de su entrega, completa y quién sabe si ya irreversible, a la reacción nacionalista. Queremos construir una izquierda diferente, tan democrática como progresista, y más preocupada por los ciudadanos y su igualdad que por las fronteras y el fetiche de la diferencia. Nos dirigimos, muy especialmente, a todas aquellas personas que más han sufrido el embate de la crisis económica. A todos los ciudadanos que, por una razón u otra, siempre han estado vinculados a formaciones políticas de izquierda, generalmente por la necesidad de encontrar respaldo parlamentario de sus intereses y anhelos por un mayor equilibrio social, por una sociedad más justa e igualitaria. Deseamos mirar de frente a todos esos ciudadanos que, un día, sintiéndose comprensiblemente apartados de la esfera política y del bienestar económico que distaba mucho de estar equitativamente distribuido en la sociedad española, confiaron en alternativas políticas que hoy les han dado la espalda. Alternativas políticas que se dicen de izquierdas, incluso con estridente virulencia, como si la admonición izquierdista solventara cualquier duda o problema; pero que, a la hora de la verdad, ocultan de su discurso voces como Estado de Bienestar, desahucios, fiscalidad progresiva, renta básica, servicios públicos, o, al menos, subordinan su prioridad. Por desgracia, la izquierda oficial de esta país – y Cataluña es un ejemplo paradigmático de la traición secular de la izquierda a sus postulados más genuinos – ha entregado su alma al nacionalismo, olvidando la básica premisa de que sin Estado no hay Estado de Bienestar. La renuncia a defender un proyecto igualitario, y su sustitución por múltiples causas identitarias, ha supuesto de facto el abandono de millones de personas que sienten que la secesión en marcha, proyecto político que ambiciona el sombrío horizonte de expandir y multiplicar las fronteras, tendrá un terrible coste en términos de igualdad, redistribución y justicia social, en especial para los más débiles de la sociedad.

Una parte de la izquierda clásica solía recriminar a la derecha la obstinación reaccionaria en privar los extranjeros del acceso a nuestra ciudadanía. Estamos fundamentalmente de acuerdo. Siendo grave este hecho, sólo se nos ocurre algo más deplorable: la pretensión nacionalista, con la complicidad activa de nuestra izquierda reaccionaria, de privar a millones de ciudadanos de la ciudadanía que ya ostentan, y así convertirlos en extranjeros en su propio país.

12 Jul 17

20 años sin Miguel Ángel Blanco

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Estos días se cumplen 20 años del secuestro, tortura y asesinato del joven concejal del PP Miguel Ángel Blanco por la banda terrorista ETA, tras tenerlo dos días atado de pies y manos. Y 20 años de la extraordinaria movilización ciudadana que dio origen al “Espíritu de Ermua”: esos millones de personas que salimos a la calle para impedir un asesinato anunciado y a cámara lenta y, después, cuando confirmamos la cruel ejecución, para llamar criminales a los criminales, mientras estos y sus servicios auxiliares se escondían en sus madrigueras. Es cierto que durante unos días los demócratas, unidos, los acorralamos.

Estos días se cumplen 20 años desde que dimos por supuesto que aquello suponía el fin de ETA, dado que suponíamos imposible que, tras aquella barbarie, hubiera un solo cobarde que siguiera apoyando a la banda. Y eso que crímenes semejantes se habían producido antes. Nos equivocamos. Después hubo nuevos asesinatos y la tregua trampa y el Pacto de Lizarra impulsado por el PNV para aislar al partido del asesinado en lugar de al partido de los asesinos… Y, después, más asesinatos. Y años después logramos la derrota policial de la banda gracias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la aplicación estricta de la Ley de Partidos, la colaboración internacional y la movilización ciudadana impulsada por Basta Ya y otros colectivos cívicos.

A lo largo del tiempo en el que se mantuvo activa como organización terrorista, ETA asesinó a 230 miembros de la Guardia Civil y a 183 agentes de la Policía Nacional, a 103 militares, a 15 ertzainas y a 30 miembros de la Policía Municipal. ETA asesinó a 58 empresarios, 68 representantes políticos, 9 miembros de la Judicatura, 7 de Instituciones Penitenciarias y 3 periodistas, además de otros muchos ciudadanos anónimos. ETA asesinó a hombres, mujeres y niños. A parados, estudiantes, jubilados y amas de casa. A profesores universitarios y a periodistas. A jueces y a fiscales. A gente inocente y anónima, víctima de la mayor de las injusticias, dejando viudos y viudas, huérfanos, padres y madres sin hijos y familias destrozadas. ETA provocó más de 850 asesinados, miles de heridos, centenares de extorsionados y un número incontable de “exiliados”: personas que tuvieron que abandonar su lugar de residencia.

Uno de los líderes de los servicios auxiliares de ETA, Pernando Barrena, decía en 2007 que “los terroristas de hoy puede que mañana no lo sean; depende de quién escriba la historia”; declaración de intenciones que explica perfectamente tanto el momento histórico que hoy día vivimos como los objetivos actuales del entramado proetarra.

Tras la derrota policial de la banda, toca ganar la batalla política y la del relato, para lo cual es imprescindible derrotar el proyecto político de la banda, impedir la manipulación de la Historia que pretenden, evitar que haya un solo gramo de impunidad, proteger a las víctimas y hacer justicia.

Gorka Maneiro, portavoz de Ahora Plataforma participó en el acto in memoriam de Miguel Ángel Blanco, en Ermua.

1 Jul 17

EL ORGULLO DE LA LIBERTAD

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Hoy se celebra en Madrid y en otras ciudades del mundo la gran manifestación del Orgullo, un acto que trasciende fronteras, países y continentes, pero que, sobre todo, lleva trascendiendo prejuicios desde hace años. No podemos dejar de felicitarnos desde Plataforma Ahora por el hecho de que se haya consolidado en nuestro país la desacomplejada celebración de la libertad personal de amar a quien cada uno elija, sin cortapisas morales, religiosas o de cualquier otra índole.

Algunas voces claman ante la inconveniencia de seguir reivindicando aquello que ya está consolidado como normal en la sociedad española. No estamos de acuerdo. Si bien nuestra legislación ha sido felizmente pionera en el reconocimiento de derechos civiles -como el matrimonio homosexual- que hoy otros países de nuestro entorno como Alemania empiezan a asimilar legalmente, creemos que el margen de ampliación de las libertades públicas sigue existiendo. Además, desde nuestra convicción trasnacional de que las libertades civiles, y en general todos los derechos de ciudadanía, han de ser de aplicación a cuantas más personas mejor, con independencia de las limitaciones nacionales que nos vengan impuestas por nuestro fortuito lugar de nacimiento, hemos de recordar que en muchas -demasiadas- partes de nuestro planeta siguen imperando fuertes restricciones y censuras a la libertad personal de cada individuo de vivir en plenitud y sin cortapisa alguna su sexualidad, su desarrollo personal y afectivo, y, en fin, la libre elección de su futuro.

A lo largo de la Historia, las sociedades cerradas, autoritarias y reticentes a las libertades públicas, han tratado de obstruir el libre albedrío de las personas, hasta llegar a estigmatizarlas dentro de una perversa lógica de normalización, que suele invocarse para subvertir de forma artificiosa la normalidad social. Porque las realidades normales, y no hay nada más normal que el legítimo derecho a la diferencia, no deben normalizarse; cuando alguien invoca la necesidad de normalizar algo per se normal, lo que con frecuencia pretende deslizar es su arbitraria intención de mediatizar la libre elección de aquellos que optan por fórmulas de vida diferentes a las que un determinado código moral entiende como idóneas. Ejemplos de represión e intolerancia ha habido varios, tanto en regímenes de signo comunista, como la Cuba de Castro donde durante años miles de homosexuales fueron perseguidos, estigmatizados y hostigados, como el caso del escritor y poeta Reinaldo Arenas, como también los ha habido en oscuros regímenes autoritarios de derechas, como la España franquista, donde esperpentos jurídicos como la Ley de vagos y maleantes o la Ley de peligrosidad y rehabilitación social hacían las veces de infames instrumentos censores al servicio de los prejuicios y la intolerancia del dictador.

Aún hoy, en pleno siglo XXI, persisten los Estados intolerantes, cimentados en el miedo al diferente, éste sí constitutivo de una verdadera pandemia moral que lejos de corregirse, sigue manteniéndose incólume y encontrando terreno fértil en mentes obtusas, que, con independencia de la edad, condición social o procedencia, albergan prejuicios varios, que no suelen ser cosa distinta que sublimaciones de sus propios miedos y frustraciones.

El trecho que aún hemos de recorrer como sociedad es amplio. Tanto desde el punto de vista de la legislación, que ha de consolidar y ahondar en su espíritu tuitivo de las libertades personales y públicas de todos los ciudadanos, como desde el punto de vista de la educación laica, que, más allá de formar profesionales, ha de ser un verdadero instrumento útil para la formación de buenos ciudadanos. Y todo esto puede y debe hacerse desde el rechazo de los identitarismos que quiebran la igualdad de derechos, y abrazando la pedagogía democrática e igualitaria que ayuda a preservar iguales libertades para todos, con independencia de nuestra orientación sexual, lugar de origen, o forma de vida.

Como señaló Manuel Azaña, “la libertad no hace felices a los hombres (ni a las mujeres, cabría añadir), los hace sencillamente hombres”. Reivindiquemos y celebremos, pues, el orgullo de la libertad, y no cesemos jamás en la imprescindible pedagogía pública para que ningún proyecto de regresión- que pretenda desmantelar, explícita o veladamente, nuestras libertades civiles y, por ende, nuestra humanidad- cristalice nunca.

19 Jun 17

39 Congreso Federal PSOE: de “La Internacional” a “Lo Plurinacional”

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Mientras las cámaras inmortalizaban el clásico canto a coro de “La Internacional”, el PSOE certificaba la derogación expresa del fundamento teórico más básico de esos acordes. Paradoja suprema. En efecto, el PSOE acaba de aprobar en su trigésimo noveno Congreso Federal el reconocimiento de la plurinacionalidad. Nada más alejado del espíritu de un partido que, al menos en el corolario musical, sigue proclamando que “el hombre del hombre es hermano” y que, al fin y al cabo, todos, con independencia de sus orígenes, “derechos iguales tendrán”. Pues va a ser, y lamentamos constatarlo, que nada más alejado de la realidad.

Lo que se acaba de aprobar en el recién clausurado Congreso Federal del PSOE es un ataque indisimulado en la línea de flotación de los cimientos más elementales de la izquierda. En un fin de semana de contradicciones escalofriantes, en donde las palabras y los hechos han recorrido caminos dispares y hasta contrapuestos, la ponencia política del PSOE ha incidido en el empeño de desmentir el pomposo lema: “Somos la izquierda”. Ahora que las luces se han apagado, podemos constatar la triste intuición que barruntábamos: para serlo, toca demostrarlo, no sólo proclamarlo. Que los hechos, por una vez, hubieran acompañado a las proclamas. No ha sido así.

Porque ser la izquierda es, esencialmente, ubicar en el centro del debate político la lucha contra las crecientes desigualdades sociales. Y, por más que algunos se doctoren cada día en la cuadratura imposible del círculo, es absolutamente imposible combatir las desigualdades desde espacios públicos atomizados o fragmentados. Reivindicar mayores cotas de equidad social y económica es lisa y llanamente quimérico si certificamos la voladura de su condición previa y necesaria: la igualdad de derechos y deberes, con independencia de los determinismos biográficos que nos hayan podido tocar en suerte… o en desgracia.

En un tiempo de dudas e incertidumbres, en el que la izquierda ha de repensar muchas cuestiones, pocas certezas tan cristalinas quedan como la defensa de un mundo de ciudadanos libres, iguales y fraternos, más allá de las fronteras en las que cada uno haya nacido. Porque no es que éstas o aquéllas sean fronteras injustas o afortunadamente tuitivas, sino que todas las fronteras, todas sin excepción, son, en esencia, arbitrarias y resultado de determinaciones históricas, militares y hasta matrimoniales que ninguna relación guardan con la libre voluntad de los seres humanos que hoy las habitan. Por tanto, la única noticia que alguien preocupado por la igualdad de derechos puede esperar en relación a las fronteras es su dilución o emborronamiento. Su superación, en suma. No otra puede ser la pretensión de máximos que alguien de izquierdas deba albergar. En el ínterin, mientras ese proyecto de una verdadera Internacional de ciudadanos y ciudadanía se termina por consolidar, es imprescindible defender, sin resquicio alguno para la flaqueza, la duda, o el eterno cálculo electoral, la unidad de los espacios políticos democráticos sobre los que el conjunto de ciudadanos tenemos derecho a decidir. A decidir conjuntamente, como no podía ser de otra manera.

Por eso, la única nación que nos interesa, la única tangible en términos democráticos es la nación cívica: la nación de ciudadanos libres e iguales, o, lo que es lo mismo, la nación jurídico-política, que reconoce, en nuestro caso, el artículo 2 de la CE. Eso es España. La palabra con la que aludimos a la implantación territorial e institucional de nuestros derechos de ciudadanía. El resto de vindicaciones sentimentales nos parecen distorsionadoras o, incluso, espurias. Apelar a una nación en términos identitarios es altamente peligroso, y generalmente entraña alguna trampa. Supone partir del equívoco de pensar que alguien, por haber nacido en un determinado lugar, es acreedor de derechos distintos y mejores que su vecino, allende la demarcación de otra frontera. Es radicalmente falso que los ciudadanos españoles detentemos una misma y única identidad, aunque tengamos una lengua y un acervo cultural común. A través de esa misma lengua, nos comunicamos con personas que pertenecen a naciones diferentes. Nuestro acervo cultural, por más que nos aproxime en ocasiones, también puede separarnos. Además, no es privativo ni intransferible, en un mundo globalizado y afortunadamente mestizo. La cosmovisión que cada uno podamos desarrollar puede ser tan similar o dispar al vecino como nos plazca. Existe, por tanto, la posibilidad de que nuestra proximidad “identitaria” hacia una persona con la que compartimos vecindad civil sea mucho menor que la que podríamos desarrollar con alguien residenciado a cientos de miles de kilómetros de nuestro domicilio. Por ende, desarrollar líneas de segregación política a través de criterios étnicos o culturales suele ser no sólo peligroso, sino esencialmente injusto. Frente a las naciones étnicas, enfrentadas unas a otras, la nación cívica, a la que da soporte el Estado (democrático), nos permite pelear cada día para superar las fronteras que siguen separándonos. El verdadero objetivo político que debemos perseguir, desde la izquierda, es una actualización integral de los principios clásicos de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Y la única fórmula para lograrlo es proponer la expansión de nuestros derechos de ciudadanía más allá de unas determinadas fronteras. Más allá de cualquier frontera.

Somos plenamente conscientes de que millones de ciudadanos españoles desean una alternativa política diferente. Una alternativa política que no se conforme con observar de forma silente y acomodaticia como desmantelan nuestro Estado de bienestar, tras convencernos de su insostenibilidad. Sabemos que una amplia mayoría de la población, bajo la promesa luego transmutada en decepción de ser empoderados y recuperar su capacidad decisoria sobre los asuntos políticos, siente la necesidad de un cambio de rumbo en un país, en una Europa, que se desliza por la peligrosa senda de las desigualdades sociales y la brecha económica entre un pequeño porcentaje de privilegiados y una amplia mayoría de personas que han visto depauperados los servicios sociales y precarizadas sus condiciones de vida. Desde Plataforma Ahora queremos trasladar a todas esas personas nuestra mayor empatía y comprensión.

El recorte de ciudadanía que el PSOE acaba de abrazar en su recién clausurado Congreso no es gratuito ni estará carente de consecuencias prácticas, tangibles, perfectamente perceptibles por todos nosotros, especialmente por los más débiles. El mensaje que se nos traslada, oculto tras los oropeles y las proclamas pomposas, es el de seguir confiriendo privilegios a los que más tienen en detrimento de la solidaridad con los que más lo necesitan. Lo que se acaba de aprobar no es la plasmación de la libertad cultural de cada uno para desarrollar las opciones que prefiera: eso está perfectamente consagrado en nuestro actual ordenamiento jurídico y, además, no es lo que pretenden los nacionalismos identitarios, aquellos a los que vuelve a guiñar el ojo cómplice y comprensivamente la jerarquía dirigente socialista. Lo que se pretende es blindar la diferencia de derechos que rige ya, por desgracia, en nuestro país; una diferencia de derechos intolerable que permite, en nombre de la identidad, quebrar la igualdad de todas las mujeres y hombres de este país. Lo que el PSOE desea, en suma, es desmentir con sus propuestas políticas el único resquicio de izquierdismo que queda en su seno: ese que se desliza a través de las notas musicales y que ya carece de todo correlato fáctico.

No nos resignamos, ni nos resignaremos, a aceptar la defunción del proyecto socialdemócrata. Desde Plataforma Ahora sí pensamos que la izquierda cívica puede y debe acoger a todos aquellos socialistas desencantados por la abducción identitaria del PSOE. A todos los que saben que el sometimiento de la nación cívica a la nación étnica implica de manera indefectible la ruptura de la igualdad de derechos. A todos los que no olvidan que sin Estado no hay Estado de Bienestar. A todos aquellos que siguen creyendo en un mundo de iguales, sin importar el color de piel, la orientación sexual, o el lado de la frontera donde nos tocó nacer, queremos enviarles un mensaje: las siglas- por más que también a nosotros nos duela certificar la dolorosa traición a la esencia ideología de una partido determinante en la Historia de España- no impedirán el desarrollo de un proyecto político compartido de izquierda progresista. Un proyecto como el que tiene a bien abanderar Plataforma Ahora, convencida sobre la necesidad de seguir trabajando por un mundo de mujeres y hombres fraternos, libres y exactamente iguales en derechos, sin espacio para los que invocan divisiones nacionales para enmascarar privilegios que fracturan la igualdad.