10 Oct 17

URQUINAONA O LA ECLOSIÓN CÍVICA

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El 8 de octubre de 2017 será para siempre un día clave de la Historia de España. Será sin duda recordado como el día en que eclosionó la gran rebelión cívica de esa mayoría silenciosa, tanto tiempo postrada en Cataluña. Cierto es que han sido varias las voces valientes que, durante los últimos años e incluso décadas, osaron alzarse frente al clima opresivo y delator del nacionalismo, pero no recordamos un ejercicio democrático tan sobresaliente como el de ayer, en el que una multitud de ciudadanos valientes tomaron partido, inequívocamente, por la democracia y la libertad, por un futuro de convivencia sin fronteras ni rupturas.

Desde todas partes de España, y, sobre todo, desde cada rincón de Cataluña, acudieron ciudadanos de signo ideológico plural y diverso para dar testimonio pleno de que Cataluña no es un sol poble, uniformizado y homogéneo como sueñan los fanáticos de la identidad. Para su disgusto, se volvió a demostrar que la sociedad catalana, al igual que el resto de la sociedad española, es felizmente mestiza. Mestiza y plural, conformada por un crisol de opciones identitarias libremente configuradas a partir de los cimientos cívicos que hacen posible la convivencia pacífica y en libertad de todas esas alternativas. Para disgusto, e incluso desesperación, de los que fantasean con una Cataluña en blanco y negro, que desfile al son de Els Segadors, caminando sobre las sombras de una Historia tergiversada, al dictado de una única voz y unívoco sectarismo, editorializando en conjunto y repitiendo proclamas al unísono, claramente fracturada entre los “de aquí” y los de “fuera”, aquéllos que, por discrepar, son forzados a la inaceptable condición de extranjeros en su propio país.

Diametralmente alejados de esa construcción artificial, forzada y opresiva, los cientos de miles de ciudadanos que inundaron las calles de Barcelona ayer lo hicieron de manera ejemplarmente cívica, alérgica a toda vindicación tribal y nacionalista, con el alivio, la alegría y hasta la necesidad, fácilmente perceptible, de salir masivamente del armario, dejando atrás todos los complejos pasados que tanto han lastrado la resistencia constitucionalista frente a la opresiva y artificial hegemonía nacionalista.

Los ciudadanos españoles que salieron a las calles de Barcelona no lo hicieron para contraponer ninguna quintaesencia españolista frente a una quintaesencia identitaria de signo pretendidamente contrario. Nada más lejos de la realidad, a pesar de las maniqueas y cada vez más ridículas manipulaciones de algunos. Quienes ayer salieron a la calle, ya fueran socialistas, liberales o conservadores – demócratas, en fin, de todas las condiciones ideológicasreivindicaron, en primer lugar, la calle como espacio público que no puede ser patrimonio exclusivo de nadie. Tampoco de los nacionalistas. Ésa fue la primera lección cívica para la posteridad: la calle no es vuestra, ni tampoco pertenece a vuestro mantra identitario. El ficticio derecho de propiedad que durante demasiados años habéis ejercido sobre la misma llegó ayer a su fin. La calle, lo público, en democracia, nos corresponde a todos los ciudadanos y no vamos a permitir que nadie privatice jamás ese espacio político. Aprendan ya la lección; no la olviden nunca.

La segunda lección cívica que brotó ayer de las calles de Barcelona, de Cataluña, de España, fue el clamoroso compromiso democrático de una mayoría amplia de ciudadanos. Bastante hemos sufrido en este país para construir, por encima de renuncias, frustraciones y derrotas, un sistema democrático que garantiza los iguales derechos y libertades de todos, como para permitir su irresponsable harakiri. Nuestro sistema de convivencia se asienta sobre un entramado institucional representativo y un conjunto de leyes, otorgadas entre todos, que consagran derechos y evitan cualquier ejercicio arbitrario y despótico del poder. Por supuesto que las leyes pueden cambiarse, pero única y exclusivamente por los procedimiento previstos en las mismas, y siempre entre todos los ciudadanos, no por la coacción unilateral de unos pocos. Fuera de las leyes que proscriben las arbitrariedades y abusos, no hay democracia. Derogar discrecionalmente la ley democrática en un Estado de Derecho no es una cuestión accesoria o susceptible de transacción alguna; es un ejercicio de violencia inaceptable que altera la convivencia pacífica del conjunto de ciudadanos. Supone la subversión inaceptable de la civilización, el forzado regreso a un mundo de cartas marcadas a perpetuidad, donde siempre se impone la arbitraria voluntad del más fuerte.

La tercera enseñanza de ciudadanía que nos brindó ayer una multitud inconmensurable de españoles valientes, sin miedo ni complejos, es que todos, todos sin excepción, queremos decidir sobre nuestro futuro en pie de igualdad. Lo que nunca vamos a aceptar es que unos cuantos individuos se apropien indebidamente de nuestra ciudadanía, de nuestros derechos, que no emanan de la meva terra – como proclamaba algún rudimentario y solitario graffiti, hagiografía de un mundo felizmente superado, el de los estamentos y los privilegios – sino de la pertenencia igual, en tanto que ciudadanos, a la comunidad política constitucionalmente vigente, democrática. La ruptura de esa comunidad política de conciudadanos libres e iguales es tanto o más costosa que la ruptura del orden constitucional democrático. Esgrimir razones identitarias para ejercitar el pretendido derecho a romper dicha comunidad es completamente inaceptable. Todos tenemos derecho a construir libremente nuestras opciones identitarias, pero ninguna persona o grupo tiene derecho a secuestrar nuestros derechos si no participamos de la identidad oficial. En ese arbitrario proceso de apropiación indebida de nuestra ciudadanía, sin eufemismos justificadores, se traduce el proyecto nacionalista.

Ahora que el silencio ha quedado definitivamente atrás, que los ciudadanos de pleno derecho han gritado cívica y pacíficamente que no negociarán jamás su condición de ciudadanos, es hora de que se pueda capitalizar políticamente esta eclosión cívica. Es hora de traducir políticamente los hermosos versos de Gabriel Celaya: “No reniego de mi origen/ pero digo que seremos/ mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo”.

De un comienzo: del comienzo de una verdadera alternativa moderna, laica, democrática, cosmopolita y universalista, que abogue por una comunidad, ampliable y no fragmentable, de ciudadanos libres e iguales, frente al proyecto regresivo y reaccionario del nacionalismo. Desde la izquierda cívica, Plataforma Ahora quiere mostrar una vez más su inequívoco compromiso con dicha alternativa.

2 Sep 17

Plataforma Ahora pide al Gobierno de España que detenga el golpe de Estado en Cataluña

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  • Maneiro sostiene que “si el Gobierno de España no impide el referéndum, deberá dimitir en pleno y convocar elecciones”
  • Plataforma Ahora hace un llamamiento a los partidos políticos nacionales para que unan fuerzas, aparquen sus diferencias y apliquen la legalidad vigente y la Constitución Española, incluido el artículo 155

 

01 de septiembre de 2017– Plataforma Ahora pide al Gobierno de España que detenga el golpe de Estado en Cataluña. Y es que, se constata que la intención de los independentistas catalanes es seguir adelante con la celebración de la consulta, el día 1 de octubre, desafiando la democracia y rompiendo la convivencia entre los ciudadanos españoles.

 

Por este motivo, el portavoz de Plataforma Ahora, Gorka Maneiro, ha hecho un llamamiento a los partidos políticos nacionales para que “unan fuerzas y detengan el golpe de Estado dado por los independentistas en Cataluña”. Un motivo por el que les pide que “aparquen sus legítimas diferencias en otras cuestiones y apliquen ya la legalidad vigente y la Constitución Española” con el objetivo de “salvaguardar los derechos ciudadanos vulnerados por la Generalitat de Cataluña”.

 

En este sentido, Maneiro reclama, tanto al Gobierno de España como a los partidos políticos nacionales que “cumplan con su obligación e impidan la celebración de la anunciada consulta del día 1 de octubre, que protejan el Estado de Derecho vulnerado y apliquen cada uno de los artículos de la Constitución Española, incluido el artículo 155”. A lo que añade que “si el Gobierno de España no impide la celebración de este referéndum, deberá dimitir en pleno y convocar elecciones”.

 

En este sentido, el portavoz de Plataforma Ahora recuerda a los partidos políticos nacionales que “la solución frente a los nacionalistas no es ceder ante sus pretensiones ni tratar de contentarlos o asumir parte de su discurso (que es lo que habitualmente han venido haciendo) sino desmontar sus falacias con pedagogía política y argumentos”. Por todo esto, desde Plataforma ahora se pide “una reforma constitucional pero no, como algunos pretenden, para tratar de contentar a los nacionalistas, sino para defender más igualdad y más bienestar para todos”.

1 Sep 17

AHORA CATALUÑA: EN DEFENSA DE NUESTRA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA

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El próximo 16 de septiembre Plataforma Ahora se presenta oficialmente en Barcelona. Lo hacemos en plena convulsión política planteada por el órdago secesionista que el gobierno autonómico catalán ha lanzado – con la aquiescencia cómplice de demasiados – contra nuestro Estado de derecho y la convivencia democrática que éste garantiza. Nos presentamos en Barcelona con la voz y la palabra, ocupando sin complejo la esfera pública cuya titularidad compartida reivindicamos, en tanto que ciudadanos españoles plenos de derechos y deberes, y por tanto facultados para hacer política sin pedir permiso a nadie.

Plataforma Ahora no nació para complacer a los que han hecho de su permanente insatisfacción razón de ser en política, y motor de su estrategia de chantaje permanente. Tampoco nació para moderar a los nacionalistas, ni para brindar múltiples pretextos justificadores al nacionalismo, ideología reaccionaria por excelencia. Para todo ello ya hay múltiples candidatos y ofertas. La razón de ser de nuestro nacimiento es bien diferente: aglutinar a toda la izquierda progresista de este país, hoy atomizada o dispersa, en torno a la defensa de la ciudadanía compartida y la igualdad de todos los ciudadanos.

Al contrario de lo que muchos han convertido en habitual en la política española, Plataforma Ahora no preparará un discurso ad hoc para que resulte digerible por el statu quo dominante en Cataluña. Tampoco trazará una estrategia para territorializar su discurso, moldeándolo a conveniencia para contentar a propios y extraños. El discurso político presto a constantes modulaciones no es cosa distinta que un burdo engaño a la ciudadanía y una verdadera sinrazón. Los principios y valores que compartimos son predicables de punta a punta del país, y ocultarlos o matizarlos en territorios donde mayores hostilidades existen hacia ese discurso no sólo sería una traición indudable a todos aquellos ciudadanos constitucionalistas que tiempo ha salieron del armario para rebelarse cívicamente, sino que además supondría el descrédito definitivo de Ahora como instrumento político.

Tampoco pensamos que el objetivo de la presentación que se avecina sea el de mostrar una especie de solidaria condescendencia con los catalanes en unos momentos tan delicados. No. Desconfiamos de aquellas fórmulas políticas que se empeñan en parcelar el discurso, y también lo hacemos de quienes creen que existe un problema catalán, que es cosa de los catalanes… como si éstos fueran poco menos que miembros de un pueblo preconstituido o mágico conformado por nativos con hondísimas raíces milenarias, y el resto, los no oriundos del lugar, debiéramos limitarnos a acudir allí para mostrar condescendencia, solidaridad y compasión por el trance que sufren. Tal actitud es impropia de una democracia pluralista y consolidada y responde a una atávica concepción preciudadana de la democracia, una visión obtusa y esencialmente reñida con la misma. Nuestra voz en Cataluña será la misma voz que utilizamos en todo el país: la voz de los ciudadanos comprometidos; la voz de los ciudadanos concernidos ante la apropiación indebida que, desde un gobierno sedicioso y múltiples altavoces y justificadores ideológicos, pretende hacerse de nuestra condición de ciudadanos.

No hay problema catalán ni problema de los catalanes que valga. El problema – el desafío integral que pone en jaque nuestro sistema de convivencia – nos afecta en tanto que ciudadanos españoles. Políticamente hablando, en España los únicos ciudadanos que existen son los ciudadanos españoles. Algunos nacieron en Hospitalet, otros en Cádiz; algunos, incluso, en Buenos Aires, y otros en Malabo, fuera de nuestras fronteras. En tanto que ciudadanos españoles, resulta completamente irrelevante de dónde sean oriundos, porque tal eventualidad – geográfica, accidental, fortuita – no condiciona ni difumina los derechos y deberes que emanan, todos, de su ciudadanía: es decir, de su pertenencia igual a la comunidad política constitucionalmente vigente. Por tanto, cuando en una parte del espacio político compartido, alguien pretende mutilar la ciudadanía común, esto es, privar de derechos y deberes al conjuntos de ciudadanos titulares de dicho espacio político compartido, nuestra respuesta no puede por menos que ser contundente, proactiva y nítida. No iremos a Barcelona, por consiguiente, a expresar nuestra solidaridad o condescendencia con nadie, sino nuestro pleno compromiso con la cualidad de ciudadanos que detentamos, puesto que nunca aceptaremos que nos desprovean de dicha condición para condenarnos a la de meros oriundos de un territorio parcelado, enraizados como plantas a ese terruño concreto, y menos aún aceptaremos nuestra forzada conversión en extranjeros sin derechos ni garantías, presos de cualquier arbitrariedad imaginable.

El mensaje de Plataforma Ahora se dirige al conjunto de ciudadanos del país. Nuestra voz de alarma no pretende ser un grito estridente, sino un discurso tan sereno como desacomplejado que nos compela a todos a tomar conciencia de la dimensión de lo que está ocurriendo. El inicio de cualquier solución pasa por que rompamos las amarras mentales que siguen existiendo en demasiados lugares, ésas que nos hacen visualizar el recorte de nuestra ciudadanía y la dilución de nuestra democracia como problemas abstractos o carentes de consecuencias directas para nuestra vida real. Lejos de ser una abstracción, o una cuestión sentimental, la mutilación arbitraria de nuestra ciudadanía ataca los cimientos básicos de la convivencia democrática. Esa mutilación, justificada con frecuencia en base a pretextos identitarios, es precisamente la mejor garantía de que desaparezca nuestra libertad para conformar la identidad que deseemos. Al contrario de lo que nos cuentan los nacionalistas, las identidades no vienen ahormadas indefectiblemente por el lado de la frontera en el que hayamos tenido la fortuna (o desgracia) de caer. Las identidades, para que sean democráticas, deben poder desarrollarse sin cortapisas ni coacciones, una vez aceptada la ley común que sirve de aglutinante democrático en las comunidades políticas constitucionalmente vigentes. En nuestro país, esa comunidad política democrática responde al nombre de España, y la ley común que a todos nos iguala se llama Constitución española de 1978. Es a partir de su asunción y reconocimiento que cada uno de nosotros, provengamos de un lado o de otro, podemos desarrollar la oferta cultural, sentimental, religiosa, ideológica y, en fin, identitaria que prefiramos. Si la identidad se convierte, por el contrario, en el filtro que determina el acceso a los derechos y deberes ciudadanos, ni aquélla será democrática, ni éstos serán iguales para todos. Eso precisamente – consagrar la desigualdad en nombre de la identidad – es lo que pretenden los nacionalistas de todas las fronteras.

Digamos por último que nuestra defensa de la unidad cívica y de la ciudadanía común que compartimos proviene de la izquierda. No de una izquierda particularista, populista o nacionalista, no de esa izquierda oficial que cada día nos persuade aún más de su entrega, completa y quién sabe si ya irreversible, a la reacción nacionalista. Queremos construir una izquierda diferente, tan democrática como progresista, y más preocupada por los ciudadanos y su igualdad que por las fronteras y el fetiche de la diferencia. Nos dirigimos, muy especialmente, a todas aquellas personas que más han sufrido el embate de la crisis económica. A todos los ciudadanos que, por una razón u otra, siempre han estado vinculados a formaciones políticas de izquierda, generalmente por la necesidad de encontrar respaldo parlamentario de sus intereses y anhelos por un mayor equilibrio social, por una sociedad más justa e igualitaria. Deseamos mirar de frente a todos esos ciudadanos que, un día, sintiéndose comprensiblemente apartados de la esfera política y del bienestar económico que distaba mucho de estar equitativamente distribuido en la sociedad española, confiaron en alternativas políticas que hoy les han dado la espalda. Alternativas políticas que se dicen de izquierdas, incluso con estridente virulencia, como si la admonición izquierdista solventara cualquier duda o problema; pero que, a la hora de la verdad, ocultan de su discurso voces como Estado de Bienestar, desahucios, fiscalidad progresiva, renta básica, servicios públicos, o, al menos, subordinan su prioridad. Por desgracia, la izquierda oficial de esta país – y Cataluña es un ejemplo paradigmático de la traición secular de la izquierda a sus postulados más genuinos – ha entregado su alma al nacionalismo, olvidando la básica premisa de que sin Estado no hay Estado de Bienestar. La renuncia a defender un proyecto igualitario, y su sustitución por múltiples causas identitarias, ha supuesto de facto el abandono de millones de personas que sienten que la secesión en marcha, proyecto político que ambiciona el sombrío horizonte de expandir y multiplicar las fronteras, tendrá un terrible coste en términos de igualdad, redistribución y justicia social, en especial para los más débiles de la sociedad.

Una parte de la izquierda clásica solía recriminar a la derecha la obstinación reaccionaria en privar los extranjeros del acceso a nuestra ciudadanía. Estamos fundamentalmente de acuerdo. Siendo grave este hecho, sólo se nos ocurre algo más deplorable: la pretensión nacionalista, con la complicidad activa de nuestra izquierda reaccionaria, de privar a millones de ciudadanos de la ciudadanía que ya ostentan, y así convertirlos en extranjeros en su propio país.

12 Jul 17

20 años sin Miguel Ángel Blanco

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Estos días se cumplen 20 años del secuestro, tortura y asesinato del joven concejal del PP Miguel Ángel Blanco por la banda terrorista ETA, tras tenerlo dos días atado de pies y manos. Y 20 años de la extraordinaria movilización ciudadana que dio origen al “Espíritu de Ermua”: esos millones de personas que salimos a la calle para impedir un asesinato anunciado y a cámara lenta y, después, cuando confirmamos la cruel ejecución, para llamar criminales a los criminales, mientras estos y sus servicios auxiliares se escondían en sus madrigueras. Es cierto que durante unos días los demócratas, unidos, los acorralamos.

Estos días se cumplen 20 años desde que dimos por supuesto que aquello suponía el fin de ETA, dado que suponíamos imposible que, tras aquella barbarie, hubiera un solo cobarde que siguiera apoyando a la banda. Y eso que crímenes semejantes se habían producido antes. Nos equivocamos. Después hubo nuevos asesinatos y la tregua trampa y el Pacto de Lizarra impulsado por el PNV para aislar al partido del asesinado en lugar de al partido de los asesinos… Y, después, más asesinatos. Y años después logramos la derrota policial de la banda gracias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la aplicación estricta de la Ley de Partidos, la colaboración internacional y la movilización ciudadana impulsada por Basta Ya y otros colectivos cívicos.

A lo largo del tiempo en el que se mantuvo activa como organización terrorista, ETA asesinó a 230 miembros de la Guardia Civil y a 183 agentes de la Policía Nacional, a 103 militares, a 15 ertzainas y a 30 miembros de la Policía Municipal. ETA asesinó a 58 empresarios, 68 representantes políticos, 9 miembros de la Judicatura, 7 de Instituciones Penitenciarias y 3 periodistas, además de otros muchos ciudadanos anónimos. ETA asesinó a hombres, mujeres y niños. A parados, estudiantes, jubilados y amas de casa. A profesores universitarios y a periodistas. A jueces y a fiscales. A gente inocente y anónima, víctima de la mayor de las injusticias, dejando viudos y viudas, huérfanos, padres y madres sin hijos y familias destrozadas. ETA provocó más de 850 asesinados, miles de heridos, centenares de extorsionados y un número incontable de “exiliados”: personas que tuvieron que abandonar su lugar de residencia.

Uno de los líderes de los servicios auxiliares de ETA, Pernando Barrena, decía en 2007 que “los terroristas de hoy puede que mañana no lo sean; depende de quién escriba la historia”; declaración de intenciones que explica perfectamente tanto el momento histórico que hoy día vivimos como los objetivos actuales del entramado proetarra.

Tras la derrota policial de la banda, toca ganar la batalla política y la del relato, para lo cual es imprescindible derrotar el proyecto político de la banda, impedir la manipulación de la Historia que pretenden, evitar que haya un solo gramo de impunidad, proteger a las víctimas y hacer justicia.

Gorka Maneiro, portavoz de Ahora Plataforma participó en el acto in memoriam de Miguel Ángel Blanco, en Ermua.

1 Jul 17

EL ORGULLO DE LA LIBERTAD

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Hoy se celebra en Madrid y en otras ciudades del mundo la gran manifestación del Orgullo, un acto que trasciende fronteras, países y continentes, pero que, sobre todo, lleva trascendiendo prejuicios desde hace años. No podemos dejar de felicitarnos desde Plataforma Ahora por el hecho de que se haya consolidado en nuestro país la desacomplejada celebración de la libertad personal de amar a quien cada uno elija, sin cortapisas morales, religiosas o de cualquier otra índole.

Algunas voces claman ante la inconveniencia de seguir reivindicando aquello que ya está consolidado como normal en la sociedad española. No estamos de acuerdo. Si bien nuestra legislación ha sido felizmente pionera en el reconocimiento de derechos civiles -como el matrimonio homosexual- que hoy otros países de nuestro entorno como Alemania empiezan a asimilar legalmente, creemos que el margen de ampliación de las libertades públicas sigue existiendo. Además, desde nuestra convicción trasnacional de que las libertades civiles, y en general todos los derechos de ciudadanía, han de ser de aplicación a cuantas más personas mejor, con independencia de las limitaciones nacionales que nos vengan impuestas por nuestro fortuito lugar de nacimiento, hemos de recordar que en muchas -demasiadas- partes de nuestro planeta siguen imperando fuertes restricciones y censuras a la libertad personal de cada individuo de vivir en plenitud y sin cortapisa alguna su sexualidad, su desarrollo personal y afectivo, y, en fin, la libre elección de su futuro.

A lo largo de la Historia, las sociedades cerradas, autoritarias y reticentes a las libertades públicas, han tratado de obstruir el libre albedrío de las personas, hasta llegar a estigmatizarlas dentro de una perversa lógica de normalización, que suele invocarse para subvertir de forma artificiosa la normalidad social. Porque las realidades normales, y no hay nada más normal que el legítimo derecho a la diferencia, no deben normalizarse; cuando alguien invoca la necesidad de normalizar algo per se normal, lo que con frecuencia pretende deslizar es su arbitraria intención de mediatizar la libre elección de aquellos que optan por fórmulas de vida diferentes a las que un determinado código moral entiende como idóneas. Ejemplos de represión e intolerancia ha habido varios, tanto en regímenes de signo comunista, como la Cuba de Castro donde durante años miles de homosexuales fueron perseguidos, estigmatizados y hostigados, como el caso del escritor y poeta Reinaldo Arenas, como también los ha habido en oscuros regímenes autoritarios de derechas, como la España franquista, donde esperpentos jurídicos como la Ley de vagos y maleantes o la Ley de peligrosidad y rehabilitación social hacían las veces de infames instrumentos censores al servicio de los prejuicios y la intolerancia del dictador.

Aún hoy, en pleno siglo XXI, persisten los Estados intolerantes, cimentados en el miedo al diferente, éste sí constitutivo de una verdadera pandemia moral que lejos de corregirse, sigue manteniéndose incólume y encontrando terreno fértil en mentes obtusas, que, con independencia de la edad, condición social o procedencia, albergan prejuicios varios, que no suelen ser cosa distinta que sublimaciones de sus propios miedos y frustraciones.

El trecho que aún hemos de recorrer como sociedad es amplio. Tanto desde el punto de vista de la legislación, que ha de consolidar y ahondar en su espíritu tuitivo de las libertades personales y públicas de todos los ciudadanos, como desde el punto de vista de la educación laica, que, más allá de formar profesionales, ha de ser un verdadero instrumento útil para la formación de buenos ciudadanos. Y todo esto puede y debe hacerse desde el rechazo de los identitarismos que quiebran la igualdad de derechos, y abrazando la pedagogía democrática e igualitaria que ayuda a preservar iguales libertades para todos, con independencia de nuestra orientación sexual, lugar de origen, o forma de vida.

Como señaló Manuel Azaña, “la libertad no hace felices a los hombres (ni a las mujeres, cabría añadir), los hace sencillamente hombres”. Reivindiquemos y celebremos, pues, el orgullo de la libertad, y no cesemos jamás en la imprescindible pedagogía pública para que ningún proyecto de regresión- que pretenda desmantelar, explícita o veladamente, nuestras libertades civiles y, por ende, nuestra humanidad- cristalice nunca.

19 Jun 17

39 Congreso Federal PSOE: de “La Internacional” a “Lo Plurinacional”

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Mientras las cámaras inmortalizaban el clásico canto a coro de “La Internacional”, el PSOE certificaba la derogación expresa del fundamento teórico más básico de esos acordes. Paradoja suprema. En efecto, el PSOE acaba de aprobar en su trigésimo noveno Congreso Federal el reconocimiento de la plurinacionalidad. Nada más alejado del espíritu de un partido que, al menos en el corolario musical, sigue proclamando que “el hombre del hombre es hermano” y que, al fin y al cabo, todos, con independencia de sus orígenes, “derechos iguales tendrán”. Pues va a ser, y lamentamos constatarlo, que nada más alejado de la realidad.

Lo que se acaba de aprobar en el recién clausurado Congreso Federal del PSOE es un ataque indisimulado en la línea de flotación de los cimientos más elementales de la izquierda. En un fin de semana de contradicciones escalofriantes, en donde las palabras y los hechos han recorrido caminos dispares y hasta contrapuestos, la ponencia política del PSOE ha incidido en el empeño de desmentir el pomposo lema: “Somos la izquierda”. Ahora que las luces se han apagado, podemos constatar la triste intuición que barruntábamos: para serlo, toca demostrarlo, no sólo proclamarlo. Que los hechos, por una vez, hubieran acompañado a las proclamas. No ha sido así.

Porque ser la izquierda es, esencialmente, ubicar en el centro del debate político la lucha contra las crecientes desigualdades sociales. Y, por más que algunos se doctoren cada día en la cuadratura imposible del círculo, es absolutamente imposible combatir las desigualdades desde espacios públicos atomizados o fragmentados. Reivindicar mayores cotas de equidad social y económica es lisa y llanamente quimérico si certificamos la voladura de su condición previa y necesaria: la igualdad de derechos y deberes, con independencia de los determinismos biográficos que nos hayan podido tocar en suerte… o en desgracia.

En un tiempo de dudas e incertidumbres, en el que la izquierda ha de repensar muchas cuestiones, pocas certezas tan cristalinas quedan como la defensa de un mundo de ciudadanos libres, iguales y fraternos, más allá de las fronteras en las que cada uno haya nacido. Porque no es que éstas o aquéllas sean fronteras injustas o afortunadamente tuitivas, sino que todas las fronteras, todas sin excepción, son, en esencia, arbitrarias y resultado de determinaciones históricas, militares y hasta matrimoniales que ninguna relación guardan con la libre voluntad de los seres humanos que hoy las habitan. Por tanto, la única noticia que alguien preocupado por la igualdad de derechos puede esperar en relación a las fronteras es su dilución o emborronamiento. Su superación, en suma. No otra puede ser la pretensión de máximos que alguien de izquierdas deba albergar. En el ínterin, mientras ese proyecto de una verdadera Internacional de ciudadanos y ciudadanía se termina por consolidar, es imprescindible defender, sin resquicio alguno para la flaqueza, la duda, o el eterno cálculo electoral, la unidad de los espacios políticos democráticos sobre los que el conjunto de ciudadanos tenemos derecho a decidir. A decidir conjuntamente, como no podía ser de otra manera.

Por eso, la única nación que nos interesa, la única tangible en términos democráticos es la nación cívica: la nación de ciudadanos libres e iguales, o, lo que es lo mismo, la nación jurídico-política, que reconoce, en nuestro caso, el artículo 2 de la CE. Eso es España. La palabra con la que aludimos a la implantación territorial e institucional de nuestros derechos de ciudadanía. El resto de vindicaciones sentimentales nos parecen distorsionadoras o, incluso, espurias. Apelar a una nación en términos identitarios es altamente peligroso, y generalmente entraña alguna trampa. Supone partir del equívoco de pensar que alguien, por haber nacido en un determinado lugar, es acreedor de derechos distintos y mejores que su vecino, allende la demarcación de otra frontera. Es radicalmente falso que los ciudadanos españoles detentemos una misma y única identidad, aunque tengamos una lengua y un acervo cultural común. A través de esa misma lengua, nos comunicamos con personas que pertenecen a naciones diferentes. Nuestro acervo cultural, por más que nos aproxime en ocasiones, también puede separarnos. Además, no es privativo ni intransferible, en un mundo globalizado y afortunadamente mestizo. La cosmovisión que cada uno podamos desarrollar puede ser tan similar o dispar al vecino como nos plazca. Existe, por tanto, la posibilidad de que nuestra proximidad “identitaria” hacia una persona con la que compartimos vecindad civil sea mucho menor que la que podríamos desarrollar con alguien residenciado a cientos de miles de kilómetros de nuestro domicilio. Por ende, desarrollar líneas de segregación política a través de criterios étnicos o culturales suele ser no sólo peligroso, sino esencialmente injusto. Frente a las naciones étnicas, enfrentadas unas a otras, la nación cívica, a la que da soporte el Estado (democrático), nos permite pelear cada día para superar las fronteras que siguen separándonos. El verdadero objetivo político que debemos perseguir, desde la izquierda, es una actualización integral de los principios clásicos de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Y la única fórmula para lograrlo es proponer la expansión de nuestros derechos de ciudadanía más allá de unas determinadas fronteras. Más allá de cualquier frontera.

Somos plenamente conscientes de que millones de ciudadanos españoles desean una alternativa política diferente. Una alternativa política que no se conforme con observar de forma silente y acomodaticia como desmantelan nuestro Estado de bienestar, tras convencernos de su insostenibilidad. Sabemos que una amplia mayoría de la población, bajo la promesa luego transmutada en decepción de ser empoderados y recuperar su capacidad decisoria sobre los asuntos políticos, siente la necesidad de un cambio de rumbo en un país, en una Europa, que se desliza por la peligrosa senda de las desigualdades sociales y la brecha económica entre un pequeño porcentaje de privilegiados y una amplia mayoría de personas que han visto depauperados los servicios sociales y precarizadas sus condiciones de vida. Desde Plataforma Ahora queremos trasladar a todas esas personas nuestra mayor empatía y comprensión.

El recorte de ciudadanía que el PSOE acaba de abrazar en su recién clausurado Congreso no es gratuito ni estará carente de consecuencias prácticas, tangibles, perfectamente perceptibles por todos nosotros, especialmente por los más débiles. El mensaje que se nos traslada, oculto tras los oropeles y las proclamas pomposas, es el de seguir confiriendo privilegios a los que más tienen en detrimento de la solidaridad con los que más lo necesitan. Lo que se acaba de aprobar no es la plasmación de la libertad cultural de cada uno para desarrollar las opciones que prefiera: eso está perfectamente consagrado en nuestro actual ordenamiento jurídico y, además, no es lo que pretenden los nacionalismos identitarios, aquellos a los que vuelve a guiñar el ojo cómplice y comprensivamente la jerarquía dirigente socialista. Lo que se pretende es blindar la diferencia de derechos que rige ya, por desgracia, en nuestro país; una diferencia de derechos intolerable que permite, en nombre de la identidad, quebrar la igualdad de todas las mujeres y hombres de este país. Lo que el PSOE desea, en suma, es desmentir con sus propuestas políticas el único resquicio de izquierdismo que queda en su seno: ese que se desliza a través de las notas musicales y que ya carece de todo correlato fáctico.

No nos resignamos, ni nos resignaremos, a aceptar la defunción del proyecto socialdemócrata. Desde Plataforma Ahora sí pensamos que la izquierda cívica puede y debe acoger a todos aquellos socialistas desencantados por la abducción identitaria del PSOE. A todos los que saben que el sometimiento de la nación cívica a la nación étnica implica de manera indefectible la ruptura de la igualdad de derechos. A todos los que no olvidan que sin Estado no hay Estado de Bienestar. A todos aquellos que siguen creyendo en un mundo de iguales, sin importar el color de piel, la orientación sexual, o el lado de la frontera donde nos tocó nacer, queremos enviarles un mensaje: las siglas- por más que también a nosotros nos duela certificar la dolorosa traición a la esencia ideología de una partido determinante en la Historia de España- no impedirán el desarrollo de un proyecto político compartido de izquierda progresista. Un proyecto como el que tiene a bien abanderar Plataforma Ahora, convencida sobre la necesidad de seguir trabajando por un mundo de mujeres y hombres fraternos, libres y exactamente iguales en derechos, sin espacio para los que invocan divisiones nacionales para enmascarar privilegios que fracturan la igualdad.

6 Jun 17

LAS SOCIEDADES ABIERTAS FRENTE AL TERRORISMO INTERNACIONAL

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El nuevo embate del terrorismo internacional en Londres vuelve a hacer saltar todas las alarmas acerca de la amenaza global que se cierne sobre todo el mundo occidental y, en especial, sobre nuestro sistema de convivencia. Cierto que es que estos ataques- indiscriminados, cruentos, sanguinarios y aberrantes- no se dirigen en exclusiva a las sociedades occidentales, sino que afectan en numerosas ocasiones a países que se hallan injustamente alejados del foco mediático. Sin embargo, no es incorrecto sostener que los mismos- como ocurre con todo acto terrorista- tienen una clara motivación política: poner en jaque el sistema de convivencia democrática y pluralismo político de las sociedades abiertas.

Frente al terrorismo internacional, cualquier amago de titubeo puede ser letal. A los fanáticos que utilizan los peores influjos de la religiones para asesinar no se les puede tratar de entender o justificar, porque lo que hacen es lisa y llanamente injustificable. Las voces que claman, siempre de la manera más inoportuna, recordándonos las indubitadas fallas de la democracia, obvian algo aún más incontrovertible: el perfeccionamiento de nuestros sistemas democráticos nunca podrá traer causa de los ataques salvajes que persiguen su aniquilamiento. Obviamente- da sonrojo tener que recordarlo- la democracia es un sistema perfectible, mejorable, y profundamente imperfecto. Carece de la rigidez y el hieratismo propio de los despotismos, donde la crítica libre y los pesos y contrapesos entre los diferentes poderes son inexistentes. Sin embargo, todas las reflexiones que quepa hacer sobre nuestros sistemas políticos y todas las medidas que hayan de implementarse para su mejora y ampliación han de responder a procesos autónomos, generados con libertad por nosotros mismos, y que en modo alguno vengan condicionados por los fanáticos que nos chantajean a diario con el uso indiscriminado del terror precisamente para lograr que cedamos y nos allanemos ante su unilateralismo teocrático.

En un momento tan determinante de la Historia como éste que enfrentamos, en una encrucijada de tal envergadura- en la que reverdecen con más fuerza y vigor que nunca fanáticos criminales dispuestos a entregar su vida causando el mayor dolor posible entre los demás y atentando no sólo contra las concretas víctimas de sus ataques criminales sino también contra el conjunto de los cimientos democráticos de nuestras sociedades- hemos de articular una respuesta internacional coordinada, contundente y exenta de tentaciones justificadoras de los ataques infligidos.

Entre los valores a preservar, si cabe con más celo hoy, cuando se propagan con especial virulencia los intentos de fracturar todos los consensos democráticos en torno a los que pivotan nuestras vidas, cabría destacar la necesidad de reivindicar la libertad de profesar cualquier credo religioso, o de no profesar absolutamente ninguno. En eso consiste, en esencia, el laicismo. Un laicismo religioso, y también identitario, que no puede situarse entre paréntesis, por burda y acomodaticia conveniencia política cuando más avanzan las fuerzas disolventes de nuestros derechos y libertades. El laicismo, lejos de esa acepción errónea que manejan algunos, no es una postura antireligiosa, sino la mejor garantía para preservar las libertad de todos respecto al hecho religioso. Para que esa libertad sea absoluta, en su reconocimiento y en su ejercicio, es fundamental que los poderes públicos estén completamente emancipados y separados de cualquier institución religiosa. Obviamente, el laicismo religioso no gusta a quienes entienden que el derecho positivo de aplicación ha de ser el derecho natural de génesis religiosa. Tampoco a quienes sugieren equivocadamente que la mejor manera de enfrentar la descomunal amenaza que se cierne sobre todos nosotros es optar por el apaciguamiento y la conciliación. Olvidan lo esencial: no hay conciliación posible entre la libertad y la tiranía, como tampoco la hay entre los derechos humanos y la vulneración sistemática de los mismos.

Tan peligrosa como la opción de ese apaciguamiento artificial e imposible, resulta la respuesta que desde el propio corazón de Europa empieza a vislumbrarse con más fuerza de la que cualquier demócrata desearía. Hablamos del repliegue identitario. Al calor de la profunda crisis política que atraviesa la Unión, han cobrado especial fuerza los identitarismos y populismos de corte xenófobo y racista. Perfectamente alineados con el comportamiento análogo del presidente estadounidense- termómetro simbólico de los oscuros tiempos que vivimos- demasiados han optado por abrazar con fruición el cierre de fronteras y el odio indiscriminado al diferente como receta mágica para todos los males. La estrategia no es nueva, y siempre ha sido utilizada por todas las dictaduras a lo largo de la Historia: el diseño a conciencia de un chivo expiatorio, de una verdadera alteridad radical que permita proyectar el conjunto de los males internos hacia un enemigo exterior, normalmente inventado, distorsionado o agrandado a conveniencia para mayor gloria de los espurios fines que se persigan. Quienes piensen que levantar muros y fragmentar la humanidad entre alambradas es la solución no sólo yerran completamente, sino que además inciden en uno de los elementos compartidos por el mal que presuntamente combaten: el fanatismo, el desprecio a la diferencia, la no aceptación del disidente o del escéptico, el miedo a la libertad.

Ni el torpe apaciguamiento, ni la reacción identitaria son la solución. Y tampoco, aunque haya muchos bienintencionados que lo proclaman a los cuatro vientos, promocionar supuestas identidades benignas y protectoras en torno a las que obtener certezas y alcanzar consensos. La grandeza cualitativa de las democracias se basa en el ideal de ciudadanía: en la reivindicación de nuestros derechos en base a leyes otorgadas democráticamente que son iguales para todos, y frente a las que todos somos iguales. Más allá de nuestras particularidades biográficas, culturales, religiosas, lingüísticas o genéticas, todos somos ciudadanos y, en virtud a esa condición, disfrutamos de unos mismos derechos y obligaciones dentro de una comunidad política. Reivindicar esa ausencia de identidades obligatorias como la seña de identidad – valga la paradoja- de las sociedad abiertas es el mejor antídoto frente a cualquier fanatismo.

Hoy más que nunca, desde Plataforma Ahora queremos manifestar nuestra desacomplejada defensa de la democracia y de la libertad. En la tradición de la izquierda progresista e ilustrada, la que nace de la Revolución francesa y de sus coordenadas de libertad, igualdad y fraternidad, entendemos que la democracia no puede contraerse ante los ataques que recibe o allanarse ante los intolerables chantajes que experimenta. Muy al contrario, debe solidificar sus cimientos más básicos, ampliar y mejorar las garantías y derechos que consagra, sin renunciar a una justa radicalización y expansión de sus conquistas. Al tiempo, las sociedades abiertas han de seguir asumiendo la inevitable desventaja de ser permeables y receptivas a las pulsiones que, con frecuencia, amenazan su pervivencia. Es inevitable y está en su naturaleza. Frente a los celebradores del viva la muerte, los que odian el mestizaje inherente a la condición humana, nosotros tendremos que seguir nuestras vidas, sin regalar espacio al temor. Con respuestas políticas- contundentes, desacomplejadas y reticentes a cualquier justificación del terror- y una defensa cerrada de aquello que más odian los fanáticos de cualquier condición: la democracia, la tolerancia y la libertad.

23 May 17

Las no primarias del PSOE

comunicacion

El Partido Socialista no ha celebrado sus primarias. Los militantes del PSOE no han elegido qué modelo de partido quieren. Tampoco han podido contraponer estrategias sobre cómo recuperar el papel que le corresponde (o debería corresponder) en la escena política española.

Solo al final de la campaña, en un breve intento de captar apoyos, algunos candidatos lanzaron propuestas electoralistas, como si de la elección del presidente del Gobierno se tratara, confundiendo a militantes con electores.

Independientemente de la victoria conseguida por Pedro Sánchez y de cómo vaya a afectar ésto a la vida parlamentaria en España, hay un hecho especialmente preocupante para la socialdemocracia española: el PSOE (y con ello, sus candidatos) se ha abstenido en sus propias primarias.

¿Por qué digo esto? Porque el PSOE ha decidido renunciar a sus propias primarias y ha entregado toda su proyección mediática a sus dos mayores rivales: PP y Podemos. Han puesto a sus militantes ante la tesitura de elegir entre azul y morado, ofreciéndoles dos opciones, pero en la que ninguna tenía el rojo socialista.

Si yo fuese Mariano Rajoy o Pablo Iglesias, estaría encantando de tener un rival como el PSOE, que lejos de intentar reivindicarse como la alternativa en el centro izquierda y tratar de recuperarse para ejercer de guía en la recuperación de las políticas socialdemócratas en España, ha decidido que el eje de su debate debía girar entorno al conservadurismo y el populismo.

Lamentablemente, renunciar a reivindicarte supone que otros lo harán en tu lugar y que, mientras tú te lames las heridas esperando a que pase el dolor, otros están aprovechándose para ocupar ese espacio que has renunciando a defender. También, lamentablemente, el PSOE se encamina, de manera inexorable, a seguir los pasos que han dado sus homólogos en Francia, Alemania o Reino Unido. En nuestro caso, porque ésta renuncia del PSOE a votarse a sí mismo, se suma a la que hizo hace tiempo de defender la igualdad de derechos y de oportunidades de todos los españoles.

Así, en unas futuras elecciones, el PP solo tendrá que agitar la bandera del temor al populismo para movilizar a aquellas personas que, aunque hastiadas del paro, la precariedad, la corrupción y la negación de un futuro mejor, prefieran lo malo conocido.

Por este motivo, aquellos que firmemente creemos en la necesidad de una socialdemocracia moderna representada en una izquierda cívica, defensora de la ciudadanía común, de la libertad individual y basada en los pilares de la solidaridad, debemos estar preparados para dar la cara y ponernos en primera fila para defender las ideas que nos han llevado a las mejores épocas de desarrollo y bienestar.

Porque si otros han decidido renunciar, ahora, nosotros decidimos dar el paso.

18 May 17

La izquierda que queremos

comunicacion

El debate celebrado entre los tres candidatos a la secretaría general del PSOE ha vuelto a confirmar la grave crisis en la que se encuentra sumido el principal partido de la izquierda española. Cierto es que no se trata de una crisis exclusiva de nuestro país, sino más bien de un agudo proceso de descomposición compartido por los partidos socialdemócratas oficiales en toda Europa. Sin embargo, en España confluyen con especial virulencia algunos elementos especialmente significativos y hasta excepcionales que agravan el descrédito de las organizaciones que presuntamente ostentan la titularidad de ese espacio político en nuestro país.

Pudimos asistir a un debate sustancialmente vacío donde quedó expuesto, en primer lugar, uno de los problemas centrales de la izquierda institucional y socialdemócrata española: la falta de líderes de la entidad suficiente para encabezar un proyecto alternativo al que en la actualidad gobierna España. En segundo lugar, resultó patente un problema adicional aún mayor: la ausencia de proyecto político sólido y autónomo, sustituido por un manual de lugares comunes, permanentemente definidos por oposición al PP, y perfilados según los cánones que previamente diseña Podemos. Una permanente fluctuación que diluye la identidad socialdemócrata del PSOE y que constriñe su proyecto hasta hacerlo completamente líquido e intrascendente.

Cuando el criterio principal para calibrar el progresismo de un proyecto es la irracional, pueril y sistemática oposición al PP, concurra o no motivo bastante para fundamentar dicha oposición (y conste que nosotros creemos que hay motivos de sobra para tal oposición), estamos ante un indicio relevante de que se carece de proyecto autónomo y verdaderamente alternativo al de la derecha. Cuando, además, para conformar dicho proyecto, se mira permanente por el retrovisor ideológico el comportamiento de Podemos -aún en la más pura banalidad- y la toma de posición sobre los asuntos centrales siempre se hace en relación a los pronunciamientos de la alternativa populista, podemos concluir que las carencias son indiscutibles.

La socialdemocracia española experimenta la misma crisis aguda que la de sus correligionarios europeos: por el flanco derecho, asiste impávida a la competencia electoral de alternativas potenciadas mediáticamente, aparentemente progresistas, y sustancialmente liberales en lo económico. Esta competencia por la derecha es posible por la incapacidad de la izquierda para plantear con credibilidad y sin maximalismos populistas un cambio de paradigma en las políticas económicas llevadas a cabo en la Unión Europea, caracterizadas por una defensa de la austeridad indiscriminada y de los recortes sociales, que han hipotecado la sostenibilidad del Estado del Bienestar. Por el otro flanco, la izquierda socialdemócrata, institucional e indubitadamente defensora de las reglas de juego democráticas, se ha visto gravemente amenazada por el auge de movimientos populistas e identitarios. En España, esto se percibe de manera clara por el fenómeno Podemos y su firme alianza con partidos nacionalistas y de corte identitario. La socialdemocracia española, golpeada con fuerza por ambos agentes disolventes del tablero político, se diluye paulatinamente entre la irrelevancia y la ausencia de respuesta a los interrogantes más acuciantes de nuestro presente.

Especialmente peligrosa resulta su renuncia al proyecto igualitario de ciudadanía compartida, génesis histórica de la lucha contra las desigualdades de origen y procedencia. La bandera igualitaria, irrenunciable en cualquier proyecto progresista, se ha sustituido con demasiada facilidad por las pequeñas reivindicaciones identitarias. Así, los candidatos socialistas, por más que se quiera ahora disimular, debatieron dentro del marco cerrado que han trazado algunos de sus más reaccionarios rivales políticos y oponentes ideológicos. Cuando la izquierda se ve compelida a fantasear, elucubrar o divagar en torno a naciones étnicas o identitarias, el proyecto igualitario y universalista que debiera conformar el elemento central de cualquier alternativa socialdemócrata salta, indefectiblemente, por los aires.

Desde Plataforma Ahora, lamentamos constatar que la izquierda oficial de este país experimenta una terrible amnesia sobre su identidad ideológica. Esta identidad debiera pivotar, precisamente, sobre el firme rechazo de toda causa identitaria. La identidad más genuina de la izquierda es la lucha por la igualdad: el combate incansable contra los privilegios de todo grupo, etnia, raza o estamento. Para ello, es absolutamente indispensable- y urgente- rechazar de manera contundente, sin titubeos o estratagemas cortoplacistas de índole electoral, cualquier alianza con el nacionalismo. La ubicación en la escala izquierdista/progresista de los nacionalismos identitarios como potenciadores del espíritu transformador del proyecto de la izquierda es una falsedad conceptual tan arraigada como perniciosa. Pero no por estar arraigada en el imaginario colectivo, debemos conformarnos con aceptar tamaña falsedad. Si la izquierda socialdemócrata continúa jugando un papel cómplice en la mascarada identitaria que nacionalistas y populistas alientan, el proyecto alternativo del socialismo democrático quedará definitiva e irrevocablemente diluido.

Desde Plataforma Ahora, no renunciamos a hacer pedagogía democrática sobre nuestra ciudadanía compartida y el valor de la igualdad. Reivindicamos una izquierda que rechace de plano la fragmentación del Estado – verdadero soporte jurídico de la nación cívica, conformada por ciudadanos libres e iguales-. No sólo rechazamos dicha fragmentación, sino que creemos en la futura superación de fronteras dentro del proceso de construcción de Europa, espacio político supraestatal cuya consolidación es esencial para plantear un proyecto político que rescate la socialdemocracia y la sociedad del bienestar. Diluir cualquier Estado en pequeñas parcelas identitarias donde el legítimo derecho a la diferencia sea espuriamente transmutado en una intolerable diferencia de derechos supondría, a su vez, la sepultura de cualquier anhelo de justicia social, redistribución y lucha contra las crecientes desigualdades sociales y económicas de nuestra era. Si la izquierda es incapaz de recordar y recuperar elementos centrales de su proyecto ideológico más primigenio -como la igualdad o la expansión de derechos de ciudadanía más allá de unas determinadas fronteras- y, por el contrario, continúa al servicio de fuerzas reaccionarias, cualquier esperanza para una alternativa verdaderamente transformadora de las condiciones de vida de los más débiles se difuminará definitivamente.

Plataforma Ahora nació para luchar activa y decididamente por una alternativa de izquierda cívica y universalista, radicalmente institucional y democrática, y abiertamente reacia a cualquier sumisión ante las fuerzas identitarias, populistas, y nacionalistas, al entender que todas ellas son eminentemente reaccionarias. Que las alternativas de izquierda institucional y democrática en nuestro país estén debilitadas no nos parece una buena noticia. Entendemos que todavía estamos a tiempo de revertir esta situación. En el campo de las ideas, es imprescindible seguir dando la batalla ideológica para disociar izquierda de nacionalismo, conceptos políticos incompatibles. Para que exista alternativa, la izquierda tiene que volver a confiar en sí misma, y en su capacidad para proponer una alternativa autónoma y capaz, que no ceda ante las tentaciones o atajos de labrar alianzas contra natura que terminen por operar un vaciamiento ideológico del proyecto socialdemócrata y su sustitución por viejas recetas que casan mal con las coordenadas clásicas de ciudadanía compartida, igualdad, libertad y solidaridad. En la práctica, todos los que compartimos este planteamiento político debemos trabajar juntos, más allá de nuestras militancias partidistas concretas, puesto que es indispensable articular una alternativa amplia y transpartidaria que reubique en la centro del debate político de nuestro país el ideario de una izquierda verdaderamente progresista.

9 May 17

Corrupción: una lacra estructural

comunicacion

 

Por mucho que los justificadores profesionales se esfuercen en actualizar los pretextos para contextualizar la catarata de casos de corrupción que inundan la prensa a diario, es incierto que sean sólo algunas manzanas podridas. Como también lo es que la explicación ulterior de la creciente degradación de la vida pública sea causada por la maldad intrínseca de los ciudadanos de este país en comparación a los de otros, o, como también se sugiere, que se trate de un mal privativo de la función pública, ajeno al ámbito privado.

Todas las anteriores hipótesis no dejan de ser simplificaciones y, como tales, incompletas e insuficientes para explicar lo que está pasando. ¿Por qué proliferan investigados, acusados, procesados y condenados entre los representantes de los principales partidos políticos? ¿Por qué cada vez resulta menos exagerado hablar de financiación irregular de determinados partidos políticos? ¿Por qué sigue sin arraigar la necesaria asunción de responsabilidades políticas ex ante de las responsabilidades jurídicas? ¿Por qué la corrupción pasa tan nimia factura en los procesos electorales?

Demasiados interrogantes como para responder de manera unívoca, pero sí es posible, a nuestro juicio, perfilar algunos parámetros objetivos que ayuden a entender el problema. En España, la corrupción ha adquirido visos de ser un mal genuinamente estructural, frente al que las instituciones no responden, o bien responden mal, tarde y de manera disfuncional. Desde Plataforma Ahora, negamos la perversidad ontológica de los ciudadanos españoles, o, al menos, no creemos que haya mayor número de ciudadanos españoles corruptibles que en otras latitudes. Si existe un mayor terrero fértil para corruptos y corruptores, la explicación hemos de buscarla y encontrarla en la dejación de funciones de nuestras principales instituciones para controlar la corrupción, sancionarla y prevenirla.

Se nos dirá – y es cierto- que en la actualidad han proliferado los procedimientos penales contra la corrupción política y financiera, cara y envés de la misma moneda. Así ha sido. Resulta necesario, en todo caso, fijarnos en la letra pequeña de esos procedimientos y en cómo se han desarrollado, o cuál ha sido su desenlace. La mayor parte de las causas penales contra la corrupción han sido incoadas por pequeñas organizaciones o partidos políticos ejerciendo la acción popular, que ahora pretende restringirse de manera espuria con los claros fines de obstaculizar la lucha contra la corrupción política. Al mismo tiempo, se ha aprobado una reducción en los plazos de instrucción de las causas penales, con fines más o menos semejantes. En la mayor parte de los citados procesos, el Ministerio Fiscal muestra una actitud más que complaciente con determinados investigados o acusados “de cuello blanco”. Seguimos advirtiendo, en el propio desarrollo procesal de los citados casos de corrupción, preocupantes indicios de que el sistema mantiene vías de escape por las que la impunidad se desliza con cierta facilidad.

Así mismo, los organismos públicos de control, que deben desempeñar un papel fiscalizador de los comportamientos públicos y privados, están, en demasiadas ocasiones, cooptados por los principales partidos políticos, lo cual merma drásticamente su independencia a la hora de realizar sus principales cometidos. Así, el claro ejemplo de la CNMV en la salida a bolsa de Bankia y su silencio cómplice ante lo que luego se reveló como una de las operaciones de opacidad financiera más lamentables de la Historia reciente de este país. Qué decir, por ejemplo, de las no tan añejas Cajas de Ahorro, como la citada y otras, en cuyos Consejos de Administración cohabitaban en perfecta connivencia representantes de los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. El uso de las instituciones públicas para el lucro personal ha sido el principal síntoma del generalizado proceso de degradación institucional de nuestro país.

Y si la intervención partidista de los organismos públicos de control ha sido más que patente, aún más lamentable resulta lo acontecido en la Justicia o en el Tribunal Constitucional. Un CGPJ convertido de facto en un órgano de políticos togados donde los partidos se reparten de manera indisimulada cuotas y sillones, y un Tribunal Constitucional en el que hasta su presidente puede llegar a ser militante de uno de los principales partidos políticos del país. La Justicia, formada por lo demás por grandes profesionales que en su amplia mayoría cumplen su función con pocos medios y hercúlea determinación, se encuentra intervenida políticamente en sus altas esferas. Junto a las formas explícitas de corrupción, cada vez son más numerosos los correlativos usos de corrupción soterrada: redes clientelares, enchufismo, amiguismo, etc. Todo ello socava indefectiblemente la confianza en el sistema político y en la representación pública. Algunos siguen aferrados a una pueril negación de tan indiscutible realidad, como si la distorsión de los hechos minimizara el daño causado. Craso error.

En Plataforma Ahora estamos firmemente convencidos de que en España la corrupción no es privativa de unos u otros lugares, de unos u otros ciudadanos. Sin duda, a todos nos vienen a la cabeza conspicuos nombres que representan mejor que nadie la degradación y pérdida progresiva de higiene en la vida pública. Pero más allá de nombres concretos o de la enumeración exhaustiva de los inagotables casos de corrupción que se suceden y superponen unos a otros, cabe reflexionar sobre las causas últimas, profundas y primigenias del gran mal endémico de la corrupción. Sin duda, las verdaderas causas de la corrupción en España son estructurales. Aluden a una institucionalidad disfuncional que en demasiadas ocasiones valida, por acción u omisión, prácticas corruptas o clientelares que degradan progresivamente el sistema. Sin una justicia verdaderamente operativa e independiente, sin unos organismos públicos fiscalizadores neutrales y no intervenidos por los partidos políticos, sin una meridiana separación de poderes, seguiremos asistiendo día sí, día también, a una catarata interminable de noticias tan poco edificantes como las que nos abruman cada día.

La corrupción política, variedad especialmente perversa de la corrupción, puesto que supone de facto la utilización de los recursos públicos para fines personales o privados, implica, además, una agresión doblemente inaceptable: al ilícito causado, se le suma el ataque a la credibilidad de nuestro sistema representativo y el balón de oxígeno que esto supone a todos aquellos que tienen la intención de desarticularlo. Para defender la representatividad pública y la imprescindible participación política, exigir transparencia y honorabilidad debe ser un prius innegociable. La lucha contra la corrupción política no puede constituir, a su vez, un eje programático o ideológico, sino una exigencia consensuada y básica, en la que nos encontremos, más allá de nuestras concretas adscripciones ideológicas, todos los ciudadanos comprometidos con una sociedad mejor. Sólo así preservaremos la política como lo que es: un verdadero patrimonio público, sinónimo directo de ciudadanía, y diametralmente alejado de esa concepción espuria y tergiversada de la política como trampolín de unos pocos para su lucro personal.