19 Jun 17

39 Congreso Federal PSOE: de “La Internacional” a “Lo Plurinacional”

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Mientras las cámaras inmortalizaban el clásico canto a coro de “La Internacional”, el PSOE certificaba la derogación expresa del fundamento teórico más básico de esos acordes. Paradoja suprema. En efecto, el PSOE acaba de aprobar en su trigésimo noveno Congreso Federal el reconocimiento de la plurinacionalidad. Nada más alejado del espíritu de un partido que, al menos en el corolario musical, sigue proclamando que “el hombre del hombre es hermano” y que, al fin y al cabo, todos, con independencia de sus orígenes, “derechos iguales tendrán”. Pues va a ser, y lamentamos constatarlo, que nada más alejado de la realidad.

Lo que se acaba de aprobar en el recién clausurado Congreso Federal del PSOE es un ataque indisimulado en la línea de flotación de los cimientos más elementales de la izquierda. En un fin de semana de contradicciones escalofriantes, en donde las palabras y los hechos han recorrido caminos dispares y hasta contrapuestos, la ponencia política del PSOE ha incidido en el empeño de desmentir el pomposo lema: “Somos la izquierda”. Ahora que las luces se han apagado, podemos constatar la triste intuición que barruntábamos: para serlo, toca demostrarlo, no sólo proclamarlo. Que los hechos, por una vez, hubieran acompañado a las proclamas. No ha sido así.

Porque ser la izquierda es, esencialmente, ubicar en el centro del debate político la lucha contra las crecientes desigualdades sociales. Y, por más que algunos se doctoren cada día en la cuadratura imposible del círculo, es absolutamente imposible combatir las desigualdades desde espacios públicos atomizados o fragmentados. Reivindicar mayores cotas de equidad social y económica es lisa y llanamente quimérico si certificamos la voladura de su condición previa y necesaria: la igualdad de derechos y deberes, con independencia de los determinismos biográficos que nos hayan podido tocar en suerte… o en desgracia.

En un tiempo de dudas e incertidumbres, en el que la izquierda ha de repensar muchas cuestiones, pocas certezas tan cristalinas quedan como la defensa de un mundo de ciudadanos libres, iguales y fraternos, más allá de las fronteras en las que cada uno haya nacido. Porque no es que éstas o aquéllas sean fronteras injustas o afortunadamente tuitivas, sino que todas las fronteras, todas sin excepción, son, en esencia, arbitrarias y resultado de determinaciones históricas, militares y hasta matrimoniales que ninguna relación guardan con la libre voluntad de los seres humanos que hoy las habitan. Por tanto, la única noticia que alguien preocupado por la igualdad de derechos puede esperar en relación a las fronteras es su dilución o emborronamiento. Su superación, en suma. No otra puede ser la pretensión de máximos que alguien de izquierdas deba albergar. En el ínterin, mientras ese proyecto de una verdadera Internacional de ciudadanos y ciudadanía se termina por consolidar, es imprescindible defender, sin resquicio alguno para la flaqueza, la duda, o el eterno cálculo electoral, la unidad de los espacios políticos democráticos sobre los que el conjunto de ciudadanos tenemos derecho a decidir. A decidir conjuntamente, como no podía ser de otra manera.

Por eso, la única nación que nos interesa, la única tangible en términos democráticos es la nación cívica: la nación de ciudadanos libres e iguales, o, lo que es lo mismo, la nación jurídico-política, que reconoce, en nuestro caso, el artículo 2 de la CE. Eso es España. La palabra con la que aludimos a la implantación territorial e institucional de nuestros derechos de ciudadanía. El resto de vindicaciones sentimentales nos parecen distorsionadoras o, incluso, espurias. Apelar a una nación en términos identitarios es altamente peligroso, y generalmente entraña alguna trampa. Supone partir del equívoco de pensar que alguien, por haber nacido en un determinado lugar, es acreedor de derechos distintos y mejores que su vecino, allende la demarcación de otra frontera. Es radicalmente falso que los ciudadanos españoles detentemos una misma y única identidad, aunque tengamos una lengua y un acervo cultural común. A través de esa misma lengua, nos comunicamos con personas que pertenecen a naciones diferentes. Nuestro acervo cultural, por más que nos aproxime en ocasiones, también puede separarnos. Además, no es privativo ni intransferible, en un mundo globalizado y afortunadamente mestizo. La cosmovisión que cada uno podamos desarrollar puede ser tan similar o dispar al vecino como nos plazca. Existe, por tanto, la posibilidad de que nuestra proximidad “identitaria” hacia una persona con la que compartimos vecindad civil sea mucho menor que la que podríamos desarrollar con alguien residenciado a cientos de miles de kilómetros de nuestro domicilio. Por ende, desarrollar líneas de segregación política a través de criterios étnicos o culturales suele ser no sólo peligroso, sino esencialmente injusto. Frente a las naciones étnicas, enfrentadas unas a otras, la nación cívica, a la que da soporte el Estado (democrático), nos permite pelear cada día para superar las fronteras que siguen separándonos. El verdadero objetivo político que debemos perseguir, desde la izquierda, es una actualización integral de los principios clásicos de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Y la única fórmula para lograrlo es proponer la expansión de nuestros derechos de ciudadanía más allá de unas determinadas fronteras. Más allá de cualquier frontera.

Somos plenamente conscientes de que millones de ciudadanos españoles desean una alternativa política diferente. Una alternativa política que no se conforme con observar de forma silente y acomodaticia como desmantelan nuestro Estado de bienestar, tras convencernos de su insostenibilidad. Sabemos que una amplia mayoría de la población, bajo la promesa luego transmutada en decepción de ser empoderados y recuperar su capacidad decisoria sobre los asuntos políticos, siente la necesidad de un cambio de rumbo en un país, en una Europa, que se desliza por la peligrosa senda de las desigualdades sociales y la brecha económica entre un pequeño porcentaje de privilegiados y una amplia mayoría de personas que han visto depauperados los servicios sociales y precarizadas sus condiciones de vida. Desde Plataforma Ahora queremos trasladar a todas esas personas nuestra mayor empatía y comprensión.

El recorte de ciudadanía que el PSOE acaba de abrazar en su recién clausurado Congreso no es gratuito ni estará carente de consecuencias prácticas, tangibles, perfectamente perceptibles por todos nosotros, especialmente por los más débiles. El mensaje que se nos traslada, oculto tras los oropeles y las proclamas pomposas, es el de seguir confiriendo privilegios a los que más tienen en detrimento de la solidaridad con los que más lo necesitan. Lo que se acaba de aprobar no es la plasmación de la libertad cultural de cada uno para desarrollar las opciones que prefiera: eso está perfectamente consagrado en nuestro actual ordenamiento jurídico y, además, no es lo que pretenden los nacionalismos identitarios, aquellos a los que vuelve a guiñar el ojo cómplice y comprensivamente la jerarquía dirigente socialista. Lo que se pretende es blindar la diferencia de derechos que rige ya, por desgracia, en nuestro país; una diferencia de derechos intolerable que permite, en nombre de la identidad, quebrar la igualdad de todas las mujeres y hombres de este país. Lo que el PSOE desea, en suma, es desmentir con sus propuestas políticas el único resquicio de izquierdismo que queda en su seno: ese que se desliza a través de las notas musicales y que ya carece de todo correlato fáctico.

No nos resignamos, ni nos resignaremos, a aceptar la defunción del proyecto socialdemócrata. Desde Plataforma Ahora sí pensamos que la izquierda cívica puede y debe acoger a todos aquellos socialistas desencantados por la abducción identitaria del PSOE. A todos los que saben que el sometimiento de la nación cívica a la nación étnica implica de manera indefectible la ruptura de la igualdad de derechos. A todos los que no olvidan que sin Estado no hay Estado de Bienestar. A todos aquellos que siguen creyendo en un mundo de iguales, sin importar el color de piel, la orientación sexual, o el lado de la frontera donde nos tocó nacer, queremos enviarles un mensaje: las siglas- por más que también a nosotros nos duela certificar la dolorosa traición a la esencia ideología de una partido determinante en la Historia de España- no impedirán el desarrollo de un proyecto político compartido de izquierda progresista. Un proyecto como el que tiene a bien abanderar Plataforma Ahora, convencida sobre la necesidad de seguir trabajando por un mundo de mujeres y hombres fraternos, libres y exactamente iguales en derechos, sin espacio para los que invocan divisiones nacionales para enmascarar privilegios que fracturan la igualdad.

6 Jun 17

LAS SOCIEDADES ABIERTAS FRENTE AL TERRORISMO INTERNACIONAL

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El nuevo embate del terrorismo internacional en Londres vuelve a hacer saltar todas las alarmas acerca de la amenaza global que se cierne sobre todo el mundo occidental y, en especial, sobre nuestro sistema de convivencia. Cierto que es que estos ataques- indiscriminados, cruentos, sanguinarios y aberrantes- no se dirigen en exclusiva a las sociedades occidentales, sino que afectan en numerosas ocasiones a países que se hallan injustamente alejados del foco mediático. Sin embargo, no es incorrecto sostener que los mismos- como ocurre con todo acto terrorista- tienen una clara motivación política: poner en jaque el sistema de convivencia democrática y pluralismo político de las sociedades abiertas.

Frente al terrorismo internacional, cualquier amago de titubeo puede ser letal. A los fanáticos que utilizan los peores influjos de la religiones para asesinar no se les puede tratar de entender o justificar, porque lo que hacen es lisa y llanamente injustificable. Las voces que claman, siempre de la manera más inoportuna, recordándonos las indubitadas fallas de la democracia, obvian algo aún más incontrovertible: el perfeccionamiento de nuestros sistemas democráticos nunca podrá traer causa de los ataques salvajes que persiguen su aniquilamiento. Obviamente- da sonrojo tener que recordarlo- la democracia es un sistema perfectible, mejorable, y profundamente imperfecto. Carece de la rigidez y el hieratismo propio de los despotismos, donde la crítica libre y los pesos y contrapesos entre los diferentes poderes son inexistentes. Sin embargo, todas las reflexiones que quepa hacer sobre nuestros sistemas políticos y todas las medidas que hayan de implementarse para su mejora y ampliación han de responder a procesos autónomos, generados con libertad por nosotros mismos, y que en modo alguno vengan condicionados por los fanáticos que nos chantajean a diario con el uso indiscriminado del terror precisamente para lograr que cedamos y nos allanemos ante su unilateralismo teocrático.

En un momento tan determinante de la Historia como éste que enfrentamos, en una encrucijada de tal envergadura- en la que reverdecen con más fuerza y vigor que nunca fanáticos criminales dispuestos a entregar su vida causando el mayor dolor posible entre los demás y atentando no sólo contra las concretas víctimas de sus ataques criminales sino también contra el conjunto de los cimientos democráticos de nuestras sociedades- hemos de articular una respuesta internacional coordinada, contundente y exenta de tentaciones justificadoras de los ataques infligidos.

Entre los valores a preservar, si cabe con más celo hoy, cuando se propagan con especial virulencia los intentos de fracturar todos los consensos democráticos en torno a los que pivotan nuestras vidas, cabría destacar la necesidad de reivindicar la libertad de profesar cualquier credo religioso, o de no profesar absolutamente ninguno. En eso consiste, en esencia, el laicismo. Un laicismo religioso, y también identitario, que no puede situarse entre paréntesis, por burda y acomodaticia conveniencia política cuando más avanzan las fuerzas disolventes de nuestros derechos y libertades. El laicismo, lejos de esa acepción errónea que manejan algunos, no es una postura antireligiosa, sino la mejor garantía para preservar las libertad de todos respecto al hecho religioso. Para que esa libertad sea absoluta, en su reconocimiento y en su ejercicio, es fundamental que los poderes públicos estén completamente emancipados y separados de cualquier institución religiosa. Obviamente, el laicismo religioso no gusta a quienes entienden que el derecho positivo de aplicación ha de ser el derecho natural de génesis religiosa. Tampoco a quienes sugieren equivocadamente que la mejor manera de enfrentar la descomunal amenaza que se cierne sobre todos nosotros es optar por el apaciguamiento y la conciliación. Olvidan lo esencial: no hay conciliación posible entre la libertad y la tiranía, como tampoco la hay entre los derechos humanos y la vulneración sistemática de los mismos.

Tan peligrosa como la opción de ese apaciguamiento artificial e imposible, resulta la respuesta que desde el propio corazón de Europa empieza a vislumbrarse con más fuerza de la que cualquier demócrata desearía. Hablamos del repliegue identitario. Al calor de la profunda crisis política que atraviesa la Unión, han cobrado especial fuerza los identitarismos y populismos de corte xenófobo y racista. Perfectamente alineados con el comportamiento análogo del presidente estadounidense- termómetro simbólico de los oscuros tiempos que vivimos- demasiados han optado por abrazar con fruición el cierre de fronteras y el odio indiscriminado al diferente como receta mágica para todos los males. La estrategia no es nueva, y siempre ha sido utilizada por todas las dictaduras a lo largo de la Historia: el diseño a conciencia de un chivo expiatorio, de una verdadera alteridad radical que permita proyectar el conjunto de los males internos hacia un enemigo exterior, normalmente inventado, distorsionado o agrandado a conveniencia para mayor gloria de los espurios fines que se persigan. Quienes piensen que levantar muros y fragmentar la humanidad entre alambradas es la solución no sólo yerran completamente, sino que además inciden en uno de los elementos compartidos por el mal que presuntamente combaten: el fanatismo, el desprecio a la diferencia, la no aceptación del disidente o del escéptico, el miedo a la libertad.

Ni el torpe apaciguamiento, ni la reacción identitaria son la solución. Y tampoco, aunque haya muchos bienintencionados que lo proclaman a los cuatro vientos, promocionar supuestas identidades benignas y protectoras en torno a las que obtener certezas y alcanzar consensos. La grandeza cualitativa de las democracias se basa en el ideal de ciudadanía: en la reivindicación de nuestros derechos en base a leyes otorgadas democráticamente que son iguales para todos, y frente a las que todos somos iguales. Más allá de nuestras particularidades biográficas, culturales, religiosas, lingüísticas o genéticas, todos somos ciudadanos y, en virtud a esa condición, disfrutamos de unos mismos derechos y obligaciones dentro de una comunidad política. Reivindicar esa ausencia de identidades obligatorias como la seña de identidad – valga la paradoja- de las sociedad abiertas es el mejor antídoto frente a cualquier fanatismo.

Hoy más que nunca, desde Plataforma Ahora queremos manifestar nuestra desacomplejada defensa de la democracia y de la libertad. En la tradición de la izquierda progresista e ilustrada, la que nace de la Revolución francesa y de sus coordenadas de libertad, igualdad y fraternidad, entendemos que la democracia no puede contraerse ante los ataques que recibe o allanarse ante los intolerables chantajes que experimenta. Muy al contrario, debe solidificar sus cimientos más básicos, ampliar y mejorar las garantías y derechos que consagra, sin renunciar a una justa radicalización y expansión de sus conquistas. Al tiempo, las sociedades abiertas han de seguir asumiendo la inevitable desventaja de ser permeables y receptivas a las pulsiones que, con frecuencia, amenazan su pervivencia. Es inevitable y está en su naturaleza. Frente a los celebradores del viva la muerte, los que odian el mestizaje inherente a la condición humana, nosotros tendremos que seguir nuestras vidas, sin regalar espacio al temor. Con respuestas políticas- contundentes, desacomplejadas y reticentes a cualquier justificación del terror- y una defensa cerrada de aquello que más odian los fanáticos de cualquier condición: la democracia, la tolerancia y la libertad.

23 May 17

Las no primarias del PSOE

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El Partido Socialista no ha celebrado sus primarias. Los militantes del PSOE no han elegido qué modelo de partido quieren. Tampoco han podido contraponer estrategias sobre cómo recuperar el papel que le corresponde (o debería corresponder) en la escena política española.

Solo al final de la campaña, en un breve intento de captar apoyos, algunos candidatos lanzaron propuestas electoralistas, como si de la elección del presidente del Gobierno se tratara, confundiendo a militantes con electores.

Independientemente de la victoria conseguida por Pedro Sánchez y de cómo vaya a afectar ésto a la vida parlamentaria en España, hay un hecho especialmente preocupante para la socialdemocracia española: el PSOE (y con ello, sus candidatos) se ha abstenido en sus propias primarias.

¿Por qué digo esto? Porque el PSOE ha decidido renunciar a sus propias primarias y ha entregado toda su proyección mediática a sus dos mayores rivales: PP y Podemos. Han puesto a sus militantes ante la tesitura de elegir entre azul y morado, ofreciéndoles dos opciones, pero en la que ninguna tenía el rojo socialista.

Si yo fuese Mariano Rajoy o Pablo Iglesias, estaría encantando de tener un rival como el PSOE, que lejos de intentar reivindicarse como la alternativa en el centro izquierda y tratar de recuperarse para ejercer de guía en la recuperación de las políticas socialdemócratas en España, ha decidido que el eje de su debate debía girar entorno al conservadurismo y el populismo.

Lamentablemente, renunciar a reivindicarte supone que otros lo harán en tu lugar y que, mientras tú te lames las heridas esperando a que pase el dolor, otros están aprovechándose para ocupar ese espacio que has renunciando a defender. También, lamentablemente, el PSOE se encamina, de manera inexorable, a seguir los pasos que han dado sus homólogos en Francia, Alemania o Reino Unido. En nuestro caso, porque ésta renuncia del PSOE a votarse a sí mismo, se suma a la que hizo hace tiempo de defender la igualdad de derechos y de oportunidades de todos los españoles.

Así, en unas futuras elecciones, el PP solo tendrá que agitar la bandera del temor al populismo para movilizar a aquellas personas que, aunque hastiadas del paro, la precariedad, la corrupción y la negación de un futuro mejor, prefieran lo malo conocido.

Por este motivo, aquellos que firmemente creemos en la necesidad de una socialdemocracia moderna representada en una izquierda cívica, defensora de la ciudadanía común, de la libertad individual y basada en los pilares de la solidaridad, debemos estar preparados para dar la cara y ponernos en primera fila para defender las ideas que nos han llevado a las mejores épocas de desarrollo y bienestar.

Porque si otros han decidido renunciar, ahora, nosotros decidimos dar el paso.

18 May 17

La izquierda que queremos

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El debate celebrado entre los tres candidatos a la secretaría general del PSOE ha vuelto a confirmar la grave crisis en la que se encuentra sumido el principal partido de la izquierda española. Cierto es que no se trata de una crisis exclusiva de nuestro país, sino más bien de un agudo proceso de descomposición compartido por los partidos socialdemócratas oficiales en toda Europa. Sin embargo, en España confluyen con especial virulencia algunos elementos especialmente significativos y hasta excepcionales que agravan el descrédito de las organizaciones que presuntamente ostentan la titularidad de ese espacio político en nuestro país.

Pudimos asistir a un debate sustancialmente vacío donde quedó expuesto, en primer lugar, uno de los problemas centrales de la izquierda institucional y socialdemócrata española: la falta de líderes de la entidad suficiente para encabezar un proyecto alternativo al que en la actualidad gobierna España. En segundo lugar, resultó patente un problema adicional aún mayor: la ausencia de proyecto político sólido y autónomo, sustituido por un manual de lugares comunes, permanentemente definidos por oposición al PP, y perfilados según los cánones que previamente diseña Podemos. Una permanente fluctuación que diluye la identidad socialdemócrata del PSOE y que constriñe su proyecto hasta hacerlo completamente líquido e intrascendente.

Cuando el criterio principal para calibrar el progresismo de un proyecto es la irracional, pueril y sistemática oposición al PP, concurra o no motivo bastante para fundamentar dicha oposición (y conste que nosotros creemos que hay motivos de sobra para tal oposición), estamos ante un indicio relevante de que se carece de proyecto autónomo y verdaderamente alternativo al de la derecha. Cuando, además, para conformar dicho proyecto, se mira permanente por el retrovisor ideológico el comportamiento de Podemos -aún en la más pura banalidad- y la toma de posición sobre los asuntos centrales siempre se hace en relación a los pronunciamientos de la alternativa populista, podemos concluir que las carencias son indiscutibles.

La socialdemocracia española experimenta la misma crisis aguda que la de sus correligionarios europeos: por el flanco derecho, asiste impávida a la competencia electoral de alternativas potenciadas mediáticamente, aparentemente progresistas, y sustancialmente liberales en lo económico. Esta competencia por la derecha es posible por la incapacidad de la izquierda para plantear con credibilidad y sin maximalismos populistas un cambio de paradigma en las políticas económicas llevadas a cabo en la Unión Europea, caracterizadas por una defensa de la austeridad indiscriminada y de los recortes sociales, que han hipotecado la sostenibilidad del Estado del Bienestar. Por el otro flanco, la izquierda socialdemócrata, institucional e indubitadamente defensora de las reglas de juego democráticas, se ha visto gravemente amenazada por el auge de movimientos populistas e identitarios. En España, esto se percibe de manera clara por el fenómeno Podemos y su firme alianza con partidos nacionalistas y de corte identitario. La socialdemocracia española, golpeada con fuerza por ambos agentes disolventes del tablero político, se diluye paulatinamente entre la irrelevancia y la ausencia de respuesta a los interrogantes más acuciantes de nuestro presente.

Especialmente peligrosa resulta su renuncia al proyecto igualitario de ciudadanía compartida, génesis histórica de la lucha contra las desigualdades de origen y procedencia. La bandera igualitaria, irrenunciable en cualquier proyecto progresista, se ha sustituido con demasiada facilidad por las pequeñas reivindicaciones identitarias. Así, los candidatos socialistas, por más que se quiera ahora disimular, debatieron dentro del marco cerrado que han trazado algunos de sus más reaccionarios rivales políticos y oponentes ideológicos. Cuando la izquierda se ve compelida a fantasear, elucubrar o divagar en torno a naciones étnicas o identitarias, el proyecto igualitario y universalista que debiera conformar el elemento central de cualquier alternativa socialdemócrata salta, indefectiblemente, por los aires.

Desde Plataforma Ahora, lamentamos constatar que la izquierda oficial de este país experimenta una terrible amnesia sobre su identidad ideológica. Esta identidad debiera pivotar, precisamente, sobre el firme rechazo de toda causa identitaria. La identidad más genuina de la izquierda es la lucha por la igualdad: el combate incansable contra los privilegios de todo grupo, etnia, raza o estamento. Para ello, es absolutamente indispensable- y urgente- rechazar de manera contundente, sin titubeos o estratagemas cortoplacistas de índole electoral, cualquier alianza con el nacionalismo. La ubicación en la escala izquierdista/progresista de los nacionalismos identitarios como potenciadores del espíritu transformador del proyecto de la izquierda es una falsedad conceptual tan arraigada como perniciosa. Pero no por estar arraigada en el imaginario colectivo, debemos conformarnos con aceptar tamaña falsedad. Si la izquierda socialdemócrata continúa jugando un papel cómplice en la mascarada identitaria que nacionalistas y populistas alientan, el proyecto alternativo del socialismo democrático quedará definitiva e irrevocablemente diluido.

Desde Plataforma Ahora, no renunciamos a hacer pedagogía democrática sobre nuestra ciudadanía compartida y el valor de la igualdad. Reivindicamos una izquierda que rechace de plano la fragmentación del Estado – verdadero soporte jurídico de la nación cívica, conformada por ciudadanos libres e iguales-. No sólo rechazamos dicha fragmentación, sino que creemos en la futura superación de fronteras dentro del proceso de construcción de Europa, espacio político supraestatal cuya consolidación es esencial para plantear un proyecto político que rescate la socialdemocracia y la sociedad del bienestar. Diluir cualquier Estado en pequeñas parcelas identitarias donde el legítimo derecho a la diferencia sea espuriamente transmutado en una intolerable diferencia de derechos supondría, a su vez, la sepultura de cualquier anhelo de justicia social, redistribución y lucha contra las crecientes desigualdades sociales y económicas de nuestra era. Si la izquierda es incapaz de recordar y recuperar elementos centrales de su proyecto ideológico más primigenio -como la igualdad o la expansión de derechos de ciudadanía más allá de unas determinadas fronteras- y, por el contrario, continúa al servicio de fuerzas reaccionarias, cualquier esperanza para una alternativa verdaderamente transformadora de las condiciones de vida de los más débiles se difuminará definitivamente.

Plataforma Ahora nació para luchar activa y decididamente por una alternativa de izquierda cívica y universalista, radicalmente institucional y democrática, y abiertamente reacia a cualquier sumisión ante las fuerzas identitarias, populistas, y nacionalistas, al entender que todas ellas son eminentemente reaccionarias. Que las alternativas de izquierda institucional y democrática en nuestro país estén debilitadas no nos parece una buena noticia. Entendemos que todavía estamos a tiempo de revertir esta situación. En el campo de las ideas, es imprescindible seguir dando la batalla ideológica para disociar izquierda de nacionalismo, conceptos políticos incompatibles. Para que exista alternativa, la izquierda tiene que volver a confiar en sí misma, y en su capacidad para proponer una alternativa autónoma y capaz, que no ceda ante las tentaciones o atajos de labrar alianzas contra natura que terminen por operar un vaciamiento ideológico del proyecto socialdemócrata y su sustitución por viejas recetas que casan mal con las coordenadas clásicas de ciudadanía compartida, igualdad, libertad y solidaridad. En la práctica, todos los que compartimos este planteamiento político debemos trabajar juntos, más allá de nuestras militancias partidistas concretas, puesto que es indispensable articular una alternativa amplia y transpartidaria que reubique en la centro del debate político de nuestro país el ideario de una izquierda verdaderamente progresista.

9 May 17

Corrupción: una lacra estructural

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Por mucho que los justificadores profesionales se esfuercen en actualizar los pretextos para contextualizar la catarata de casos de corrupción que inundan la prensa a diario, es incierto que sean sólo algunas manzanas podridas. Como también lo es que la explicación ulterior de la creciente degradación de la vida pública sea causada por la maldad intrínseca de los ciudadanos de este país en comparación a los de otros, o, como también se sugiere, que se trate de un mal privativo de la función pública, ajeno al ámbito privado.

Todas las anteriores hipótesis no dejan de ser simplificaciones y, como tales, incompletas e insuficientes para explicar lo que está pasando. ¿Por qué proliferan investigados, acusados, procesados y condenados entre los representantes de los principales partidos políticos? ¿Por qué cada vez resulta menos exagerado hablar de financiación irregular de determinados partidos políticos? ¿Por qué sigue sin arraigar la necesaria asunción de responsabilidades políticas ex ante de las responsabilidades jurídicas? ¿Por qué la corrupción pasa tan nimia factura en los procesos electorales?

Demasiados interrogantes como para responder de manera unívoca, pero sí es posible, a nuestro juicio, perfilar algunos parámetros objetivos que ayuden a entender el problema. En España, la corrupción ha adquirido visos de ser un mal genuinamente estructural, frente al que las instituciones no responden, o bien responden mal, tarde y de manera disfuncional. Desde Plataforma Ahora, negamos la perversidad ontológica de los ciudadanos españoles, o, al menos, no creemos que haya mayor número de ciudadanos españoles corruptibles que en otras latitudes. Si existe un mayor terrero fértil para corruptos y corruptores, la explicación hemos de buscarla y encontrarla en la dejación de funciones de nuestras principales instituciones para controlar la corrupción, sancionarla y prevenirla.

Se nos dirá – y es cierto- que en la actualidad han proliferado los procedimientos penales contra la corrupción política y financiera, cara y envés de la misma moneda. Así ha sido. Resulta necesario, en todo caso, fijarnos en la letra pequeña de esos procedimientos y en cómo se han desarrollado, o cuál ha sido su desenlace. La mayor parte de las causas penales contra la corrupción han sido incoadas por pequeñas organizaciones o partidos políticos ejerciendo la acción popular, que ahora pretende restringirse de manera espuria con los claros fines de obstaculizar la lucha contra la corrupción política. Al mismo tiempo, se ha aprobado una reducción en los plazos de instrucción de las causas penales, con fines más o menos semejantes. En la mayor parte de los citados procesos, el Ministerio Fiscal muestra una actitud más que complaciente con determinados investigados o acusados “de cuello blanco”. Seguimos advirtiendo, en el propio desarrollo procesal de los citados casos de corrupción, preocupantes indicios de que el sistema mantiene vías de escape por las que la impunidad se desliza con cierta facilidad.

Así mismo, los organismos públicos de control, que deben desempeñar un papel fiscalizador de los comportamientos públicos y privados, están, en demasiadas ocasiones, cooptados por los principales partidos políticos, lo cual merma drásticamente su independencia a la hora de realizar sus principales cometidos. Así, el claro ejemplo de la CNMV en la salida a bolsa de Bankia y su silencio cómplice ante lo que luego se reveló como una de las operaciones de opacidad financiera más lamentables de la Historia reciente de este país. Qué decir, por ejemplo, de las no tan añejas Cajas de Ahorro, como la citada y otras, en cuyos Consejos de Administración cohabitaban en perfecta connivencia representantes de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. El uso de las instituciones públicas para el lucro personal ha sido el principal síntoma del generalizado proceso de degradación institucional de nuestro país.

Y si la intervención partidista de los organismos públicos de control ha sido más que patente, aún más lamentable resulta lo acontecido en la Justicia o en el Tribunal Constitucional. Un CGPJ convertido de facto en un órgano de políticos togados donde los partidos se reparten de manera indisimulada cuotas y sillones, y un Tribunal Constitucional en el que hasta su presidente puede llegar a ser militante de uno de los principales partidos políticos del país. La Justicia, formada por lo demás por grandes profesionales que en su amplia mayoría cumplen su función con pocos medios y hercúlea determinación, se encuentra intervenida políticamente en sus altas esferas. Junto a las formas explícitas de corrupción, cada vez son más numerosos los correlativos usos de corrupción soterrada: redes clientelares, enchufismo, amiguismo, etc. Todo ello socava indefectiblemente la confianza en el sistema político y en la representación pública. Algunos siguen aferrados a una pueril negación de tan indiscutible realidad, como si la distorsión de los hechos minimizara el daño causado. Craso error.

En Plataforma Ahora estamos firmemente convencidos de que en España la corrupción no es privativa de unos u otros lugares, de unos u otros ciudadanos. Sin duda, a todos nos vienen a la cabeza conspicuos nombres que representan mejor que nadie la degradación y pérdida progresiva de higiene en la vida pública. Pero más allá de nombres concretos o de la enumeración exhaustiva de los inagotables casos de corrupción que se suceden y superponen unos a otros, cabe reflexionar sobre las causas últimas, profundas y primigenias del gran mal endémico de la corrupción. Sin duda, las verdaderas causas de la corrupción en España son estructurales. Aluden a una institucionalidad disfuncional que en demasiadas ocasiones valida, por acción u omisión, prácticas corruptas o clientelares que degradan progresivamente el sistema. Sin una justicia verdaderamente operativa e independiente, sin unos organismos públicos fiscalizadores neutrales y no intervenidos por los partidos políticos, sin una meridiana separación de poderes, seguiremos asistiendo día sí, día también, a una catarata interminable de noticias tan poco edificantes como las que nos abruman cada día.

La corrupción política, variedad especialmente perversa de la corrupción, puesto que supone de facto la utilización de los recursos públicos para fines personales o privados, implica, además, una agresión doblemente inaceptable: al ilícito causado, se le suma el ataque a la credibilidad de nuestro sistema representativo y el balón de oxígeno que esto supone a todos aquellos que tienen la intención de desarticularlo. Para defender la representatividad pública y la imprescindible participación política, exigir transparencia y honorabilidad debe ser un prius innegociable. La lucha contra la corrupción política no puede constituir, a su vez, un eje programático o ideológico, sino una exigencia consensuada y básica, en la que nos encontremos, más allá de nuestras concretas adscripciones ideológicas, todos los ciudadanos comprometidos con una sociedad mejor. Sólo así preservaremos la política como lo que es: un verdadero patrimonio público, sinónimo directo de ciudadanía, y diametralmente alejado de esa concepción espuria y tergiversada de la política como trampolín de unos pocos para su lucro personal.

4 May 17

Por una España sin privilegios, “derechos históricos” o pactos fiscales

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El PP de Mariano Rajoy acaba de firmar con Euskadi “15 años de paz fiscal”, a cambio de los 5 votos del PNV a sus presupuestos; así que se acaba de blindar la desigualdad en España, a mayor gloria de las políticas nacionalistas que el PNV aplica en el País Vasco con el apoyo del PSE. Y se subvenciona la independencia a plazos que defiende el PNV a costa del bien común y la igualdad entre españoles.

Por mucho que supuestamente cambie el Congreso de los Diputados con la incorporación de nuevos partidos políticos, hay cosas que no cambian, como es el voto decisivo de los nacionalistas que pretenden romper España; o el propio blindaje político del Concierto Económico gracias al cual, por la vía de los hechos y de los dineros, se perpetúa la desigualdad dentro del Estado; y lo peor es que nadie alzará la voz contra este atropello, ni en el Congreso de los Diputados ni mucho menos en el Parlamento Vasco. En este sentido, el silencio cómplice del PSOE, Podemos o Ciudadanos en relación a esta cuestión es atronador, puesto que se evidencia que no hay nadie que esté dispuesto a defender en las principales instituciones del país la igualdad de los españoles frente a los sacrosantos “derechos históricos”. Esto es grave en el caso de aquellos partidos supuestamente nacionales… pero especialmente incomprensible en aquellos partidos políticos que se autodenominan progresistas y de izquierdas, es decir, aquellos de los que se espera que defiendan con más ahínco la solidaridad entre conciudadanos pertenecientes a un mismo Estado. Al fin y al cabo, no podemos sino recordar que este acuerdo perjudica especialmente a aquellos ciudadanos que se encuentran en peor situación económica, dado que se consolida un instrumento que limita la aportación a la solidaridad interterritorial de Euskadi, una de las regiones más ricas de España.

El sistema de Concierto Económico permite una fiscalidad propia para las provincias vascas, capacidad de la que carecen el resto de instituciones españolas. El cupo es la cuantía que Euskadi paga al Estado por los servicios que éste presta en la comunidad autónoma. El propio sistema de concierto conlleva un privilegio evidente y el cálculo del Cupo, una sobrefinanciación para una parte de los ciudadanos españoles que habitan en Euskadi frente a los restantes: históricamente, ha supuesto una sobrefinanciación un 60% superior al que recibe el común de los españoles. Quienes nos consideramos progresistas no podemos sino alzar la voz y comprometernos en seguir denunciando este anacronismo histórico.

Según datos objetivos, la aportación del País Vasco al Estado “no respeta los principios de igualdad, progresividad y solidaridad establecidos por la CE”. En palabras del economista Ignacio Zubiri, “incluso el cupo teórico daría lugar a una aportación a otras CCAA mucho menor que lo que pagan las comunidades ricas de régimen común” y “generalizar el sistema es imposible”; según Ángel de la Fuente, “el cupo es sustancialmente más bajo de lo que debería ser aplicando los criterios de la propia Ley”; y según López Basaguren, “el País Vasco y Navarra no contribuyen en la nivelación interterritorial, al contrario que las CCAA con mayores ingresos fiscales”, producto de un régimen cuya extensión a Cataluña “haría estallar el sistema”. De hecho, estas son las razones por las cuales, tanto el PP como el PSOE, han negado este mismo sistema a Cataluña… al menos de momento. Y si el PNV ha firmado este acuerdo es porque se mantiene e incluso se amplía la desigualdad.

Hay quien dice en la Comunidad Autónoma del País Vasco que “son nuestros derechos”; sin embargo, cuando, dentro de un Estado, hay derechos que solo los disfrutan algunos ciudadanos frente a los restantes, dejan de ser derechos y se convierten en privilegios. Hay quien apunta como justificación a la diversidad cultural española… como si la diversidad cultural afortunadamente existente en España pudiera justificar diferencia de derechos.

Este anacronismo debe corregirse cuanto antes: se trata de modernizar profundamente España y reformar el Estado autonómico para ir hacia un Estado Federal simétrico y solidario a través de la indispensable reforma de la CE que garantice más igualdad y más bienestar para todos.

Desde Plataforma Ahora reivindicamos una España de ciudadanos libres e iguales, no una España convertida en suma de parcelas con intereses contrapuestos y enfrentados. Reivindicamos una España más justa e igualitaria, diversa pero unida, sin privilegios ni asimetrías territoriales. No queremos un Estado uniforme ni mucho menos uniformado pero sí, desde luego, unitario. Queremos una España sin privilegios, “derechos históricos” o pactos fiscales. Una España moderna donde se priorice el bien común y derechos iguales para todos.

Este acuerdo y el silencio de todos los partidos presentes en el Congreso de los Diputados nos recuerda que hoy, más que nunca, es indispensable una izquierda cívica que defienda los derechos de ciudadanía y la igualdad en España.

25 Abr 17

ELECCIONES FRANCESAS: EUROPA EN LA ENCRUCIJADA

comunicacion

Las recientes elecciones en Francia son una muestra más del proceso general de descomposición que está experimentando la política en las sociedad occidentales. La aguda crisis económica que nos asola ha sido acompañada de una análoga crisis política que ha puesto en cuestión varios de los principales cimientos en los que se asentaban las sociedades democráticas. Una vez más, volvemos a ser testigos de un auge imponente de partidos de corte antipolítico que organizan su discurso en torno al desprestigio generalizado de las instituciones y propugnan soluciones grandilocuentes, de trazo grueso, frente a problemas con una causalidad múltiple y compleja. Volvemos a observar cómo se contrapone pueblo a élites, y cómo se explota de manera tan torticera como efectiva las desiguales consecuencias que la globalización ha acarreado, colocándose el acento en aquellas personas que peor han digerido los efectos de las economías abiertas, de la competencia despiadada que determinados agentes económicos y políticos plantean, y del inevitable desequilibrio que se deriva de ese estado de cosas.

En esta ocasión, el descontento y la frustración se han canalizado a un extremo y otro del tablero político, con especial resonancia en el resultado del ya conocido, y aterrador, Frente Nacional. Un partido hoy levemente barnizado por un liderazgo presuntamente amable, que ha sustituido la violencia dialéctica de antaño por un discurso algo más refinado, que sin embargo mantiene la esencia xenófoba, intolerante, y reaccionaria de siempre. No podemos enfrentar fenómenos así con titubeos y medias tintas, debemos hacerlo con la total contundencia de quien rechaza la banalización del miedo y la intolerancia como armas habituales de la acción política. El Frente Nacional representa, en esencia, la actualización posmoderna del fascismo años treinta, sometido a una intervención calculada y medida de marketing, idónea para hacer convenientemente translúcidos los elementos más beligerantes de su discurso – los más proclives a suscitar el enconado y generalizado desprecio del electorado – al tiempo que focaliza el discurso y lo potencia en el rechazo a las políticas hegemónicas en Europa, causantes de desigualdades y desequilibrios plurales, elementos que son convenientemente utilizados para explotar un discurso populista dirigido a las capas sociales más débiles y desfavorecidas.

El componente fuertemente identitario del Frente Nacional entronca bien, además, con la pulsión nacionalista que vertebra su ideario: la exaltación de una entidad metafísica y poco menos que sobrenatural (la nación étnica), preexistente a cualquier pacto civil, de la que emana una legitimidad primigenia y superior, que por tanto excluye a cualquiera que venga de fuera, haciéndole por definición y a priori sospechoso y potencial chivo expiatorio de cualquier mal. El discurso es, por desgracia, tristemente conocido – aunque proyectado en otras demarcaciones territoriales – por estos lares.

Al otro extremo del tablero, también confluyen tentaciones identitarias que han terminado suponiendo de facto la triste descomposición de la izquierda. El proyecto socialdemócrata francés ha quedado dilapidado y subsumido entre dos bloques que han certificado su fagocitación electoral. Por la derecha, la izquierda socialdemócrata ha sido arrollada por el discurso aseado y superficialmente progresista de un joven banquero que rechaza las denominaciones ideológicas – nada más ideológico que ese presunto abstencionismo, por cierto – al tiempo que promete incidir en la senda de la austeridad indiscriminada y la clara contracción del gasto público. Por su vertiente izquierda, el socialismo democrático se ha visto claramente sobrepasado por un movimiento político abiertamente partidario del repliegue identitario, del proteccionismo económico y de la ruptura con la Unión Europea.

El caso francés no es único, pero sí paradigmático. Refleja con total precisión lo ocurrido en otros países europeos, y marca tendencia sobre los grandes interrogantes que se plantean sobre el futuro de la Unión. Algunos se han aprestado a realizar un análisis optimista y seguramente bienintencionado de lo acontecido, basado principalmente en la derrota electoral de Le Pen frente a Macron en esta primera vuelta, que, a buen seguro, se confirmará de manera ampliada en el ballotage. No cabe duda de que la derrota de opciones que impugnan de manera indisimulada los consensos democráticos más irrenunciables y el pluralismo político en que se basan las sociedades abiertas no puede sino catalogarse, efectivamente, como una gran noticia. En este mismo sentido, cualquier vacilación ante la segunda vuelta que se avecina en Francia resulta intolerable; es hora de tomar partido para salvaguardar el orden democrático y las libertades civiles de todos los ciudadanos, para lo cual se antoja absolutamente indispensable una contundente victoria electoral de Emmanuel Macron, cuya candidatura apoyamos con decisión desde Plataforma Ahora.

Con todo, creemos firmemente que limitarnos a constatar nuestras preferencias más instintivas sería un análisis tan insuficiente como peligroso. Las relaciones de causalidad entre las políticas que se han llevado a cabo durante estos últimos tiempos y los resultados que arrojan las urnas son innegables. No queremos decir con esto – entiéndase bien – que Emmanuel Macron tiene, ni lejanamente, la más mínima cuota de responsabilidad en el alto porcentaje de voto de Marine Le Pen. Queremos significar, muy por el contrario, que el actual proceso de construcción europea revela unos importantes déficits democráticos que han acarreado un creciente sentimiento de exclusión del sistema de amplios grupos sociales, al tiempo que las políticas económicas preeminentes, basadas en una errada concepción de la austeridad indiscriminada y en la proliferación de los recortes sociales, consiguiendo un acortamiento inaceptable de las grandes conquistas sociales aparejadas al Estado del Bienestar, han supuesto la peligrosa generalización del descontento social y de la sensación de exclusión social y política.

Desde Plataforma Ahora hemos expresado en reiteradas ocasiones nuestro deseo de potenciar el proyecto europeo y, sin duda, en este proceso cualquier planteamiento nacionalista, que nos aboque hacia el repliegue identitario, el cierre de fronteras y el ensimismamiento nacional debe rechazarse de plano. Si a estas alternativas se le adhieren, además, componentes de intolerancia, odio y miedo al diferente, nuestro rechazo no puede sino ser contundente, radical y sin paliativos. Ahora bien, este rechazo no puede dejar de estar acompañado de la firme y convencida exigencia de que se modifique el rumbo que actualmente sigue Europa. Precisamos caminar hacia una verdadera armonización fiscal que acabe de raíz con las dinámicas de competencia desleal y deslocalizaciones en las que nos encontramos sumidos. Al mismo tiempo, es imprescindible que los principales responsables políticos comunitarios reflexionen seriamente sobre el camino recorrido hasta el momento, y se pregunten sobre la conveniencia de incidir en unas políticas que han incrementado las desigualdades, a la par que agravaban las consecuencias de la crisis económica que aún padecemos. Necesitamos preservar, sin hipotecas ni injustos recortes sociales, las conquistas del Estado del Bienestar, concreción política tangible de la mayor expansión de posibilidades de vida a un mayor número de gente, como nunca antes se conoció en la Historia.

Sin una reflexión sincera, no exenta de autocrítica, Europa seguirá deslizándose por el peligroso alambre del desequilibrio socioeconómico y de la desafección política. Para corregir esta senda errada y reorientar el rumbo, estimamos que el papel de la izquierda, en su modalidad universalista, igualitaria, cívica y progresista, será esencial. Somos profundamente escépticos ante proyectos políticos que han prometido reducir el papel del Estado en la economía, deslizando la errónea sugerencia de que es éste quien ha provocado los desequilibrios que enfrentamos, y omitiendo cualquier crítica a las malas regulaciones o regulaciones inexistentes que han permitido el desarrollo de una modalidad de capitalismo financiero especialmente disfuncional. No creemos que la aplicación de las mismas políticas por políticos diferentes garantice resultados muy dispares, sino esencialmente los mismos. Por ello entendemos que es ineludible una modificación sustancial de las políticas a aplicar, para lo cual será imprescindible el papel de una izquierda que debe ser capaz de resolver su propia fractura e integrar corrientes y familias a fin de articular un proyecto inclusivo y creíble, a la vez institucional y radical en la búsqueda de soluciones, inequívocamente progresista y racionalmente socialdemócrata.

Sólo así será posible minimizar el impacto de las fuerzas que reaccionan contra nuestro marco de convivencia. Preservándolo decididamente en vez de agrietarlo incidiendo en errores pasados.

 

17 Abr 17

La posible supresión de la acusación popular: una reforma inaceptable

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Asistimos a la enésima puesta en cuestión de la institución de la acusación popular por parte de los principales partidos políticos de nuestro país. Se fundamenta esta oleada de críticas en el indudable mal uso que de la citada institución se ha hecho a lo largo de los últimos años por entidades como Manos Limpias o Ausbanc, las cuales han incurrido en presuntos ilícitos penales de semejante envergadura a aquellos que en apariencia trataban de combatir. La cuestión no es dilucidar si esos abusos de derecho son o no aceptables, puesto que no cabe ninguna duda de que no lo son y de que el Estado de derecho ha de reaccionar con todos y cada uno de los resortes de la legalidad contra los mismos; la verdadera pregunta que subyace tras estos escándalos es la que nos interroga sobre la conveniencia de reformar la acusación popular para limitarla y restringirla de manera directa como se pretende.

La acusación popular emana de nuestra Constitución Española y, en particular, de su artículo 125, y es una institución de rancio abolengo en nuestro ordenamiento jurídico. Su mala utilización no se debe a una pretendida perversidad ontológica de su naturaleza, sino más bien al fiel retrato de un estado de corrupción generalizada en nuestro país y de escasa higiene democrática de nuestras instituciones. Lejos de suponer una constante fuente de corrupción y escándalos, la acusación popular se ha revelado en los últimos tiempos como motor de la lucha contra la corrupción, siendo en ocasiones la única vía para incoar grandes causas penales contra la corrupción política que, de no haber existido dicha institución jurídica, jamás hubieran salido a la luz. Así, entre otros varios, tenemos el Caso Bankia y el papel fundamental que desempeñó UPYD como partido político que, personado como acusación popular, se querelló contra la entidad financiera por múltiples irregularidades. Si la reforma que ahora se pretende aprobar hubiera estado en vigor por aquel entonces, ni éste ni otros muchos casos de corrupción política y financiera hubieran sido destapados.

Desde Plataforma Ahora queremos advertir sobre las espurias intenciones de aquellos que pretenden reformar la acusación popular para eludir que la misma pueda ser ejercitada por partidos políticos o sindicatos. Habida cuenta de que su derogación implicaría ni más ni menos que una reforma constitucional, lo que se pretende es utilizar un subterfugio más rápido y simple con el indisimulado objetivo de constreñir de facto la posibilidad de ejercer la acusación popular y bloquear así la lucha contra la corrupción política.

Para nosotros resulta difícilmente discutible que la acusación popular no puede convertirse en el gran cajón de sastre que cubra las carencias de nuestro proceso penal. Si la acusación popular ha cobrado durante las últimas tres décadas tamaña importancia, esto se debe principalmente a una clamorosa dejación de funciones por parte del Ministerio Fiscal en relación a su cometido constitucional. En demasiadas ocasiones hemos sido testigos directos de un comportamiento directa o indirectamente politizado del Ministerio Público, cuerpo totalmente jerarquizado y dependiente en última instancia del poder político. Así, la acusación popular lejos de cumplir su ya de por si fundamental papel ha visto ampliada de manera involuntaria su relevancia hasta convertirse de hecho en el único resorte tangible en la lucha contra la corrupción política. Es anómalo y muy poco edificante encontrar un Ministerio Fiscal que, en demasiadas ocasiones, hace las veces de abogado defensor de delincuentes de cuello blanco, al igual que es inaudito que las carencias provocadas por la inadmisible politización del Ministerio Público tengan que suplirse siempre y por defecto por la acusación popular. No es el uso de ésta, sino el abuso y las carencias del ordenamiento jurídico en su conjunto las circunstancias determinantes de muchos de los escándalos que han copado los titulares de prensa en recientes fechas.

La solución a las anomalías que señalamos es corregirlas, no cercenar instituciones cuyo papel en la persecución de grandes casos de corrupción ha sido en muchas ocasiones ejemplar. En vez de proyectar las soluciones sobre las grandes lagunas de nuestro sistema, se vuelve a lanzar una gran cortina de humo que, al fin y al cabo, mantenga las carencias de nuestro sistema inalteradas y ataque no las causas sino las consecuencias derivadas de los problemas de fondo.

En suma, la reforma pendiente de nuestro ordenamiento jurídico no debe pasar por la limitación de la acusación popular, sino por la despolitización de todas y cada una de las instituciones que se han revelado manifiestamente cooptadas por el poder político. Entre ellas, el Ministerio Fiscal. Cuando tales reformas sean implementadas y se reconduzca la actuación del Ministerio Fiscal dentro de los parámetros de normalidad constitucional exigible, estamos seguros de que la acusación popular volverá a ser usada con mesura y ponderación, y dejará de ser el único cauce posible para luchar contra la corrupción política. No se trata de desjudicializar la política como señalan pomposamente algunos, sino de despolitizar la justicia y preservar los cimientos básicos de nuestro Estado de derecho. Sólo así dignificaremos verdaderamente la política.